Más de una semana después del doble terremoto que sacudió la costa venezolana, el país continúa inmerso en una emergencia humanitaria que sigue dejando al descubierto nuevas grietas, no solo materiales, sino también estructurales. Gabriel Andrés Molina, presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, asegura que la situación continúa siendo “bastante crítica”, con más de 3.000 fallecidos, decenas de heridos y una ayuda que, según denuncia, “está llegando muy, muy lento”. Además de La Guaira, recuerda que los daños también afectan gravemente a las costas de Carabobo y Falcón.A su juicio, una de las principales carencias ha sido la falta de coordinación institucional. “No existe una voz de mando directa que pueda organizar a los rescatistas, la empresa privada y los organismos multilaterales”, lamenta. Molina también cuestiona la transparencia en el reparto de la ayuda humanitaria: “Mucha ayuda ha llegado, pero no toda ha llegado como debe ser”, afirma, después de que incluso se hayan denunciado envíos cuyo destino no coincidiría con las zonas más devastadas.Mientras tanto, sostiene que han sido los propios ciudadanos quienes han sostenido buena parte de la respuesta sobre el terreno. “Ha sido la solidaridad de la gente la que ha estado presente en las comunidades”, explica. Vecinos sin formación específica participan en las labores de rescate y asistencia, mientras, según advierte, tampoco existen protocolos suficientes para proteger a los colectivos más vulnerables. En ese sentido, alerta de que cientos de menores permanecen en albergues sin sus familias, una situación que, recuerda, incrementa el riesgo de que puedan ser víctimas de redes de trata.La reconstrucción tampoco estará exenta de dificultades. Más allá de la falta de recursos económicos, Molina pone el foco en una realidad poco conocida fuera del país: muchas de las viviendas destruidas pertenecían al programa público Gran Misión Vivienda Venezuela y nunca llegaron a ser propiedad de quienes las habitaban. “A diferencia de otros países, aquí no se entregaba un título de propiedad, sino una adjudicación”, explica. Eso significa, añade, que el Estado conserva la titularidad de los inmuebles y puede disponer de ellos, una situación que considera “una violación al derecho de propiedad privada y al derecho a la vivienda”.Pese a las diferencias políticas que vive el país, Molina insiste en que la prioridad debe ser exclusivamente humanitaria. “Esto ya no es un tema de izquierdas o de derechas; esto es un tema de salvar vidas”, sostiene. Por ello reclama que cualquier ayuda, venga de instituciones, organizaciones o dirigentes políticos, sume esfuerzos para atender a los damnificados. Y concluye con un llamamiento a la comunidad internacional: “Esto va para largo. Les pedimos que sigan comunicando lo que está pasando en Venezuela y agradecemos el apoyo de España y de toda la Unión Europea”.Martí Paola Balbastre es periodista y presentador del programa Claves del día de La Vanguardia, un espacio informativo que analiza la actualidad con rigor y perspectiva crítica