Desde que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidiera imputar a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro contra la administración de justicia cometidos en el marco del caso Leire Díez, el Partido Popular no ha parado de pedir su dimisión y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber "mentido, tapado y respaldado" a la jefa del Instituto Armado. Sin embargo, no ha habido ningún movimiento de este tipo, más allá del respaldo del ministro hacia la responsable política del Cuerpo. Por eso, el PP pide ahora explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al no haber instado a los ceses "pese a que la ley establece la responsabilidad". El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas al Ejecutivo, en las que recuerdan que según el Régimen del Personal de la Guardia Civil, aunque la decisión de cese de ambos cargos depende del ministro del Interior, desde el Ministerio de Defensa se tiene la potestad de instar al cese "tras procesamiento, imputación o medida cautelar en proceso penal". La normativa del cuerpo establece que Robles podría proponer la suspensión de funciones tras valorar la gravedad de los hechos, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio al régimen del Instituto y la alarma social. Y el ministro del Interior decidiría después si conlleva el cese. Los populares consideran que los delitos imputados al DAO de la Guardia Civil y a la directora de la institución son, precisamente, los que el artículo en cuestión del régimen contempla como más graves para valorar la suspensión, "pues la alarma social es máxima y es la primera vez que se imputa a la cúpula operativa de la Guardia Civil en ejercicio". Por ello, dirigen al Gobierno dos preguntas: qué razones tiene la ministra de Defensa para no haber incoado aún los correspondientes expedientes disciplinarios y de suspensión y qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio dirigido por Robles tras la imputación judicial de la directora general de la Guardia Civil y de su número dos. Precisamente, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha apuntado esta mañana a la ministra, al recordar que la ley la señala a ella también para instar al cese: "Le instamos nosotros y le exigimos que actúe", ha aseverado. También ha valorado la situación tras la imputación de ambos cargos como "insostenible", a la par que se demuestra que "en España nadie está por encima de la ley" y que "el Poder Judicial actúa". En la misma línea, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha denunciado que "las personas que deberían estar persiguiendo el delito, presuntamente están cometiendo delitos" y ha criticado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "no pueden seguir con presuntos delincuentes al frente".