El Senado de Chile revisa este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau. El libelo impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, de la extrema derecha, ha llegado hasta la Cámara alta del país sudamericano tras haber sido aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados (la ha despachado con el grueso de los votos de la derecha y del Partido de la Gente, PDG). Los acusadores buscan responsabilizar al exsecretario de Estado por presuntas infracciones a la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas. Su aprobación dejaría a Grau sin poder ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.En el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados en donde el PDG asoma como una formación que inclina la balanza a su favor, la mayoría conservadora es frágil, por lo que cada respaldo cuenta. La derecha necesita 26 votos en la Cámara alta para aprobar la acusación, una cifra a la que no podría llegar debido a las inhabilitaciones y los viajes de algunos parlamentarios que pertenecen a los partidos que respaldan al Gobierno de José Antonio Kast.La primera baja para el oficialismo ha sido la del senador Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, de la derecha liberal, que ha anunciado que se inhabilitará al considerar que el instrumento del juicio político ha sido mal usado por el Congreso Nacional. “Acá se ha mal utilizado un instrumento constitucional constantemente”, ha dicho Cruz-Coke en una entrevista a radio Duna. Otro voto con el que no podrá contar la derecha es el de Manuel José Ossandón, de RN, que se ha sumado a la gira del presidente Kast por Paraguay y Uruguay. Ossandón ha dicho que a pesar de su ausencia, ya tenía definido su voto en contra. “Yo he tomado la decisión de votar en contra de esta acusación constitucional contra el ministro Grau. Respeto absolutamente a los que quieren hacer una acusación constitucional. Creo que tienen todo el derecho, a pesar de que no estoy de acuerdo”, ha declarado el senador a CNN Chile. La situación para los acusadores se ha complica aún más ya que el senador liberal Vlado Mirosevic, de la oposición, y que también era parte de la gira de Kast, ha decidido no viajar para participar de la votación. Los diputados republicanos y libertarios han anunciado que solicitarán la inhabilidad de Mirosevic.El oficialismo de Kast tiene 26 escaños en el Senado, la cifra justa para aprobar el libelo contra Grau, pero las ausencias de Cruz-Coke y de Ossandón, además de la presencia de Mirosevic, ponen cuesta arriba los números. La suerte del exministro se definirá con lo que decidan los senadores independientes o con algunos desmarques desde la centroizquierda.Cómo se vota la acusación constitucionalLos senadores, que actúan como un jurado ante el acusado, revisarán el documento enviado desde la Cámara baja en una jornada que ha sido dividida en dos sesiones principales. En la primera, que ha sido convocada para la mañana del martes, se dará cuenta oficialmente de la acusación, para luego dar paso a la exposición de los diputados Benjamín Moreno (republicano), Pier Karlezi y Paulina Muñoz (ambos libertarios). Luego viene el turno de Patricio Zapata, el abogado del exministro, que tomará la palabra para entregar la réplica a los legisladores. Los diputados contarán con la posibilidad de responder a Zapata, que luego cuenta con un espacio para entregar la dúplica. Durante la tarde se concretará la segunda sesión especial, en donde los senadores cuentan con hasta cinco minutos cada uno para entregar el fundamento de su voto. Una vez terminado el debate los senadores deben votar la acusación por separado en cada uno de sus cuatro capítulos, hasta el total despacho.La acusación redactada por los libertarios, de más de 40 páginas, se basa en los antecedentes técnicos del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025 y su posterior corrección en 2026 y contempla cuatro capítulos acusatorios. El primero imputa a Grau la infracción del principio de probidad establecido en la Constitución. El segundo, la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado. El tercero apunta a la vulneración del principio de universalidad presupuestaria. Y el cuarto, al incumplimiento del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.El libelo se originó luego que el actual ministro de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, presentara a fines de mayo el IFP del primer trimestre de 2026. El poderoso titular de la cartera denunció supuestas “inconsistencias” en las estimaciones heredadas de la Administración anterior: una diferencia superior a los 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda pública para el período 2026-2030, además de un déficit estructural de cierre de 2025 de 3,7% del PIB, que excede en más de dos puntos la meta vigente de 1,6%.La defensa del exsecretario de Estado plantea, entre otros argumentos, que el ordenamiento constitucional no impone obligaciones de exactitud predictiva sobre las proyecciones fiscales; que el IFP es un instrumento estimativo de autoría técnica de la Dirección de Presupuestos (Dipres), cuyas diferencias entre versiones sucesivas no configuran infracción alguna; que la flexibilidad presupuestaria es un mecanismo legalmente previsto y no una anomalía; y que la ley N° 21.683 contempla un cauce institucional específico que desplaza la acusación constitucional como respuesta al desvío de metas fiscales.El uso intensivo de las acusaciones constitucionales en el Congreso no genera un respaldo ciudadano masivo. La encuesta Criteria publicada este domingo señala que el 71% de los consultados considera que estas acciones parlamentarias “desvían la atención del Congreso de los temas que de verdad le importan a las personas”. Además, un 45% señaló que en general “se presentan sin fundamentos sólidos” y un 58% está de acuerdo con que se han transformado en una herramienta de disputa política. En el caso de Nicolás Grau, un 32% se ha expresado a favor del libelo; un 27% en contra; y un mayoritario 41% ha dicho no tener una posición clara.