Poco después de las 3.30 de la madrugada del 7 de julio de 2016, una pareja dejaba atrás el casco antiguo de Pamplona y enfilaba por la avenida de Roncesvalles para llegar a la estación de autobuses. En medio de ese paseo de apenas diez minutos se cruzaron, sin saberlo, con La Manada, y, 40 metros después, con la mujer a la que José Ángel Prenda Martínez, Ángel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y Jesús Escudero Domínguez acababan de agredir. Ella, sentada en un banco, lloraba. La pareja se acercó. Fueron la primera pieza de un engranaje, social e institucional, que allí, en Pamplona, funcionó.Lo hizo en una ciudad en la que hacía ocho años José Diego Yllanes había violado y asesinado a Nagore Laffage, y en una que ya tenía un fuerte trabajo del movimiento feminista junto a las instituciones, con protocolos establecidos y una extendida formación en violencia en toda la cadena que trabaja en este ámbito. Con una fuerte conciencia social. Y que lo que llamamos sistema opere correctamente ―que se activen rápido y se actúe desde la especialización en todos los ámbitos desde los que se trata con las víctimas― lo es todo en violencia machista y, de forma más específica, en violencia sexual. Organizaciones internacionales y profesionales, desde la Medicina Forense a la Psicología, explican desde hace años que la primera respuesta que se dé a una mujer que ha sufrido una agresión marca todo lo que viene después: cómo atravesarán física, emocional y psicológicamente un proceso que, denuncien o no ―porque denunciar no es siempre lo que necesitan ni lo que quieren―, tiene un coste vital alto. Y dependerá de infinidad de cuestiones, desde su pasado a su entorno, su educación o sus aprendizajes. Cada mujer, un contexto diferente.Aquella noche, el contexto de ella, con 18 años, era estar sentada en un banco, de madrugada, tras una agresión sexual en grupo que había ocurrido en menos de 45 minutos, el tiempo que pasó entre que conoció a sus agresores, la llevaron a un habitáculo dentro de un portal de unos tres metros cuadrados, se llevaron su teléfono y salieron dejándola allí. Estaba sola e incomunicada en una ciudad que no era la suya. Funcionó la conciencia social cuando ese hombre y esa mujer le preguntaron qué le pasaba y se dieron cuenta de que era algo más que el hecho de que le hubiesen robado el móvil, que fue lo primero que les dijo. Después, ella se sintió segura para relatar escueta, pero claramente lo que acababa de ocurrir. E inmediatamente después funcionó esa primera conversación con una víctima, en la que hay que respetar su autonomía: le preguntaron, sin consejos ni presiones, si querían que llamara a la policía y si podían hacerlo.Se deberá respetar en esos primeros momentos del hecho traumático la autonomía de la voluntad de la persona agredidaGuía de pautas básicas comunes del Sistema Nacional de Salud para estos casosDijo que sí. Había dado ya el paso de contarlo a esas dos personas e iba a dar otro, denunciar. A las 3.40, el 112 recibió la llamada de la pareja, y la pasaron a la emisora de la policía de Pamplona. A tres minutos de allí, patrullando por el Palacio de Navarra, estaban la agente 455 y el agente 672. La agente 455 la sentó en el banco de al lado y le dijo que estaba ahí “para ayudarla”. A los pocos minutos, llegó el equipo de investigación, a quien ella acompañó hasta el portal para que recabaran las pruebas. Desde allí, un coche policial la llevó al Complejo Hospitalario de Navarra. Conducía el agente 672, la agente 455 fue atrás, con ella, cogiéndole la mano con la que le apretaba el brazo con fuerza y le pedía que no la dejara sola. No lo hizo. La acompañó durante toda la exploración en el hospital. Ya había funcionado también la primera contención institucional: la rapidez, la comprensión y el acompañamiento de la policía, primero, y de los especialistas sanitarios después. Cuando testificó, a las 7.09, la agente que le tomó declaración recabó, sin presionar a esa mujer completamente “abatida” ―dijeron los agentes después― y aún sin dormir, toda la información que pudo. Y con los datos que anotó, a las 8.20 ya habían localizado a La Manada. La cadena siguió funcionando cuando conoció a Ana Fernández, la trabajadora social que le explicó que le podían dar alojamiento, si así lo quería, y un teléfono; cuando la llevaron a que se reuniera con su amigo, con el que había ido a Pamplona y que se había ido a dormir antes que ella y al que llevaba horas queriendo ver; cuando esa misma trabajadora social hizo la llamada que ella, en aquel momento, no podía hacer, a su madre y a su padre, para contarles lo sucedido y pedirles que fueran hasta allí. Esa primera red personal, su amigo y su madre, su padre, su familia, funcionó desde el principio como un muro. Trabajó con perspectiva en violencia Pablo de la Fuente, el agente de la Policía Foral de Navarra que invirtió horas en los móviles de los cinco miembros de La Manada para lograr encontrar a otra mujer a la que también habían agredido y grabado, en Pozoblanco. Y el juez instructor, Edilberto Esteban, y la fiscal, Elena Sarasate, que vio desde el principio “hechos sin consentimiento y bajo violencia e intimidación”. En medio de aquel proceso hubo una filtración con sus datos; un juez, Ricardo González, con un voto particular que aseguraba que la agresión fue en realidad un momento de “jolgorio y regocijo”; un abogado, Agustín Martínez Becerra, que insistía en que las relaciones habían sido no solo “consentidas” sino “placenteras”; otro, Juan Canales, que contrató detectives privados para seguir a la mujer y usarlo en el juicio; y dos fallos, de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que no vieron violación, sino abuso en aquel ataque. E incluso así, en medio de aquella revictimización en sede judicial y en algunos medios de comunicación, el sistema funcionó y palió de alguna forma la situación cuando se revirtió el filtrado de sus datos; cuando la calle implosionó, cuando multitud de instituciones y representantes políticos de todo el arco político rechazaron las actuaciones que contravenían incluso los códigos deontológicos de la abogacía. El delito lo acabó dirimiendo el Tribunal Supremo ―con unos miembros expertos en violencia― encajando la respuesta jurídica al grito social que venía durando tres años: violación continuada y en grupo “especialmente humillante, degradante y vejatoria”.Tras la sentencia del Alto Tribunal, en junio de 2019, ella escribió una carta que envió al programa de Ana Rosa Quintana y en la que daba las gracias: “Gracias por no haberme dejado sola”. Se las daba desde al juez instructor a la pareja que la encontró, a las psicólogas que la atendieron y a la gente que desde las manifestaciones la había acompañado. Esa carta es un ejemplo nítido de que el engranaje funcionó ―las personas que lo componen― y de qué ocurre cuando lo hace: que las mujeres saben y sienten que no están solas, y que pueden seguir hacia delante, y que lo hacen, y que llega un día en el que dejan de ser víctimas. Ese día llegó para ella. Pidió dejar de serlo: “Estoy harta de leer que soy la víctima de La Manada, como si solo fuera yo eso”. Es, hace mucho, una mujer, con su vida, haciendo con ella lo que le da la gana. Y ese, quizás, haya sido el mayor éxito del sistema.