Los millonarios pagos que tienen bajo investigación a exdirectivos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá: fueron girados mediante convenios con ETB

Noticia Exclusivo suscriptores La entidad distrital afirmó que los trámites fueron parte de sus funciones legales y señaló que colaborará con el proceso.Nueve exfuncionarios fueron vinculados al proceso. Foto: Archivo particularPERIODISTA DE BOGOTÁ06.07.2026 13:17 Actualizado: 06.07.2026 13:17

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 6.501 millones de pesos en la Secretaría Distrital de Movilidad. En un auto de 37 páginas, al que EL TIEMPO tuvo acceso, el organismo de control concluyó, de manera preliminar, que entre 2021 y 2024 la entidad destinó recursos públicos para pagar 5.467.476 consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), unos pagos que, según la investigación, no tenían un sustento jurídico suficiente. Por estos hechos fueron vinculados exsecretarios de Movilidad, funcionarios, supervisores de convenios y un exdirectivo de la ETB.La decisión se originó en una auditoría financiera realizada a la Secretaría de Movilidad sobre la vigencia 2024. Durante esa revisión, la Contraloría analizó la ejecución de dos convenios interadministrativos mediante los cuales se financiaron distintos componentes del Sistema Inteligente de Transporte, entre ellos el servicio de consultas al RUNT. LEA TAMBIÉN De acuerdo con el ente de control, la secretaría utilizó ese servicio para obtener información sobre los propietarios de vehículos, las direcciones donde debían notificarse los comparendos, así como el estado del SOAT y de la revisión técnico-mecánica. Esa información era empleada principalmente para los procesos de detección electrónica de infracciones y el trámite de multas de tránsito.Sin embargo, la Contraloría encontró que parte de esos datos ya estaban disponibles en sistemas propios de la Secretaría de Movilidad, como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON. Por esa razón, el organismo cuestionó la necesidad de seguir pagando por consultas al RUNT para obtener información que, al menos en parte, la entidad ya tenía disponible.Contraloría de Bogotá Foto:Contraloría de BogotáEl auto también se señala que la Contraloría revisó las normas que regulan el funcionamiento del RUNT y concluyó que no encontró una disposición que obligara a los organismos de tránsito a pagar por consultar esa información durante el ejercicio de sus funciones. Con base en ese análisis, sostuvo que los desembolsos no cumplían con los criterios de necesidad, economía y eficiencia que deben regir el uso de los recursos públicos.La investigación estableció que entre 2021 y 2024 la Secretaría realizó 5.467.476 consultas al RUNT, por las que pagó 6.501.689.565 de pesos a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Según la Contraloría, esos pagos se repitieron de manera constante durante las cuatro vigencias analizadas, lo que evidencia un comportamiento continuo financiado con recursos públicos. LEA TAMBIÉN Otro de los hallazgos que expone el organismo de control es que esos pagos se siguieron realizando desde la creación del Convenio 1029 de 2010, sin que se hubiera hecho un análisis jurídico y económico sobre si seguían siendo convenientes. Además, advirtió que las tarifas cobradas por las consultas al RUNT no se modificaron durante más de 14 años."Los servidores públicos relacionados en los cuadros anteriores participaron en los hechos generadores de daño al patrimonio público objeto de este hallazgo como presuntos responsables, esto, como resultado de una gestión fiscal antíeconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna puesto que, los pagos injustificados realizados a la ETB S.A. E.S.P., por concepto de consultas ai RUNT en cuantía de $ 6.501.689.565, se han prolongado desde la creación del convenio 1029-2010 hasta la fecha; y quienes han intervenido, continúan realizando dichos pagos, sin analizarse jurídica y económicamente su conveniencia", se lee en la página 17 del auto. Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo. Foto:CortesíaLa Contraloría sostiene, de manera preliminar, que esa situación configuró una gestión fiscal antieconómica, ineficiente e inoportuna y que, por ello, el presunto daño al patrimonio público asciende a los mismos 6.501 millones de pesos pagados por las consultas al RUNT entre 2021 y 2024. No obstante, aclara que esa cifra podrá cambiar a medida que avance el proceso y se practiquen nuevas pruebas.Como parte del proceso fueron vinculados los exsecretarios de Movilidad Nicolás Estupiñán, Felipe Ramírez, Deyanira Ávila y Claudia Díaz, además de exsubsecretarios, jefes de oficina, supervisores de los convenios y el entonces vicepresidente Empresarial y Gobierno de la ETB, Camilo Andrés Olea Rodríguez. Según la Contraloría, todos ellos participaron en la ejecución, supervisión o toma de decisiones relacionadas con los convenios investigados.El auto del ente de control aclara que la apertura del proceso no significa que exista una responsabilidad fiscal definitiva. Los vinculados serán citados para presentar su versión de los hechos y ejercer su derecho de defensa. LEA TAMBIÉN La Secretaría Distrital de Movilidad le aseguró a EL TIEMPO que la decisión de la Contraloría de Bogotá corresponde únicamente al inicio de una actuación fiscal y que, por tanto, aún no existe una decisión de fondo sobre la existencia de un presunto detrimento patrimonial ni sobre la eventual responsabilidad de las personas vinculadas.Frente a los cuestionamientos sobre las consultas al RUNT, la secretaría sostuvo que estas hacen parte de los procedimientos contemplados en la normatividad vigente para el ejercicio de las funciones de control y de las actuaciones administrativas relacionadas con la imposición de comparendos y otros trámites de tránsito. Secretaría de Movilidad. Foto:Secretaría Distrital de Movilidad"La información requerida y el volumen para estos procedimientos corresponde a consultas oficiales de datos específicos y no son equivalentes a la consulta gratuita disponible para la ciudadanía", señalaron desde la entidad distrital.Además, la cartera señaló que que las notificaciones fueron dirigidas a exdirectivos y contratistas que ejercieron funciones durante el periodo objeto de revisión, quienes contarán con todas las garantías para ejercer su derecho de defensa conforme a la ley.Por ahora, la Contraloría de Bogotá no decretó medidas cautelares aunque dejó abierta la posibilidad de adoptarlas más adelante si aparecen nuevos elementos dentro del proceso.EL TIEMPO se contactó con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB) y señaló que no se pronunciará sobre el tema.TATIANA MORENO QUINTERO REDACCIÓN BOGOTÁ Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.