En 2017, Juan Antonio Poblete, entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, autorizó ilegalmente la interceptación telefónica a un grupo de personas que denunciaban corrupción en el Ejército. Entre ellas estaba el periodista Mauricio Weibel Barahona (Santiago, 56 años), que entre 2015 y 2019 publicó una serie de reportajes, además del libro Traición a la Patria (2016), en el que destapó un millonario fraude, conocido como el Caso Milicogate. La solicitud había sido impulsada por el entonces jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), Shafik Nazal —hoy general retirado— quien, de acuerdo con la investigación de la fiscal Ximena Chong, ocultó que el verdadero objetivo era el reportero: utilizó el número de teléfono de Weibel, pero lo atribuyó a una joven inmigrante boliviana, que fue presentada, falsamente, como una agente extranjera. Nueve años después, ambos fueron condenados a cinco años de prisión, con el beneficio de la remisión de la pena, tras admitir los hechos en un caso que vulneró la privacidad de las víctimas y la libertad de prensa en democracia. “Este es un fallo inédito en la historia judicial del mundo, y está diciendo que la democracia importa y que la libertad de expresión debe ser defendida y resguarda. Y que, aunque usted sea un juez o un general de inteligencia poderoso, no puede pasar por sobre la libertad de expresión”, dice Weibel. Y agrega que la sentencia “constituye una señal clara de que no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas” e investigan casos de corrupción e interés público.Weibel publicó en 2015 el primero de sus varios reportajes en The Clinic, que en ese periodo dirigía Patricio Fernández. Mientras investigaba hubo varias señales de que era acechado. Pero, cuando constató el espionaje, a través de un artículo del diario La Tercera de agosto de 2019, tuvo una sensación en especial. “Sentí indignación. Porque no quiero que mis hijos vivan en una democracia donde sus derechos puedan ser vulnerados de esa forma. Ni los de ellos, ni los de nadie. En esa época ellos tenían ocho y 11 años, y cuando hablábamos por teléfono, esas conversaciones eran escuchadas por la inteligencia militar”, dice a EL PAÍS. Por eso, agrega, “era muy importante que esto se investigara y se solucionara”.Las acciones ejecutadas por Poblete y Nazal —que pasaron dos años en prisión preventiva antes del fallo— tenían nombres. A una, la inteligencia militar le llamó Operación Topógrafo, en referencia a los topos que se inmiscuyen en lugares insondables, en la que pinchó los teléfonos, incluso, de dos funcionarios que tenían una relación sentimental. La de Weibel, Operación W: es más que evidente la alusión a la primera letra de su apellido.Un mail anónimo: “Esto es mucho peor”Fue en 2015, cuenta el periodista, que le llegó “el dato” de que había un desfalco a la Ley Reservada del cobre, que estuvo vigente entre 1958 y 2019, e implicaba que las Fuerzas Armadas recibían el 10% de las ventas de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, para comprar armamento. Su primer reportaje fue Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre. De inmediato a Weibel le llegó un mail anónimo, que decía: “Están equivocados, esto es mucho peor”. El periodista le pidió a una reunión a esa fuente sin identificar, “pero desapareció”. El encuentro se produjo, finalmente, seis meses después. “Fue ahí cuando nos empezaron a pasar información de forma masiva, que tenía que ver con los desfalcos. El dinero para la compra de armas se estaba utilizando en gastos personales y en lujos, como viajes e idas casinos. Se estaba desfalcando a través de un sistema que era totalmente burdo porque, básicamente, el Ejército se estaba pagando facturas que eran materialmente falsas, que ni siquiera tenían el timbre del Servicio de Impuestos Internos”.Mientras investigaba, Weibel tenía evidentes sospechas de que era espiado y seguido. “En ese tiempo tenía un teléfono fijo en mi casa, y llamaban y cortaban. Y mi celular se descargaba más rápido”. En una ocasión, la puerta de su casa amaneció abierta y, en otra, le rompieron varias puertas.Pese a esas señales, se tomó las cosas con calma y sin miedo. “Este tipo de situaciones me empujan a ir hacia adelante, y hacen que yo diga: ‘a ver, cómo lo enfrentamos’. Yo viví, de niño, situaciones mucho peores, y con esta pensaba: ‘La puedo manejar, y ya de adulto”.Esas situaciones a las que se refiere son la desaparición de su padre, José Weibel Navarrete, secretario general de las Juventudes Comunistas, en 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): el periodista la presenció cuando tenía nueve años. En 1975, también sufrió la desaparición de su tío Ricardo Weibel, y en 1985 fue asesinado otro tío, Manuel Guerrero, degollado por agentes del régimen junto José Manuel Parada y Santiago Nattino. “Todas esas fueron experiencias familiares muy duras que me enseñaron que esto lo podía enfrentar”, dice a EL PAÍS en una fría tarde del invierno de Santiago.Hubo otras alertas que dejó pasar, con el mismo temple. En mayo 2016, tras la serie de reportajes, Weibel publicó el libro Traición a la Patria. ‘Milicogate’. El millonario desfalco a la Ley del Cobre. La historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile (Penguin Random House), presentado por Patricio Fernández y María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009. El lanzamiento fue en el Café Literario del Parque Bustamante, en Providencia, y mientras ocurría, afuera fueron dejados panfletos en contra del autor. Lo insólito estaba en su contenido: denunciaban que tenía una deuda hipotecaria. “Era muy risible, porque todo lo que pudieron encontrar, después de revisarme por todas partes, fue que tenía una deuda por una casa...como muchos chilenos”.Previamente, cuando el libro estaba a punto de publicarse y de salir a la venta, a la editorial, relata el periodista, llegaron dos hombres que ofrecieron comprar la edición cero por 300.000 pesos chilenos (unos 325 dólares), una cifra mucho más que exagerada del precio de mercado. “Era muy evidente, una alerta más de cuando sabes que te están espiando”, recuerda.Los amedrentamientos continuaron, incluso, tras la publicación de Traición a la Patria, cuando Weibel se reunió con una fuente para reportear, cuyo nombre ya es público: César Fuentes. “Al día siguiente, a César le destruyeron su oficina, y no le robaron nada”.La decisión de denunciarTras el artículo de 2019, donde se dieron a conocer las operaciones Topógrafo y W, a Weibel le llegó, nuevamente, un mensaje anónimo. Esta vez fue a la casilla privada de su cuenta de Twitter, hoy X, en el que le dijeron cómo podía identificar a quienes lo espiaron: debía preguntar al Registro Civil e Identificación, a través de la Ley de Transparencia, quién había pedido sus datos. “Lo hice. Y vi que, a lo menos desde el computador de un sicólogo que era de la Dirección de Inteligencia del Ejército, se pidieron mis antecedentes y los de mi familia. Fue la prueba material de que estaba implicada la DINE”.Un hecho que critica Weibel es el papel que tuvieron en este caso tres exministros de Defensa del Gobierno del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022): Alberto Espina, Baldo Prokurica y Mario Desbordes. Ante el Congreso, en una comisión investigadora, recuerda el periodista, “salieron a defender esta operación. Y dijeron dos cosas muy graves: la primera, que ellos había visto los documentos (de la intervención del teléfono) y, la segunda, que estaba operación estaba correcta, en orden”. “Dudo que tengan alguna vez la capacidad de entender la gravedad de sus actos. No por mi, sino por la democracia”.En 2021 Weibel decidió presentar una querella. Las primeras diligencias que pidieron sus abogados, Karinna Fernández y Cristián Cruz, fueron destinadas a obtener el documento judicial que autorizó la intervención telefónica. “Costó mucho conseguirlo”, recuerda el periodista.Cuando por fin tuvieron los papeles, vieron que allí aparecía en número del periodista, pero asociado al nombre de la joven boliviana. “En ese entonces, pensábamos que el juez había sido engañado”, cuenta Weibel. Pero luego ocurrieronun hechos que, a lo menos, es curioso, tomando en cuenta el cargo que ostentaba Juan Antonio Poblete. “La Fiscalía lo llamó a declarar seis o siete veces, pero no se presentaba. Y era el presidente a la Corte de Apelaciones de Copiapó”.Ante la Fiscalía, cuenta Weibel, Poblete “se negó a responder a todas las preguntas. Pero, al final, molesto, y después de una hora, dijo: ‘Yo jamás fui engañado”.Nueve años después del espionaje, Mauricio Weibel es presidente del Foro Latinoamericano y Caribeño de Periodismo (FLAP), un programa de protección a periodistas con el apoyo de UNESCO y la Fundación Heinrich Böll de Alemania. Y, junto a un grupo reporteros y exrelatores de libertad de expresión de la OEA, impulsa la Ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de los medios, que está en los Parlamentos de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. “Es para que nunca más ocurran situaciones como éstas”, dice.