Cuando la FIFA le otorgó la sede de la Copa del Mundo a la Argentina en 1966, a pocos días del golpe de Estado del general Onganía que acababa de derrocar al gobierno democrático de Arturo Illia, la organización internacional ya mostraba una indiferencia característica frente a los regímenes políticos de los países anfitriones. Una indiferencia que mantiene desde su creación, tal como lo demostró la realización del Mundial de Qatar en 2022. La Junta Militar, que tomó el poder tras derrocar al gobierno de Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, heredó la organización del Mundial y vio en él una oportunidad excepcional para lavar su imagen. Las acusaciones por violaciones a los derechos humanos se multiplicaban en el exterior, las desapariciones forzadas despertaban la preocupación de los organismos internacionales, y la Junta era consciente de que su imagen en el mundo era un problema. Por eso, el régimen dictatorial contrató a la agencia estadounidense Burson-Marsteller, conocida por manejar las crisis de imagen de gobiernos autoritarios como el de Ceaușescu en Rumania, para hacer un lavado de cara. El Mundial venía a encarnar a una nación argentina unida, moderna y pacificada. En el territorio nacional, a los periodistas extranjeros se les prohibió cubrir cualquier otra cosa que no fuera fútbol. Toda investigación sobre la política de desapariciones forzadas del régimen, la represión o los centros clandestinos de detención era presentada como parte de una vasta “campaña antiargentina” orquestada desde el exterior para desestabilizar al gobierno. Mientras esta retórica se desplegaba tanto en Argentina como a través de otros movimientos internacionales, la realidad era otra. Era la de la convivencia entre la cancha de River Plate y la ESMA, el epicentro de la represión, separados por apenas 800 metros de distancia.