El Senado rechazó este martes los cuatro capítulos de la acusación constitucional, presentada por la extrema derecha —el Partido Republicano, la colectividad del presidente José Antonio Kast, y el Partido Nacional Libertario— en contra Nicolás Grau, exministro del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) y militante del Frente Amplio. La oposición lo responsabilizaba de presuntas infracciones a la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, y de errores en las proyecciones. El libelo, redactado por los libertarios, buscaba inhabilitar a Grau de ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años. El frenteamplista encabezó Hacienda entre agosto de 2025 y marzo de 2026, cuando reemplazó a Mario Marcel, tras su renuncia al Gobierno. Antes había sido titular de Economía.Para su aprobación en el Senado la derecha necesitaba 26 votos, pero no logró el respaldo de parte algunos parlamentarios de los sectores más moderados, de Renovación Nacional (RN) y Evópoli, por lo que ninguno de los cuatro capítulos superó los 16 votos favorables. Tras conocer el resultado Grau destacó que el libelo fuera rechazado. “Quiero agradecer a las senadoras y senadores que son de colectividades distintas a la mía que, a pesar de esas diferencias, han evaluado la acusación en su propio mérito. Eso es muy valioso”, dijo.Paulina Núñez (RN), presidenta del Senado, ha dicho que en una acusación “no basta con decir que hubo errores, con afirmar que hubo malas decisiones y con sostener que exisitió una conducta política deficiente”, sino que “es una herramienta extrema”. “Si la transformamos en el camino habitual para resolver diferencias técnicas, controversias económicas o disputas políticas, dejamos de fotalecer la fiscalización y empezamos a debilitar la institucionalidad”.La acusación había sido aprobada hace una semana en la Cámara de Diputados por 77 votos a favor y 68 en contra, instancia en la que contó con el apoyo de parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), una formación de corte populista que no tiene representación en el Senado. La extrema derecha arremetió en contra de Grau luego de que el ministro de Hacienda de Kast, Jorge Quiroz, presentara a fines de mayo el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026 y denunciara supuestas “inconsistencias” en las estimaciones heredadas de la Administración anterior: una diferencia superior a los 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda pública para el período 2026-2030, además de un déficit estructural de cierre de 2025 de 3,7% del PIB, que excede en más de dos puntos la meta vigente de 1,6%. Quiroz anunció una investigación administrativa interna para determinar “quién fue el responsable” y si hubo “un error o hay otro tipo de elementos”.A Grau se le acusaba en base a los antecedentes técnicos del IFP del cuarto trimestre de 2025 y su posterior corrección en 2026. El primero de sus cuatro capítulos le imputaba la infracción del principio de probidad establecido en la Constitución. El segundo, la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado. El tercero apuntaba a la vulneración del principio de universalidad presupuestaria. Y, el último, por incumplimiento del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales. Un voto que estuvo en duda hasta última hora fue el del independiente Karim Bianchi, que se pronunció en contra. “Si vamos a decidir en base al disgusto que podría generar el modelo económico del exministro, o evaluar su pericia en el cargo, estamos desnaturalizando la Constitución y transformando esto en un instrumento de revancha política”, dijo. “La gestión del ministro fue deficiente (...) y se equivocó en estimaciones (...), como también se podría equivocar el ministro Quiroz con las que está haciendo con el proyecto de Reconstrucción [la megarreforma de Kast] Pero las apuestas en economía no suelen ser exactas. Lo que se encomienda acá no es castigar su gestión [de Grau], sino una infracción a la ley la Constitución y no veo los elementos de que acá haya existido un dolo”.Una propuesta de reformaLa presentación en contra de Grau ante el Congreso generó un amplio debate respecto de utilización política de estos libelos pues en los últimos nueve años, entre 2016 y 2025, solo cuatro, de la treintena que se presentó, fueron aprobados. El Frente Amplio también empujó varias, algunas en contra del presidente Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional.Juan Luis Ossa, historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), dijo en esta columna de EL PAÍS que “los diputados han recurrido con demasiada frecuencia a esta herramienta, lo que no solo ha tensionado la relación entre el Legislativo y los otros poderes del Estado, sino que le ha restado valor e importancia. Usarla como mecanismo de venganza no es una buena idea. A nadie le conviene: ni al que está siendo acusado ni a los que, por haberlo acusado, pasarán a estar en la lista negra del bando contrario”.La acusación contra Grau también ha generado fuertes tensiones al interior del oficialismo, donde convive la extrema derecha con la derecha tradicional, que no son una coalición, sino varios partidos en los que ha quedado de manifiesto que hay dos almas al interior del Gobierno de Kast. En la Cámara de Diputados hubo un parlamentario de Evópoli, Jorge Guzmán, y cuatro de RN, que no apoyaron el libero en contra de Grau, y fueron objeto de críticas: la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón; Diego Schalper, Andrés Celis y Luis Pardo. Si bien para Schalper no había méritos jurídicos, también puso distancia total con el mecanismo y dijo que “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales”. También defendió “la libertad de opinión y de pensar distinto”.El 19 de junio, en la víspera de que se votara el libelo en la Cámara de Diputados, Schalper junto a un grupo transversal parlamentarios —socialistas y frenteamplistas, entre ellos— presentaron una reforma que busca elevar los requisitos para las acusaciones constitucionales para que sean “un espacio serio y responsable, donde se responda políticamente pero no que se presente como herramienta para la polarización”, dijo Schaper. Y el senador Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, que se había inhabilitado previamente de votar, recordó que de las más de 100 acusaciones constitucionales que se han interpuesto desde 1990, cuando en Chile retornó a la democracia, “70 de ellas se han presentado en el Gobierno último de Sebastián Piñera y en el Gobierno del presidente Boric. Consideramos que la herramienta de se ha desnaturalizado enormemente”. La posición de Schalper y los diputados de centroderecha que votaron en contra del libelo generó, describió Ossa, “verdaderas cacerías de brujas” de parte de los defensores del libelo, quienes los tildaron "de cobardes y desleales. Cabe preguntarse: ¿no es precisamente valiente quien, con argumentos racionales y convincentes, se aparta del mandato de la tribu, sobre todo en un caso tan delicado como este?”.Una acusación “solitaria”Previo a la votación, la defensa de Grau, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, dijo ante el Senado que una acusación como ésta “afecta los derechos fundamentales”, en el sentido de inhabilitar a una persona de ejercer cargos públicos por cinco años.“Nunca vi una acusación constitucional tan solitaria”, dijo el abogado de Grau, después de que varios exministros de Hacienda, de distintos colores políticos, y exdirectores de Presupuesto criticaran el libelo.El debate no ha sido solo político, sino también técnico y jurídico. Dos exministros del Tribunal Constitucional (TC), Marisol Peña y Jorge Correa Sutil, señalaron previamente que el libelo no tenía méritos para ser aprobado. Y encuestas como Criteria, de este domingo, dieron cuenta que el 58% de los consultados consideraron que, en general, las acusaciones constitucionales “se han transformado en una herramienta de disputa política” y un 71% concordó en que llaman la atención, pero “no resuelven los problemas de fondo”. Se suma que el 62% sostiene que “desvían” de los temas importantes al Congreso y un 45% piensa que suelen presentarse “sin fundamentos sólidos”.En el caso de Grau, un 32% de los consultados por Criteria se pronunció favor del libelo; un 27% en contra. Y un mayoritario 41% dijo no tener una posición clara.