Noticia Exclusivo suscriptores La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, habló sobre el papel del tribunal para frenar decretos que afectaban la institucionalidad.La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses. Foto: Milton Díaz/EL TIEMPO.PERIODISTA JUDICIAL05.07.2026 22:30 Actualizado: 05.07.2026 22:30
A propósito de los 35 años de la Constitución de 1991, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, sostiene en entrevista con EL TIEMPO que la Carta ha guiado al país en sus momentos más difíciles a nivel político, social y económico. Para ella, una de las principales enseñanzas de estas tres décadas y media es que las reglas de juego se respetan, y destaca la labor de la Corte en mantener el equilibrio entre las ramas del poder.La magistrada anticipa, además, que temas como el cambio climático, la inteligencia artificial, los derechos emergentes y la protección de las minorías marcarán las próximas discusiones constitucionales, en medio de una semana de celebraciones por el aniversario de la Constitución.¿Cuáles son los valores democráticos de la Constitución de 1991 y de la Corte Constitucional que hoy convierten a Colombia en un referente para el derecho constitucional en el mundo?Colombia pasó de una democracia meramente representativa a una democracia participativa y pluralista, teniendo la dignidad humana como eje central.Hoy, el mundo mira a Colombia con profunda admiración por una razón fundamental: logramos transformar el Derecho en una herramienta viva de inclusión. La Constitución de 1991 nació del consenso de un país diverso que decidió plasmar en el Artículo 1.° que somos un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana.La Corte Constitucional ha convertido ese valor en realidad a través de una jurisprudencia vanguardista en la protección de grupos históricamente discriminados, diversidad étnica y derechos ambientales. Ser un referente mundial significa que, cuando otros tribunales del mundo buscan cómo proteger a los más vulnerables o cómo equilibrar los poderes públicos en momentos de crisis, toman como referente las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. Nuestro mayor valor democrático es haber demostrado que la Constitución es un acuerdo social que avanza con su gente.En este sentido, los valores democráticos que ubican a la Constitución colombiana en el ámbito global son, entre otros, la dignidad humana, el reconocimiento y respeto de la diferencia, la protección a la libre expresión de todas las personas, la libertad y la autonomía individual, la justiciabilidad de los derechos sociales, la participación en el ejercicio y control del poder político, y la garantía a las diferentes vertientes políticas y sociales para que tramiten sus diferencias bajo los mecanismos que la misma Constitución prevé.Además, en lo que respecta a nuestra Corte Constitucional, su jurisprudencia ha permitido que la Constitución sea, como el lema propuesto para la conmemoración de los 35 años de la Carta, un pacto vivo que nos une. Estas decisiones han tenido entre sus objetivos proteger los derechos de las personas, mantener el orden institucional mediante la precisa definición de las competencias entre los órganos del Estado y hacer uso de diversas herramientas, entre ellas el derecho comparado y el derecho internacional de los derechos humanos, para ofrecer respuestas innovadoras y útiles a los múltiples debates que llegan a la Corte.Magistrada Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional. Foto:Corte.¿Cuáles considera que han sido las principales lecciones que ha dejado la Constitución en estos 35 años de vigencia?La primera y gran lección es que las reglas de juego se respetan. En estos 35 años, Colombia ha atravesado situaciones muy tensas y complejas a nivel político, social y económico, y la Constitución ha sido nuestra brújula institucional; ha sido el mapa de ruta que nos ha permitido mantener el rumbo.Otra lección vital es que la paz y la justicia social no son eventos que ocurren de la noche a la mañana, sino procesos que se construyen paso a paso mediante los canales constitucionales. Hemos aprendido que una democracia madura es aquella que sabe tramitar sus diferencias pacíficamente a través de sus instituciones. La Constitución de 1991 nos enseñó que el poder político tiene límites infranqueables.Y una última lección importante es reconocer la importancia y efectividad de nuestro diseño constitucional, algo de lo cual los colombianos debemos sentir orgullo y satisfacción. La Constitución ha abrigado durante estos 35 años gobiernos y congresos de posturas políticas diversas, sin que estos cambios naturales hayan generado ninguna fractura institucional. Además, y creo que es algo de vital importancia, la Constitución acercó el Estado a los ciudadanos: la acción de tutela, los mecanismos de participación ciudadana y otros instrumentos han permitido, sin duda alguna, que la Constitución y, en particular los derechos fundamentales, estén en el centro de la discusión pública. Podría asegurar que la vigencia de la Constitución radica en su innegable apoyo popular, en la apropiación que de sus contenidos han hecho las personas.Corte Constitucional. Foto:Cortesía Corte Constitucional¿Cómo se traducen hoy los principios de la Constitución en garantías concretas para el ciudadano de a pie?La Constitución de 1991 está centrada en la persona, como lo ha señalado en múltiples oportunidades la jurisprudencia constitucional. Es algo tan poderoso como que cualquier colombiano, sin importar su origen, recursos o nivel educativo, tiene el poder de hacer detener un abuso o exigir un derecho con un papel y un lápiz. Esa es la acción de tutela. Cuando una madre logra que una EPS le entregue el medicamento vital para su hijo, cuando una comunidad indígena frena un proyecto que destruye su territorio sin haber sido consultada, o cuando un trabajador es reintegrado tras ser despedido injustamente, ahí está operando la Constitución.A lo largo de estos 35 años, la Corte ha revisado millones de tutelas. No vemos expedientes fríos; vemos historias de vida. Los principios de igualdad y dignidad se materializan cuando el ciudadano de a pie sabe que no está solo frente al poder del Estado o de los particulares, porque tiene a su servicio un tribunal que vigila que sus derechos fundamentales no sean vulnerados.Desde el trabajo que desarrollamos en la Corte Constitucional, se refleja en varios planos, teniendo a la Constitución como faro:Primero, la Constitución ofrece un grupo extenso de derechos que operan como garantía en los más diversos ámbitos, no solo en lo relativo a las libertades individuales y a la protección de una sociedad pluriétnica y multicultural, sino también frente a derechos sociales como la salud, la educación o la seguridad social, al igual que derechos colectivos como el ambiente sano y la protección del patrimonio público.Segundo, la Constitución prevé herramientas específicas para su protección. Además de las diferentes acciones legales existentes, la acción de tutela, al igual que las acciones populares son vías oportunas para la eficacia de dichos derechos. Para el caso particular de la acción de tutela, en estos 35 años se han formulado cerca de doce millones de solicitudes. Esta circunstancia, además de generar preocupación por los evidentes problemas estructurales que la cifra representa, también puede comprenderse como la apropiación del instrumento por parte de los ciudadanos. Es claro que asuntos que antes de 1991 no resultaban exigibles judicialmente, ahora cuentan con vehículos para su protección efectiva por parte de los jueces.Tercero, la Constitución confiere a las personas distintos mecanismos de participación que van más allá del derecho al sufragio. A través de ellos es posible la elección, control y rendición de cuentas del Estado a los ciudadanos.Firma de la Constitución Política del 91 Foto:Archivo¿En algún momento ha estado amenazado ese andamiaje institucional que construyó la Constitución, especialmente en lo relacionado con la separación de poderes?Hemos vivido pruebas de fuego conceptuales y políticas, las cuales son normales en cualquier democracia vigorosa. La separación del ejercicio del poder es el corazón del equilibrio institucional. A lo largo de estos 35 años, la Corte Constitucional ha tenido que intervenir de manera firme y técnica cuando se ha pretendido alterar ese equilibrio, ya sea mediante reformas que concentraban el poder de forma desproporcionada o decretos de emergencia que desbordaban los límites constitucionales y legales.El andamiaje ha resistido precisamente porque la Corte actúa como un árbitro imparcial. Nuestra única lealtad es con la supremacía de la Constitución (Artículo 4.°). Cuando la Corte dice 'no' a una ley o a una reforma que vulnera la carta política, no está atacando a un gobierno o a un Congreso; está protegiendo la estabilidad del sistema para que ningún poder individual opaque o limite desproporcionadamente a los demás. Una de las principales fortalezas de la Constitución de 1991 es la posibilidad, reconocida por la jurisprudencia constitucional, de ejercer el control judicial de las reformas constitucionales, no solamente en cuanto al procedimiento para su trámite, sino también ante el riesgo de que a través de estas enmiendas se subviertan los elementos estructurales de la Carta Política.Colombia y sus instituciones se definen alrededor del compromiso con la vigencia del Estado de derecho y esto ha servido para evitar la concreción de avances contrarios al modelo democrático. Foto:Iván Velandia. Archivo EL TIEMPOLa Corte ha ampliado derechos y ha adaptado la Constitución a las transformaciones sociales. ¿Cuál cree que será la próxima gran discusión constitucional del país y cómo evitar que esos avances tengan retrocesos?Es difícil predecir cuáles serán las siguientes discusiones, pues ello depende de muchos factores como las dinámicas sociales y las decisiones que adopte el Congreso en el futuro. Con todo, es posible identificar temáticas importantes vinculadas al cambio climático, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los denominados derechos emergentes. Además de ello, siempre tendrán un lugar en la agenda de las decisiones de la Corte temas vinculados a los derechos sociales, en particular la salud y la seguridad social, así como asuntos de autonomía individual y de protección de las minorías.Los avances alcanzados por la jurisprudencia constitucional descansan, a mi juicio, en dos pilares. De un lado, una institucionalidad comprometida con la Constitución de 1991 y, en especial, con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. De otro, con una ciudadanía activa, que como he dicho se ha apropiado de los derechos y de los mecanismos para su protección. Sobre estas dos bases es que pueden preservarse las innovaciones planteadas por la Corte Constitucional en más de tres décadas.Sara Valentina Quevedo DelgadoJusticia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
