Las paredes de la casa de ladrillo de la familia Joel, ubicada en la provincia del Cabo Norte de Sudáfrica, están agrietadas. Las fisuras van del suelo al techo, y las ventanas ya no sellan. Sentada en un sofá raído del salón, Rosie Joel cuenta que cada vez que se produce una explosión en una de las minas cercanas, “el suelo tiembla y la casa cruje”.Los Joel viven en Maipeng, un árido asentamiento situado en la cuenca del Kalahari. La región es el epicentro de un auge minero impulsado por la creciente demanda de manganeso, un mineral esencial que se utiliza en la fabricación de acero para turbinas eólicas y baterías para vehículos eléctricos de última generación. Sudáfrica es, con diferencia, el mayor productor mundial de manganeso, ya que representa más de un tercio de la producción mundial. Además, cuenta con el 70% de las reservas conocidas del mundo y la mayoría yacen bajo las arenas del Kalahari. La actividad minera en la zona se ha acelerado desde 2010, impulsada en un primer momento por el apetito de China por el acero y, más recientemente, por la carrera mundial por los minerales necesarios para la transición ecológica. Se calcula que Sudáfrica exportó alrededor de 26,2 millones de toneladas de manganeso en 2025, lo que supone un récord, tras el máximo anterior de 22,3 millones de toneladas alcanzado en 2024, según el Consejo de Minerales. Se prevé que la demanda siga aumentando en los próximos años. Benchmark Mineral Intelligence, una consultora con sede en Londres, estima que la demanda de manganeso para baterías se multiplicará por ocho durante esta década, debido principalmente a las nuevas composiciones químicas de las baterías y al aumento de las ventas de vehículos eléctricos.Para las comunidades que viven junto a las minas, el auge ha traído pocos beneficios. “Antes teníamos un huerto comunitario”, cuenta Rosie. “Pero luego se murieron todas las plantas”. Lo intentó de nuevo en su propio jardín, plantando un pequeño huerto para la familia. Año tras año, fue reduciéndose. Ahora apenas es una franja de tierra cultivada. Su marido, Itumeleng, señala el corral vacío que hay fuera. “Solíamos tener vacas”, dice. “Pero los animales se ponían enfermos. El ganado bebe el agua donde cae el polvo y comen las plantas”. Rosie dice que las empresas mineras prometen habitualmente carreteras asfaltadas, puestos de trabajo para los jóvenes, alumbrado público, instalaciones escolares y paquetes de alimentos, solo para incumplir sus promesas. Solo uno de los siete hijos de la pareja trabaja en las minas. El resto de la familia sobrevive gracias a las pensiones estatales y a las ayudas por hijos. Ben y Joseph Seupe viven en el asentamiento de Maruping, a unos kilómetros al este, en una casa de dos habitaciones, con techo de chapa ondulada. Son descendientes de la dinastía real Batlhaping, cuyos antepasados vivieron en estas tierras durante siglos. “Entonces los blancos empezaron a explotar minas y nos echaron”, dice Joseph. Sus paredes también están agrietadas. “Cuando hay explosiones, la tierra se ve afectada”, cuenta Ben, pasando el dedo por una fisura. “Nuestras casas no pueden aguantar”. El polvo también es su enemigo. “Ese polvo se deposita sobre nuestro pueblo”, dice Joseph. “Puede caer en el agua que beben los animales. Nos contamina por dentro y nos provoca enfermedades pulmonares”. Cuenta que las empresas mineras no han aportado “ningún beneficio” a Maruping. “Cuando pedimos algo, nos ignoran. Les pedimos que construyeran escuelas aquí. No nos escuchan. Y no es justo, porque les dimos el derecho a llevarse lo que quisieran de nuestra tierra”. El polvo puede caer en el agua que beben los animales. Nos contamina por dentro y nos provoca enfermedades pulmonaresJoseph Seupe, habitante de MarupingEl auge minero que se extiende por el Kalahari no solo está trastornando la vida de las comunidades locales, sino que también está trazando nuevas líneas en uno de los paisajes más emblemáticos del sur de África. Entre las víctimas se encuentran los árboles de Vachellia erioloba, un símbolo de las zonas áridas de la región. Conocidos a menudo como “espino de camello” o “acacia jirafa”, por la sombra y el forraje que proporcionan a la fauna silvestre y al ganado, estos árboles de crecimiento lento pueden vivir hasta 800 años. “Cada año se talan miles de ellos para dar paso a carreteras, líneas eléctricas y otras infraestructuras al servicio de las minas”, afirma Chrizette Neethling, ecologista y científica medioambiental. “Las empresas deben obtener permisos antes de talarlos, pero la aplicación de la ley es débil”. Los que se salvan de las excavadoras no salen indemnes. El polvo fino levantado por el tráfico incesante de camiones de transporte y vehículos mineros se deposita en sus hojas, mermando su capacidad para absorber la luz y realizar la fotosíntesis. Las leyes mineras de Sudáfrica suelen describirse como progresistas desde el punto de vista social y medioambiental. Tras el apartheid, los derechos mineros pasaron de manos de los propietarios privados al Estado, que se convirtió en el custodio de la riqueza mineral del país. El nuevo marco se diseñó para hacer frente a las desigualdades raciales en la propiedad de las minas, limitar el daño medioambiental y garantizar que los trabajadores y las comunidades vecinas participaran de los beneficios de la minería. Sin embargo, abundan las quejas de que muchas empresas, especialmente las mineras de menor tamaño, incumplen o eluden las normas debido a sus conexiones políticas y la débil aplicación de la ley. Un funcionario del Gobierno local, que habló bajo condición de anonimato, afirma que los municipios no tienen capacidad para regular las minas. Esa responsabilidad recae en los departamentos provinciales y nacionales, a los que acusa de aplicar únicamente un “cumplimiento de fachada”. Un responsable del departamento de aguas añade que incluso las minas más grandes rara vez cumplen plenamente la normativa. Según él, muchas solo cumplen en torno al 60% de los requisitos. EL PAÍS ha intentado contactar en múltiples ocasiones con el DMRE, el departamento del Gobierno de Sudáfrica responsable de la industria minera en el país, pero no se ha recibido respuesta. Tshifhiwa Nemakhavhani, responsable de salud, seguridad y riesgos medioambientales en Kudumane Manganese Resources, una empresa que explota dos minas en la zona, rechaza la sugerencia de que el sector esté desregulado. Afirma que las decisiones sobre el gasto se toman tras consultar a la población local y cuentan con la aprobación de los ayuntamientos. “Las ideas para los proyectos de desarrollo provienen de la comunidad, porque ellos saben cuáles son sus necesidades”. Las normas medioambientales son exigentes y se cumplen estrictamente, añade, señalando la larga lista de permisos necesarios, incluidos aquellos para talar árboles protegidos. La calidad del agua y del aire se controla periódicamente y se adoptan medidas correctivas siempre que es necesario, afirma. En una declaración enviada por correo electrónico, un portavoz de South32, que posee una participación mayoritaria en Hotazel Manganese Mines, otra empresa que explota dos minas en la zona, afirmó que “se toma muy en serio sus obligaciones medioambientales” y lleva a cabo controles trimestrales del agua de acuerdo con los requisitos legales. Eben Anthonissen ve las cosas de otra manera. En su granja ganadera al sur de la localidad minera de Hotazel, con un sombrero de cuero que le protege el rostro del calor del verano, señala el lecho seco de un río que bordea sus pastos. “Están excavando una mina justo ahí”, dice. “Río arriba, las voladuras están contaminando el acuífero que utilizamos para dar de beber a los animales”. Anthonissen analiza el agua periódicamente y afirma que los niveles de nitratos están aumentando. Los nitratos son contaminantes que pueden afectar a la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y, en niveles elevados, pueden ser peligrosos para los bebés. Los estudios han constatado que los altos niveles de nitratos son comunes en las aguas subterráneas del Kalahari y pueden deberse tanto a procesos naturales como a la actividad humana. La minería es una de las fuentes, ya que muchos de los explosivos utilizados para fracturar la roca contienen compuestos de nitrato de amonio que pueden filtrarse a las aguas subterráneas cuando se cargan en barrenos de voladura con agua o en roca fracturada.Una evaluación realizada en 2018 para la mina de manganeso Tshipi Borwa, cerca de Hotazel, encontró niveles de nitratos en las aguas subterráneas locales superiores a la directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 50 miligramos por litro, mientras que un estudio más reciente identificó el nitrato como uno de los principales contaminantes preocupantes en una mina de manganeso a cielo abierto cerca de Hotazel. El estudio señaló que las aguas subterráneas de la zona son utilizadas por los residentes y los agricultores, y que actividades mineras como las voladuras, las escombreras y las obras en superficie pueden permitir que los contaminantes lleguen al acuífero.Anthonissen también afirma que sus pozos producen menos agua cada año. Las empresas mineras bombean constantemente agua para mantener la estabilidad de las excavaciones, un proceso conocido como desagüe. Esto puede hacer que se sequen los pozos en un radio kilométrico. Un informe elaborado para el sindicato de agricultores Agri Northern Cape en 2018 advertía de que los niveles de las aguas subterráneas en la región podrían tardar más de un siglo en recuperarse. Otros informes, algunos encargados por las propias empresas mineras, han puesto en relieve la falta de atención prestada a los efectos causados por la concentración de la actividad minera en la región. A medida que los yacimientos alrededor de Hotazel comienzan a agotarse, las empresas mineras miran hacia el norte, hacia la frontera con Botsuana. Esta sigue siendo una zona salvaje llena de bosques de acacias, jirafas, antílopes y ñus. Los ganaderos y los criadores de animales de caza observan con temor la llegada de los buscadores de minerales.No hay ningún otro lugar en el mundo en el que quisiera vivirGanadero“Mi familia es propietaria de estas tierras desde la década de 1970″, dice un ganadero que pidió no ser identificado. “No hay ningún otro lugar en el mundo en el que quisiera vivir”, asevera. Su mayor temor es el agua. Las empresas mineras afirman que habrá suficiente para todos, pero él no les cree. “No estoy en contra de la minería. Tiene su lugar, ya que genera empleo y contribuye al PIB. Pero nadie puede asegurarme que mi suministro de agua esté a salvo”. Louis Haumann afirma que esas sospechas tienen fundamento. Su familia se dedica a la agricultura en la zona desde 1943, y él solía gestionar varias minas de manganeso en los alrededores de Hotazel. Afirma que en los informes hidrológicos se minimizan deliberadamente los efectos a largo plazo. “La instrucción es no efectuar un estudio objetivo sobre el agua”, dice. “Es conseguir que se apruebe una licencia de su uso”. Su vecino Pieter Grové también desconfía del avance de la industria. Ya se han presentado solicitudes de prospección minera en sus tierras. Le preocupan especialmente los planes de asfaltar la única carretera de acceso a la zona, lo que facilitaría la extracción a escala industrial. “Eso sería el golpe definitivo”, afirma, mientras observa a una jirafa que se dirige hacia un abrevadero, seguida de su cría. “No quiero perder todo esto por culpa de gente que solo persigue el dinero”.