Las concesiones mineras en Tipitapa abarcan los lotes SIRAMA, de 147,15 hectáreas, y MADERA, de 389,45 hectáreas. /(Cortesía: Shutterstock)El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó a ALMAR CÍA. LTDA. dos concesiones mineras por 536.6 hectáreas en Tipitapa, Managua, con derechos exclusivos de exploración y explotación durante 25 años, una decisión que amplía la superficie destinada a la actividad extractiva en el municipio sin que la información oficial precise qué mineral será buscado o extraído.Los títulos de concesión, publicados el pasado miércoles en La Gaceta, abarcan los lotes “SIRAMA”, de 147.15 hectáreas, y “MADERA”, de 389.45 hectáreas. Las resoluciones establecen además que la empresa deberá obtener el permiso ambiental antes de iniciar operaciones, pagar los derechos de vigencia y las regalías previstas por la legislación minera, y presentar informes periódicos sobre sus actividades.PUBLICIDADSegún Despacho 505, la empresa beneficiada está representada por el empresario Nelson Daniel Álvarez Valdivia, quien aparece vinculado desde hace al menos ocho años a la explotación de piedra cantera en ese mismo municipio. La publicación señala que documentos públicos lo ubican en actividades extractivas previas en Tipitapa antes de asumir la representación legal de la compañía que recibió ahora las concesiones estatales.En un escrito dirigido en 2018 a la Policía Nacional, Álvarez Valdivia afirmó que tenía arrendadas 10 manzanas de terreno en la finca El Rincón de la Palmita o Cerro de Barra. En ese lugar, indicó, realizaba labores de explotación y extracción de piedra cantera con maquinaria y una plantilla de aproximadamente 30 trabajadores.PUBLICIDADLa información oficial sobre las concesiones mineras en Tipitapa no precisa qué mineral será explorado o explotado. /(EFE/Jorge Torres)
Ortega y Murillo entregaron 536.6 hectáreas para exploración y explotación minera en Nicaragua
Las resoluciones publicadas en La Gaceta entregan 536.60 hectáreas en Managua con exclusividad para investigar y aprovechar recursos del subsuelo, aunque el Estado no detalla cuál será la sustancia objetivo.







