El Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano, las dos formaciones más extremas de la derecha chilena, han presentado este lunes una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, economista del Frente Amplio que condujo las finanzas públicas los últimos siete meses del Gobierno de Gabriel Boric, tras asumir en agosto de 2025, en reemplazo de Mario Marcel, socialista. El libelo, que también fue apoyado por parlamentarios del Partido de la Gente, de corte populista y de un diputado de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, ha sido ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados en el descuento del plazo legal de tres meses para acusar a un exministro desde que deja el cargo —el límite era este jueves—, lo que imprimió urgencia a la iniciativa y tensó las relaciones dentro del propio oficialismo. De aprobarse en el Congreso la acusación, Grau no podría ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.La acusación se originó luego que el actual ministro de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, presentara a fines de mayo el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026. El poderoso titular de la cartera denunció supuestas “inconsistencias” en las estimaciones heredadas de la Administración anterior: una diferencia superior a los 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda pública para el período 2026-2030, además de un déficit estructural de cierre de 2025 de 3,7% del PIB, que excede en más de dos puntos la meta vigente de 1,6%. Quiroz anunció entonces una investigación interna de carácter administrativo para determinar “quién fue el responsable” y si hubo “un error o hay otro tipo de elementos”.Grau, que se había mantenido al margen del debate público desde la llegada de Kast a La Moneda a mediados de marzo, defendió que la proyección “es consistente y no tiene errores de cálculo”. En una minuta enviada al oficialismo, el exministro argumentó que la diferencia entre déficit y deuda “no constituye, por sí sola, evidencia de un error”, ya que el déficit es un flujo anual, mientras que la deuda es un stock acumulado sujeto a valorizaciones de mercado. Comparar ambas variables de manera directa, planteó, “simplifica excesivamente” una relación técnica más compleja.La acusación redactada por los libertarios, de más de 40 páginas, se basa en los antecedentes técnicos del IFP del cuarto trimestre de 2025 y su posterior corrección en 2026 y contempla cuatro capítulos acusatorios. El primero imputa a Grau la infracción del principio de probidad establecido en la Constitución. El segundo, la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado. El tercero apunta a la vulneración del principio de universalidad presupuestaria. Y el cuarto, al incumplimiento del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.La iniciativa fue impulsada por el PNL, la colectividad del exdiputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser, con el respaldo del Partido Republicano, fundado por Kast. Pero no generó consenso en la derecha tradicional. Tanto en Renovación Nacional (RN) como en la Unión Demócrata Independiente (UDI) coincidieron en que los otros partidos actuaron de forma apresurada, a menos de 24 horas de que Quiroz presentara el informe. Los ministros políticos del Gobierno de Kast, Claudio Alvarado, de Interior (UDI) y José García Ruminot, de la Secretaría General de la Presidencia (RN) también hicieron ver que una acusación podría afectar el clima de diálogo en el Congreso, en plena negociación de la megarreforma con enfoque tributario impulsada por el Ejecutivo. Alvarado dijo este lunes que espera que no se abra una “espiral” de acusaciones constitucionales.El conflicto escaló cuando el diputado republicano Agustín Romero emplazó a Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional, a sumarse o “responder ante su electorado”, lo que la UDI calificó de “prepotente” y declaró que no se somete a “presiones ni amenazas de ningún tipo”. “Es de especial preocupación y gravedad que el reciente anuncio se haya realizado primero a través de los medios de comunicación y no por las vías formales”, dijo la bancada de diputados la UDI a finales de mayo en un comunicado. “La seriedad de estas acciones exige rigor, antecedentes claros y un mínimo de coordinación política, condiciones que no se han cumplido”, añadieron. Días después, definieron su postura.El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), anunció que su partido había resuelto no firmar el libelo, pero sí votarlo a favor, argumentando que “el texto nos da garantías de que fue hecho seriamente, de que efectivamente hay una vulneración constitucional”. En RN, en tanto, el diputado Diego Schalper optó por la cautela y se desmarcó de compromisos previos. “Una vez que tengamos el texto, lo revisaremos jurídicamente y a partir de ahí vamos a convocar a una reunión de bancada y en ese cuadro tomaremos una decisión”, aseguró.La acusación también generó rechazo en los exministros de Hacienda Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco y Marcel —que sirvieron en los gobiernos de centroizquierda e izquierda de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet y Gabriel Boric—. Las exautoridades firmaron en El Mercurio una carta donde advertían que “una eventual acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau dañaría a Chile”. Argumentaron que no es la primera vez que surgen diferencias en supuestos y proyecciones fiscales entre dos administraciones, pero que sería “la primera vez desde el retorno a la democracia que por una materia de esta naturaleza se acusaría a un exministro de Hacienda, abriendo con ello una senda que debilitará nuestra institucionalidad económica”. Los cuatro economistas advirtieron que “a partir del año 2010, todas las administraciones presidenciales que asumieron lo hicieron desde la oposición al Gobierno anterior, con crecientes prácticas de revanchismo y agresión”, y pidieron que “prime el sentido patriótico y la acusación contra el exministro Grau no prospere”.