La imputación del vicepresidente y de la presidenta de la SEPI en menos de un mes en dos causas judiciales distintas ha hecho saltar todas las alarmas. El caso Plus Ultra, la causa dirigida contra la red de Leire Díez y la investigación por el rescate de Air Europa han sacado a relucir algunos de los peores episodios del órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. Presuntos amaños de contratos públicos, cobro de mordidas y revelación de información confidencial son solo algunas de las sospechas que hoy cercan a la cúpula de una de las empresas estratégicas de las que se sirvió el Gobierno de Pedro Sánchez para canalizar cientos de millones de euros en ayudas públicas. La actuación de al menos una decena de altos cargos y responsables públicos se encuentra bajo el escrutinio de distintos jueces que dirigen complejas investigaciones para determinar si hubo irregularidades dentro de la Administración que permitieron la concesión de algunos de los rescates más controvertidos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre estos nombres destaca el de Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la SEPI, imputado por la ayuda concedida a Air Europa y bajo cuyo mandato también se concedieron los rescates de Plus Ultra y Tubos Reunidos SL. Además de la investigación contra Lora, cabe destacar la reciente imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en el caso Leire Díez, donde el juez atribuye un papel clave a otro expresidente del órgano público, Vicente Fernández Guerrero. Junto a ellos aparecen otros responsables del organismo público que intervinieron en la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, y que podrían enfrentarse a una eventual citación ante un juez. Algunos de estos nombres coinciden en los expedientes de tramitación de varios de estos rescates. TE PUEDE INTERESAR Alrededor de Lora se mantiene, además, buena parte del núcleo que gestionó algunos de los rescates más criticados tras la crisis por el covid-19. Destacan los nombres de la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el exsecretario general de Industria, Raül Blanco; el exdirector de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, y el secretario del Consejo Gestor, Javier Loriente, que participaron también en la tramitación de Air Europa y Plus Ultra. La primera formaba parte del Consejo Gestor del FASEE, el órgano encargado de la concesión de los rescates y cuyos miembros ya ha pedido identificar el juez que investiga el rescate de la compañía de los Hidalgo. Aagesen también tuvo un papel clave en la concesión de la ayuda a Plus Ultra y Tubos Reunidos SL, como secretaria de Estado de Energía. El caso de la compañía vinculada a la red de Leire Díez es bastante significativo, pues la actual vicepresidenta tercera del Gobierno de Sánchez votó en un inicio en contra por razones ecológicas. Pese a los argumentos en contra, la exsecretaria de Estado cambió su decisión semanas más tarde, lo que dio un vuelco al expediente y facilitó la adjudicación del rescate a la compañía siderúrgica. En el expediente de Tubos Reunidos se suman también otros altos cargos como Rosario Martínez Manzanedo, actual secretaria general de la Fundación SEPI, Miguel Ángel Figueroa, quien dimitió hace pocas semanas como interventor general de la Junta de Andalucía y Julián Mateos, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Los tres están imputados en la causa dirigida por Santiago Pedraz junto a otra decena de cargos. En el caso de Martínez Manzanedo, el instructor la señala como la "infiltrada" de Fernández en la SEPI tras su salida de la presidencia. Los investigadores sospechan que esta facilitó a la red información confidencial y agilizó la tramitación del rescate de Tubos Reunidos SL. TE PUEDE INTERESAR Lora, nexo de unión de las tres causas En la larga lista de técnicos y funcionarios públicos que se exponen ahora al escrutinio judicial destaca el nombre de Bartolomé Lora, que ha tenido la oportunidad este viernes de rendir cuentas ante el juez José María Escribano. El vicepresidente de la SEPI ha reconocido que se reunió con el exCEO de Globalia y responsables del Ministerio de Economía antes de la apertura del expediente para el rescate de Air Europa. Según ha declarado ante el instructor, los encuentros celebrados en el verano de 2020 fueron claves para agilizar la tramitación de la ayuda. No obstante, ha defendido la legalidad del procedimiento y de su labor al frente del órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, encabezado en estos últimos años por María Jesús Montero. Lora es el cargo que conecta los tres casos judiciales que apuntan a la existencia de irregularidades vinculadas al rescate de tres compañías por más de 500 millones de euros. En el caso del rescate de Plus Ultra, tuvo un papel más protagonista, ya que fue la persona encargada de elevar el expediente al Consejo Gestor, avalando personalmente la propuesta. Cinco años después de la creación del fondo Covid, las investigaciones cercan a la cúpula que dirigió la concesión de casi 800 millones en ayudas públicas. Los principales cargos nombrados bajo el liderazgo de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda figuran hoy en distintas causas judiciales. La imputación del vicepresidente y de la presidenta de la SEPI en menos de un mes en dos causas judiciales distintas ha hecho saltar todas las alarmas. El caso Plus Ultra, la causa dirigida contra la red de Leire Díez y la investigación por el rescate de Air Europa han sacado a relucir algunos de los peores episodios del órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. Presuntos amaños de contratos públicos, cobro de mordidas y revelación de información confidencial son solo algunas de las sospechas que hoy cercan a la cúpula de una de las empresas estratégicas de las que se sirvió el Gobierno de Pedro Sánchez para canalizar cientos de millones de euros en ayudas públicas.