La Cámara de Diputados chilena ha iniciado este martes la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Republicano (PR) y el Partido Nacional Libertario (PLN), de la extrema derecha. El libelo busca responsabilizar al exsecretario de Estado por presuntas infracciones a la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), sin embargo, concluyó que no existen “inconsistencias” en las proyecciones emitidas en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), cuestionadas por los parlamentarios que presentaron el libelo. A esto se suma que la comisión revisora encargada de analizar la acusación recomendó este lunes rechazarla y que un grupo de diputados de la centro derecha ya anunciaron que votarán en contra. La acusación, que también fue impulsada por parlamentarios del Partido de la Gente, de corte populista, y por un diputado de Renovación Nacional, se originó luego que el actual ministro de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, presentara a fines de mayo el IFP del primer trimestre de 2026. Quiroz denunció supuestas “inconsistencias” en las estimaciones heredadas de la Administración anterior: una diferencia superior a los 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda pública para el período 2026-2030, además de un déficit estructural de cierre de 2025 de 3,7% del PIB, que excede en más de dos puntos la meta vigente de 1,6%. El libelo apunta a supuestos errores en la elaboración de proyecciones fiscales y en el IFP, cuestionamientos que la oposición ha utilizado para sostener que existió una gestión deficiente de las cuentas fiscales durante el paso de Grau por el Ministerio de Hacienda. De salir adelante, el exministro y militante del Frente Amplio quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.Según los cálculos de los impulsores del libelo, la acusación contaría con unos 72 votos, provenientes de republicanos, nacional libertarios, la UDI, el Partido de la Gente, el Partido Social Cristiano y parte de la bancada integrada por RN, Evópoli y exDemócratas. Una serie de ausencias previstas de diputados en la jornada de votación y desmarques han añadido incertidumbre al desenlace de la votación. Las mayores tensiones se han concentrado en RN. El jefe de bancada, el diputado Diego Schalper, ya anunció su rechazo. “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros”, afirmó, quien recordó los cuestionamientos realizados por la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, respecto de la falta de mérito jurídico del libelo. La postura de Schalper, sin embargo, contrasta con la de otros diputados de la colectividad, como el subjefe de bancada, Eduardo Durán, quien la respaldará, por lo que el escenario está abierto. Las diferencias dentro del oficialismo generaron una reacción crítica desde el Partido Republicano. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Agustín Romero, advirtió que quienes se aparten de la línea favorable al libelo deberán asumir costos políticos frente a sus electores. “Cada uno puede tomar sus decisiones, pero las consecuencias las van a tener que asumir ellos, porque tienen que responderle a los que votan por la derecha”, sostuvo. “Probablemente la gente de izquierda está fascinada con esta solución y esta visión que tiene el señor Schalper, pero para la gente que votó por él, que dice ‘por fin tengo un gobierno de derecha’, no sé si van a estar tan contentos”, añadió.La antesala a la votación no ha sido alentadora para el oficialismo. La comisión revisora encargada de analizar la acusación estuvo integrada por la diputada del Partido Radical Marcela Hernando, de la centroizquierda, Carlos Bianchi (independiente del Partido Por la Democracia, de la centroizquierda), Alejandro Bernales (Partido Liberal, de la centroizquierda), Joanna Pérez (Demócratas, de la centroderecha) y el republicano Luis Sánchez. La recomendación de la comisión fue rechazarla y, si bien no es vinculante, constituye una señal política relevante sobre la viabilidad jurídica.