El pasado 7 de junio, profesores del Estado sudanés de Kasala iniciaron una huelga indefinida que venía gestándose desde hacía tiempo para reclamar mejoras salariales, pagos atrasados y una reforma educativa integral. En su primer comunicado, lamentaron ser “prisioneros de la pobreza” y afirmaron que estaban organizándose “en defensa de la dignidad del profesorado”. En los días y semanas posteriores, a medida que su acción fue cobrando impulso, profesores de otros estados de Sudán, como Al Jazira y Jartum, donde se encuentra la capital homónima del país, fueron sumándose al parón. Mientras tanto, el Comité de Profesores Sudaneses, que actúa como un sindicato, alentó a escalar la movilización a una huelga de carácter nacional. Pese a que Sudán atraviesa una brutal guerra civil, que ha causado la mayor crisis humanitaria del planeta, el portavoz del comité de profesores, Sami Elbagir, reivindica que la crisis del profesorado “no es un mero asunto profesional”, sino que atañe al derecho de los sudaneses a “un sistema educativo sostenible tras años de conflicto y devastación”. También señala que, en último término, lo que les ha llevado a la huelga es la falta de respuesta de las autoridades. “Los docentes creen que ignorar su situación equivale, en la práctica, a prolongar el deterioro de la educación pública y privar a millones de niños del derecho a una educación de calidad”, pone en valor Elbagir por mensajes de texto. “Pese a la guerra, el desplazamiento y el colapso económico, las protestas han continuado porque la crisis ya no se puede sostener”, defiende. Los profesores no han sido los únicos. Desde principios de año y hasta mediados de junio, la organización de monitoreo de conflictos ACLED ha registrado 61 protestas en los territorios de Sudán gobernados por la junta militar y el Gobierno designados por el ejército. Se trata del doble de la cifra registrada el año pasado, lo que deja entrever una creciente fatiga con unas condiciones de vida cada vez más difíciles y cierto malestar con la gestión de las autoridades en distintos sectores. Por ejemplo, periodistas han protestado por el arresto de compañeros de profesión, desplazados internos se movilizaron en enero en Puerto Sudán contra un plan para reubicarlos, vecinos de Atbara se manifestaron en abril por el aumento de la inseguridad, y residentes del norte del país lo han hecho para denunciar la contaminación del agua causada por la minería informal. Pese a la guerra, el desplazamiento y el colapso económico, las protestas han continuado porque la crisis ya no se puede sostenerSami Elbagir, portavoz del comité de profesores“El ejército, en la práctica, ha transmitido a la gente que la guerra casi terminó cuando recuperó Jartum el año pasado”, indica la analista Kholood Khair, “y eso ha generado expectativas de que habrá una reconstrucción”. Además, “si la guerra [se supone que] ha terminado, entonces las demandas ciudadanas en torno a servicios, infraestructuras y derechos pueden pasar a un primer plano”, manifiesta, algo que no ocurre “en zonas controladas por los paramilitares”. Apagones, salarios y servicios Nohad Eltayeb, investigadora de ACLED, observa que desde el inicio de la guerra ha habido “distintas oleadas” de protestas en zonas controladas por el ejército. En un primer momento, estas giraron en torno a demandas contra la guerra, aunque fueron reemplazadas rápidamente por movilizaciones de apoyo al ejército y contra las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares. En los últimos meses, en cambio, las protestas han virado hacia cuestiones más económicas y sociales. “El asunto emergente actual es la frustración por el deterioro de las condiciones económicas”, señala Eltayeb, que nota que “las condiciones de vida en 2026 han empeorado significativamente” y que las dificultades “seguirán aumentando mientras dure el conflicto”. El motivo de protesta más frecuente desde principios de año, según datos de ACLED, son los cortes de electricidad. Ya en abril, decenas de manifestantes bloquearon en al menos cuatro ocasiones una carretera nacional en la localidad de Abri, en el norte de Sudán, por un apagón de varios días. De nuevo en mayo, se registró una serie de protestas similar en la misma zona. En varios Estados de Sudán, la gente tiene que lidiar con cortes de luz que, en algunas zonas, se prolongan durante casi todo el día, una situación especialmente difícil de soportar durante el verano, cuando las temperaturas superan con facilidad los 40 grados. En el norte del país, los apagones han generado un malestar agregado porque solían recibir electricidad de Egipto gracias a un acuerdo bilateral, pero en los últimos meses han sufrido cortes sin explicaciones. Más allá de los apagones eléctricos, el colectivo de profesionales que ha protagonizado más protestas este año han sido el profesorado. Además de las huelgas de junio, los profesores de universidad ya habían salido a la calle a finales de marzo para reclamar mejoras salariales en seis Estados del país controlados por el ejército, incluidos Jartum, Mar Rojo y Nilo Blanco. Aunque menos frecuente, otro detonante de protestas han sido los efectos del severo deterioro de los servicios médicos, sobre todo en Puerto Sudán, que desde el estallido de la guerra se convirtió en una suerte de capital administrativa provisional para el gobierno castrense. Se estima que actualmente en torno al 37% de los centros de salud del país no están operativos. En ocasiones, las movilizaciones también han estado encabezadas por grupos de mujeres. A principios de marzo, vendedoras callejeras de té cortaron carreteras con neumáticos en llamas en Atbara, una ciudad del Estado de Río Nilo, por la prohibición municipal de trabajar por las noches y no haber recibido ayuda en Ramadán. A finales del mismo mes, mujeres protestaron en un barrio de la ciudad portuaria de Suakin por la falta de conexión a la red eléctrica. Otras manifestaciones organizadas en los últimos meses han tenido un carácter más laboral. En enero, vecinos beja en Puerto Sudán protestaron cuatro días y cerraron las sucursales y la sede central de la agencia estatal de controles de calidad para pedir trabajos. Al mes siguiente, fueron empleados del aeropuerto de Jartum los que se movilizaron para exigir pagos atrasados. Aunque la gran mayoría de estas movilizaciones han sido pacíficas, la policía ha reprimido algunas de ellas a base de golpes y gases lacrimógenos, y en al menos una ocasión dispararon balas de fuego que dejaron a un manifestante herido, según datos de ACLED. En las protestas del profesorado universitario en marzo, la policía también arrestó al menos a 23 profesores. Sin retorno a la normalidad Uno de los motivos por los que la vida se está viendo tan alterada en zonas controladas por el ejército alejadas del frente es la estrategia de desgaste de las RSF. Desde 2025, el grupo ha atacado de forma recurrente con drones infraestructura civil crítica, lo que ha contribuido a una gran disrupción en forma de apagones, desabastecimiento e interrupciones de servicios. Eltayeb considera que esta estrategia “parece estar diseñada para impedir que el gobierno reconstruya Jartum o restablezca la normalidad”. Y constata que “continúa siendo efectiva durante el actual estancamiento de facto [en el frente]” porque “las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizan estos ataques para proyectar fuerza y ​​asegurar que el conflicto continúe”. Sin embargo, el gobierno militar también ha sido criticado por precipitarse a la hora de llamar a la gente a volver a zonas del país que ha ido recuperando sin realizar ni los preparativos ni las inversiones necesarias para acomodar el flujo. En el caso de funcionarios y de estudiantes incluso ha forzado a menudo su regreso bajo amenazadas de despidos y de bajas académicas. Estas llamadas, junto con el deterioro de las condiciones en zonas de acogida, han contribuido a reducir el número de desplazados internos en Sudán hasta los 8,8 millones en junio, un 24% menos que en el pico registrado a principios de 2025. Sin embargo, muchos retornados se encuentran con ciudades devastadas, economías colapsadas y planes de reconstrucción muy limitados, lo que está trasladando el peso de cualquier recuperación a los propios ciudadanos. Existe una clara frustración ante la incapacidad del Gobierno para prestar servicios mientras insta a la gente a regresar a JartumNohad Eltayeb, investigadora de ACLED“Existe una clara frustración ante la incapacidad del Gobierno para prestar servicios mientras insta a la gente a regresar a Jartum”, observa Eltayeb. “Por ejemplo, los campus universitarios se vieron obligados a reabrir a pesar de la falta de infraestructura y recursos para ello, lo que contribuyó a una huelga nacional de profesores de educación superior a inicios de año”, nota. Para Khair, que dirige el centro de análisis fundado en Jartum Confluence Advisory, tanto los grupos profesionales como los comités vecinales organizados “llevan en el ADN que la forma de hacer saber a cualquier autoridad administrativa que sus demandas no han sido escuchadas es a través de protestas, huelgas y barricadas, y esto es exactamente lo que estamos viendo”. “Esta guerra librada contra los civiles y la vida cívica por el ejército, las RSF y elementos islamistas del antiguo régimen busca principalmente militarizar la sociedad sudanesa”, juzga Khair. “Pero estas protestas muestran que continúa existiendo un compromiso firme con la acción cívica, tanto a nivel de base y de barrio como en el ámbito profesional, a través de sindicatos y asociaciones” añade. “Para mí”, desliza, “este es el gran motivo de esperanza”.