En las primeras horas del 7 de julio de 2016, cinco veinteañeros sevillanos agredieron sexualmente a una joven en un portal de Pamplona durante las fiestas de San Fermín. Se hacían llamar La Manada en el chat de WhatsApp en el que compartieron vídeos de aquella violación. Cuando solo faltan unos días para que se cumplan 10 años de una agresión sexual que conmocionó a la sociedad y propició cambios legislativos, aquel grupo es menos manada que nunca. Cumplen las condenas que la justicia les ha impuesto desde aquellos hechos (y que van de los 14 años a los 23 años y un mes) en prisiones diferentes y sus perspectivas penitenciarias son dispares. Tras nueve años encarcelados ―estuvieron uno en libertad provisional entre que la Audiencia Provincial de Navarra dictó la primera sentencia y el Tribunal Supremo elevó las penas en julio de 2019―, solo uno ha comenzado a disfrutar de permisos penitenciarios. El resto los han solicitado argumentando que cumplieron hace años un cuarto de sus condenas ―requisito imprescindible para poder aspirar a estas salidas―, pero se han encontrado con la negativa a concedérselos de sus centros penitenciarios y de los juzgados de vigilancia penitenciaria. En lo que sí coinciden todos es en estar clasificados en segundo grado o régimen ordinario ―en el que está el 75% de los reclusos en España― y mantener un comportamiento “correcto” en prisión, según coinciden fuentes carcelarias. También, en haber realizado o estar haciendo el Programa de Control de la Agresión Sexual (PCAS), impartido en las cárceles para prevenir la reincidencia y rehabilitar a los condenados por delitos contra la libertad sexual.Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena es el que tiene el presente penitenciario más halagüeño. Expulsado del Ejército, Cabezuelo adoptó una estrategia diferente después de que, en julio de 2019, el Tribunal Supremo incrementara las penas y ordenara el ingreso en prisión de todos ellos. Dejó al abogado que hasta entonces compartía con el resto y eligió una nueva defensa. Fue el único que pidió ir a una cárcel de fuera de su Andalucía natal, aconsejado por su entorno. Acabó en la prisión de Topas (Salamanca). Allí ha cursado estudios universitarios y trabaja en la panadería, por lo que recibe una remuneración económica. También ha completado el PCAS y ha hecho frente a buena parte de los 100.000 euros de responsabilidad civil a la que fueron condenados los cinco por el Supremo.El distanciamiento del exmilitar del resto de La Manada se hizo aún más evidente en septiembre de 2023, cuando hizo público un comunicado en el que manifestaba su “deseo” de cumplir su condena. Renunciaba así a la rebaja de un año que le podría haber correspondido si hubiera pedido la revisión una vez entró en vigor la ley del solo sí es sí en octubre de 2022 y que otros tres de los condenados reclamaron con éxito. En aquel comunicado, Cabezuelo insistió en que su objetivo era reinsertarse. “Labor con la que me encuentro férreamente comprometido desde mi ingreso en el centro penitenciario en el que cumplo condena”, dijo. Esto y el pago de una cantidad importante de los 100.000 euros de responsabilidad civil ha contribuido a que la Junta de Tratamiento de la prisión ―órgano formado por profesionales penitenciarios― le haya concedido varios permisos de cuatro días desde junio del año pasado. El último, recientemente. Puede aspirar a un máximo de 36 días cada 12 meses.No obstante, por delante tiene aún un largo periplo penitenciario. Acumula la segunda condena más alta de los cinco: 21 años y un mes (además de los 15 años por la violación de los Sanfermines, tiene otra de tres años y tres meses por difundir las imágenes de aquella agresión y una tercera de dos años y 10 meses por los abusos sexuales a una joven en la localidad cordobesa de Pozoblanco), por lo que no podrá aspirar a la libertad condicional anticipada hasta mediados de 2031. Eso sí, siempre que para entonces haya conseguido ser clasificado en tercer grado penitenciario o semilibertad, nada descabellado vista su evolución en prisión, según destacan fuentes jurídicas. No obstante, la justicia no dará por extinguida su condena hasta julio de 2038.El resto de integrantes de La Manada cumplen condena en prisiones andaluzas. Antonio Manuel Guerrero Escudero, que fue expulsado de la Guardia Civil tras la sentencia del Supremo, está en el Centro Penitenciario de Sevilla II, en la localidad de Morón, donde existe un módulo para presos que, como él, han pertenecido a las fuerzas de seguridad del Estado. Allí se encarga del economato en el que los internos pueden adquirir diferentes productos alimenticios y de higiene. Fuentes de esta prisión apuntan que está integrado en la vida penitenciaria y que, de hecho, ha participado en salidas programadas junto a otros presos, tutelados por trabajadores penitenciarios, para realizar actividades culturales más allá de los muros.Guerrero es, junto a Cabezuelo, el único que no vio reducida su condena por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Es, además, el que tiene la pena más alta: 23 años y un mes. En su caso, 17 son por la agresión de Pamplona (además de por la violación, se le condenó a dos años por robar el móvil a la víctima), tres años y tres meses por la difusión de imágenes de aquel episodio y otros dos años y 10 meses por los abusos de Pozoblanco. Por ello, el ex guardia civil no podrá aspirar a la libertad condicional hasta finales de 2032 y no extinguirá su pena hasta casi ocho años más tarde, en julio de 2040.En la misma provincia, pero en otra prisión, está Ángel Boza Florido. En su caso, está en el centro penitenciario de Sevilla I, a las afueras de la capital andaluza. Boza trabaja en la cocina del presidio y ocupa una celda en uno de los llamados módulos de respeto, destinados a presos poco conflictivos a los que se pide que asuman ciertos compromisos de convivencia y participación. Boza es el que tiene la pena más baja, 14 años, después de que se le descontara un año de la que le impuso el Supremo. Eso se traduce, por ejemplo, en que cumpliría los plazos para aspirar a la libertad condicional a finales de este año, aunque al no estar clasificado aún en tercer grado o régimen abierto, no podrá solicitarlo. Extinguirá la pena a mediados de 2031.También en el módulo de respeto está José Ángel Prenda Martínez, en este caso del Centro Penitenciario de Puerto III, en la localidad gaditana de Puerto de Santa María. Prenda, que suma 18 años y seis meses de pena, realiza funciones de reparto de comida y de limpieza de los espacios comunes. “No da problemas”, añaden fuentes de esta prisión. En julio de 2021, y después de que la cárcel hubiera rechazado en dos ocasiones concederle un permiso, Prenda envió una carta manuscrita a la Audiencia Provincial de Navarra, donde fue juzgado, en la que mostraba su “total arrepentimiento por el delito” y pedía “perdón a la víctima por los daños causados”. Era el primero que lo hacía, ya que hasta ese momento los cinco habían defendido su inocencia. Cinco años después, la misiva, que hizo pública sin el conocimiento del resto de La Manada ni de su abogado, no le ha servido para conseguir días de salida. A Prenda le quedan aún más de tres años de prisión hasta poder aspirar a la libertad condicional anticipada. La justicia no dará por extinguida su pena hasta finales de 2035.Por último, Jesús Escudero Domínguez, con condenas que suman 16 años y diez meses, está en la prisión de Huelva donde, según las fuentes de la prisión, tiene un comportamiento “correcto”. En su caso, trabaja de peluquero. Escudero no cumplirá las dos terceras partes de su condena hasta la segunda mitad de 2028. Entonces podrá solicitar la libertad condicional, si está ya en régimen abierto. Extinguirá su condena en la primavera de 2034. Será el segundo en conseguirlo, solo después de Boza.