La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez ha lanzado un órdago al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz: quiere que se anule toda la causa porque entiende en su detención en diciembre de 2025 se vulneraron sus derechos fundamentales. Considera que la medida fue “completamente desproporcionada, injustificada, y no contó con la autorización judicial habilitante”.
En el incidente de nulidad que ha presentado explica que esa detención tiene origen en lo que se encontró en los registros realizados por la UCO de la Guardia Civil al empresario vasco Antxon Alonso en el marco de otra causa distinta: el caso Mascarillas que instruía el Tribunal Supremo. Explica que, a su juicio, la fuerza actuante instructora era la UCO y que se la detuvo “sin tener el más mínimo indicio de que no comparecería ante la autoridad judicial o se fugaría porque ni siquiera sabía que estaba siendo investigada ni que iban a procesarla”.
Explica, además, que los hechos por los que fue detenida “son puramente genéricos y no se acompañaron de relato fáctico concreto” que permitiera concluir con precisión y objetividad una intervención delictiva por parte de Leire Díez. “Su detención únicamente se sostiene, genéricamente, con la supuesta participación en un grupo con otras dos personas por el que habrían influenciado a ciertas personas con cargos públicos para orientar expedientes de la Administración en beneficio propio o de terceros, percibiendo a cambio comisiones canalizadas a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL”, explica, para subrayar que, por tanto, fue “ilegítima y nula de pleno derecho”.
