Al menos uno de los trabajadores vinculados con la denuncia que archivó, la semana pasada, Movimiento Sumar contra su excoordinadora, Lara Hernández, ha decidido acudir a la Inspección de Trabajo para que sea este órgano el que indague si sufrió maltrato laboral por parte de la política madrileña. Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el pasado 3 de junio se cursó una petición para solicitar la intervención de este organismo, adscrito al Ministerio de Trabajo, instándolo a abrir diligencias para esclarecer si el trato que recibió dicho empleado puede constituir acoso laboral.PublicidadEn la denuncia interpuesta, se cita a todo el grupo parlamentario en el Congreso, dado que la Inspección de Trabajo solo puede sancionar a la entidad jurídica con la que el trabajador tenía una relación laboral y donde tuvieron lugar los supuestos hechos y no a la persona infractora. Según informa Europa Press, el trabajador que ha demando la intervención de la Inspección ejerció, durante un tiempo, como asesor del grupo.Fuentes conocedoras del proceso explican a Europa Press que ya hay diligencias abiertas y que un representante de la Inspección ha tomado testimonio al denunciante, que ya no trabaja en los entornos de Sumar. Desgranan, también, que a esta denuncia pueden sumarse más trabajadores, aunque, recalcan, este tipo de comportamientos son "complejos de demostrar".Lara Hernández asegura tener "la conciencia tranquila"Por su parte, la excoordinadora general de Movimiento Sumar ha señalado a Europa Press que no se le ha notificado la apertura de ningún expediente por parte de la Inspección de Trabajo, aunque, en cualquier caso, se muestra dispuesta a colaborar. De hecho, asegura, estará "encantada de defenderse y de demostrar su inocencia y honorablidad allá donde sea". Es más, reitera que tiene la "conciencia tranquila".El pasado miércoles, Lara Hernández anunció que abandonaba Movimiento Sumar tras el archivo de la investigación abierta por la comisión antiacoso del partido por supuesto trato vejatorio a un grupo de empleados. Durante esa comparecencia pública, recalcó que la denuncia fue interpuesta por seis cargos políticos del partido y que se cerró el 28 de junio después de que ninguno de los trabajadores supuestamente afectados ratificara su testimonio. De ahí que la madrileña se afanara en proclamar su inocencia, denunciando haber sido víctima de una "campaña de desprestigio brutal" y de "calumnias" que, finalmente, se habían demostrado "falsas".PublicidadSin garantías suficientes en el procesoFuentes del partido aseguran que la comisión antiacoso informó que el archivo de la investigación se debía a "aspectos de carácter procedimental" y que no se pronunciaba, en todo caso, sobre el fondo del asunto. Al mismo tiempo, añaden estas voces, algunos de los trabajadores involucrados hicieron circular un documento en el que advertían que la citada comisión "no prestaba las garantías suficientes" y que esa era la razón por la que no le daban su consentimiento para seguir adelante con la investigación.Según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, estos trabajadores describían este órgano como un "espacio indolente", en el que no se preservaba debidamente su anonimato y lamentaban, además, que no se hubiese aceptado su petición de apartar a Hernández, cautelarmente, de la coordinación del partido hasta que se resolviera el expediente. Algunos de los empleados sugerían ya entonces su intención de acudir a la Inspección de Trabajo, vía por la que finalmente ha optado uno de ellas.Desde el entorno de la exdirigente de Movimiento Sumar sostienen que este procedimiento tiene una finalidad política, sitúan detrás del mismo a la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero y creen que su objetivo ha sido, desde el principio, desacreditar a Hernández y dinamitar las opciones de consensuar una nueva dirección del partido.PublicidadLa que es ya la mayor crisis de Movimiento Sumar en sus apenas tres años de vida sigue, por tanto, activa a pocos días de la asamblea del partido (el próximo 11 de julio). Una cita a la que se ha presentado una única candidatura, sin afines a la excoordinadora y de la que desaparecen cargos destacados del partido. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, queda como el principal referente político, si bien el partido lo comandarán, a nivel orgánico, la propia Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.