Noticia Exclusivo suscriptores Durante un debate en el Concejo, la funcionaria Claudia Díaz indicó que era necesario precisar que 'esta actuación se encuentra en una etapa inicial'.Cámaras de fotomultas en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPOPERIODISTA20.06.2026 06:01 Actualizado: 20.06.2026 06:01
En medio de la controversia que persiste tras el anuncio de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre la posible revocatoria de fotocomparendos en 37 ciudades, incluida Bogotá, por presunto incumplimiento de requisitos, este 19 de junio se llevó a cabo un debate en el Concejo de la capital.Al cumplirse casi un mes del anuncio, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, informó que durante el encuentro “se aclaró el alcance de la investigación anunciada por la Superintendencia”.Este diario tuvo acceso al documento que el Mintransporte y la Superintendencia de Transporte radicaron ante la Secretaría de Movilidad, el cual se trata de la Resolución 7073 del 19 de mayo de 2026.La Resolución 7073 del 19 de mayo de 2026 dicta la investigación. Foto:Mauricio Moreno / EL TIEMPOSegún el documento de 13 folios, el encabezado dicta: “Por el cual se abre una investigación administrativa y se formulan cargos contra el organismo de tránsito denominado Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá”.Ante esto, la funcionaria indicó que era necesario precisar que “esta actuación se encuentra en una etapa inicial y que actualmente no existe una decisión de fondo”, por lo que se trata de una investigación mas no de una decisión. LEA TAMBIÉN La secretaria Díaz también informó que “no hay una determinación definitiva que declare ilegal el sistema de fotodetección de Bogotá, que ordene la anulación de comparendos o que disponga la devolución de recursos”.Asimismo, expresó que, después de la "individualización" de los supuestos 293.000 casos, “los datos del sistema contravencional demuestran que durante el periodo de la supuesta conducta el recaudo por exceso de velocidad fue nulo mediante sistemas automáticos”.El Distrito, con su equipo jurídico, evalúa la sentencia. Foto:César Melgarejo.Lo anterior, quiere decir, según ella, que "no hay comparendos impuestos por exceso de velocidad" en el periodo mencionado en la resolución, es decir, entre el 11 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020.Expertos juristas le dijeron a EL TIEMPO que la decisión final del caso podría conocerse en cerca de tres años, una vez termine el proceso y los organismos correspondientes hayan intervenido. LEA TAMBIÉN ¿Ahora qué se espera que siga en la investigación?Este diario conversó con Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística de la Pontificia Universidad Javeriana, quien indicó que, con base en lo explicado por la secretaria Claudia Díaz, se estaría solicitando excluir del proceso las cámaras que no estaban funcionando en el momento. “Entonces resulta que la investigación de la Superintendencia de Transporte parece no tener sustento”.Frente a los posibles pasos a seguir, señaló que la Secretaría de Movilidad debería presentar un recurso ante la Superintendencia para aclarar la situación: “La entidad recibirá esa documentación y confirmará o negará el hecha. Lo más lógico es que lo niegue porque si las cámaras no estaban activas, no tiene sentido que exista una suspensión de los comparendos”, expresó.La Secretaría de Movilidad debería presentar un recurso ante la Superintendencia. Foto:Alcaldía de Bogotá / iStockFinalmente, concluyó que, en su criterio, la información entregada por la Secretaría “da la impresión de que no tiene ninguna validez”, aunque aclaró que el proceso aún está por resolverse. Y agregó: "La decisión debe ser tomada con base en los descargos de las autoridades de tránsito".Cabe aclarar que, según la Resolución 7073 del 19 de mayo de 2026, en Bogotá se impusieron en total 293.869 comparendos a través de 128 cámaras, los cuales están siendo investigados. De ese total, 107.326 fueron pagados, con un recaudo cercano a 70.700 millones de pesos.En caso de confirmarse las presuntas irregularidades, Bogotá tendría que asumir una sanción por 141.000 millones de pesos por el presunto incumplimiento del requisito del Instituto Nacional de Metrología, además de revocar 186.543 comparendos que no alcanzaron a ser pagados.Laura Daniela AlarcónREDACCUÓN BOGOTÁ Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
