El régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha inaugurado una nueva fase en uno de sus principales métodos de represión: las confiscaciones de propiedades a opositores y desterrados. Si antes distribuía los inmuebles arrebatados entre distintas instituciones estatales, ahora los vende, los alquila o los reparte entre sus adeptos políticos.Así lo confirmó el fotoperiodista Oswaldo Rivas, quien cubrió para la agencia France-Presse las protestas sociales de 2018, cuando decenas de miles de personas exigían el fin del régimen y que Ortega acalló con una dura represión que dejó más de 350 muertos. Hace unas semanas, Rivas descubrió en un portal de bienes raíces que la casa que le había sido arrebatada estaba a la venta por 255.000 dólares. El anuncio, incluso, exhibía las mismas fotografías que él había publicado en internet cuando intentó vender la propiedad antes de huir del país.La vivienda fue puesta a la venta en el portal Encuentra24 por un gestor inmobiliario identificado como Moreno Merlo. Rivas se vio obligado a salir de Nicaragua en 2024 tras sufrir la persecución de la policía. Su casa fue allanada y sus abogados le aconsejaron no intervenir por temor a perder sus licencias profesionales. Finalmente, el inmueble terminó inscrito a nombre de un tercero, Armando Llanes, a quien el fotoperiodista no conoce.Al otro lado de la ciudad, la residencia del politólogo Óscar René Vargas es hoy un restaurante. Donde antes guardaba sus libros y cultivaba árboles frutales en un amplio patio, ahora se acomodan mesas y una terraza animada por música de marimba por las noches. Vargas, actualmente exiliado en Costa Rica, relata que tras su salida del país, sus libros sobre la historia de Nicaragua terminaron en librerías de viejo. Desde 2023, la propiedad está ocupada por un negocio de comida tradicional llamado El Chamol Pinolero.“No sé si la vendieron o la alquilaron. Lo único que sé es que la ocuparon entre mayo y junio de 2023”, afirma Vargas. Estos casos no son aislados; representan una nueva etapa de las confiscaciones, una política que en Nicaragua arrastra el peso de un fantasma histórico: la masiva apropiación de propiedades que entre los años ochenta y noventa se conoció popularmente como la Piñata.El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU ha calificado las confiscaciones como una política de Estado deliberada. El organismo documentó que desde 2018 —y con mayor intensidad a partir de 2023— las autoridades sandinistas han arrebatado viviendas, vehículos, terrenos, cuentas bancarias, empresas y pensiones a personas en el exilio. Todos los casos analizados se ejecutaron de forma arbitraria, ya sea como resultado de juicios espurios o sin ninguna base legal. El GHREN concluyó que las “confiscaciones forman parte de una estrategia sistemática de represión transnacional cuyo objetivo es eliminar cualquier forma de oposición y garantizar la impunidad del régimen”.Una investigación del medio digital Divergentes reveló que una propiedad confiscada al exmagistrado de justicia Rafael Solís —otrora uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega, al punto de haber sido su padrino de bodas— le fue entregada al boxeador Román “Chocolatito” González. “Al lado de esta vivienda, la casa de Rafaela Cerda, madre del otrora funcionario cercano al caudillo sandinista, también fue entregada a Walter Castillo Sandino, quien asegura ser nieto de Augusto C. Sandino. Ambos beneficiados con las viviendas confiscadas son leales a los copresidentes”, relata la plataforma. Ambas residencias se localizan en Villa Fontana, una de las zonas de mayor plusvalía de Managua.“En la casa robada a la mamá de Solís, Walter Castillo Sandino puso a funcionar un restaurante llamado ‘El parrillaje, asados & más’. El negocio es operado por la hija del nieto de Sandino”, añade el reporte. Al ser consultado, el abogado del pugilista, Carlos Blandón, aseguró no tener ninguna información sobre las condiciones en que fue adquirida la propiedad.Propiedades a la venta, alquiler o reparticiónA partir de 2023, varios inmuebles confiscados pasaron a manos de instituciones públicas como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec), según una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA). Los edificios de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, tomados por la fuerza en 2018, fueron transferidos al Ministerio de Salud. Por su parte, las instalaciones del diario La Prensa, confiscadas en 2021, se convirtieron en un centro cultural estatal.El patrón se repitió con las viviendas de particulares. El Condominio Amazonia, en Managua, fue confiscado en su totalidad a pesar de que solo dos de sus residentes habían sido despojadas de su nacionalidad: la periodista Sofía Montenegro y la activista feminista Azahalea Solís. El régimen desalojó a los inquilinos, exigió un pago de 500 dólares mensuales a quienes pretendían quedarse y, cuando el complejo quedó vacío, anunció los apartamentos en la plataforma Airbnb.En los últimos meses la estrategia ha cambiado. El régimen ha comenzado a colocar los inmuebles en el mercado inmobiliario o a cederlos a sus simpatizantes. “Se las dan al mejor postor o a sus aduladores”, afirma bajo anonimato uno de los afectados.Es el caso de la dermatóloga Anely Pérez Molina, desterrada en marzo de 2023 tras ser acusada de traición a la patria. Su vivienda en el reparto Monte Fresco, valorada en 750.000 dólares, permaneció bajo custodia policial durante dos años. En mayo de 2026, personas ligadas al régimen la ocuparon. Dentro de la propiedad quedó todo: muebles, electrodomésticos, una camioneta y los recuerdos de su padre, el guerrillero sandinista Cristian Pérez, asesinado en la masacre de Xiloá en 1979, durante la lucha contra la dictadura somocista.En esta nueva etapa, algunas propiedades también han sido transferidas a los gobiernos locales. La Alcaldía de León, al occidente del país, anunció la restauración de una “casa centenaria” para instalar el Museo de la Cultura y Tradición Leonesa, omitiendo que el inmueble pertenece al académico Ernesto Medina, exiliado y despojado de su nacionalidad por el régimen.Propiedades promovidas en TikTokLos bienes confiscados se han transformado incluso en escenarios de entretenimiento. Un tiktoker japonés con cientos de miles de seguidores promocionó el Hotel Escuela Nicarao, en San Juan del Sur, un complejo que opera en dos inmuebles arrebatados, entre ellos una propiedad heredada de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Asimismo, en mayo de 2026, una casa confiscada a una congregación evangélica —cuyos once pastores fueron encarcelados— sirvió como locación para un reality show transmitido en vivo por redes sociales durante dos semanas. El líder de la congregación calculó en cinco millones de dólares el valor total de sus bienes incautados.El informe de 2024 de OPTA logró documentar, hasta ese momento, la confiscación consumada de 135 propiedades pertenecientes a opositores, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, con un valor global de 250 millones de dólares. La cifra, advertía entonces el documento, era apenas “la punta del iceberg”: la opacidad institucional y el temor de las víctimas a denunciar impedían conocer el verdadero alcance del despojo. Dos años después, con la apertura de nuevas confiscaciones, ventas, subastas y cesiones a particulares, la deuda patrimonial que el régimen impone a Nicaragua no ha hecho más que crecer.Frente a la ofensiva contra la propiedad privada, un grupo de afectados ha decidido organizarse. La Asociación de Confiscados Nicaragüenses “19 de Abril” emitió el pasado 24 de junio un comunicado con una advertencia directa: quienes adquieran propiedades confiscadas por el régimen perderán sus inversiones. “Adquirir bienes muebles e inmuebles robados es un delito”, concluye el texto.