Candidato, marca y nuevas adhesiones. Son los deberes que Izquierda Unida le pone a la nueva alianza de izquierdas —de la que participa junto a Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar— en el borrador del informe político de su próxima coordinadora federal, al que ha tenido acceso Público. "Urge levantar una alternativa estatal de izquierda transformadora", apremian en el documento —que se debatirá este sábado 4 de julio— los de Maíllo, señalando en la dirección de la gira Un paso al frente. Una "base", en cualquier caso, "insuficiente" si no se despejan "a la mayor brevedad" las incógnitas del candidato y la marca para las generales de 2027. PublicidadDesde IU, apuestan, además, por integrar, "bajo las fórmulas diversas", al resto de fuerzas políticas que, en el 23J, dieron vida a Sumar. No para recomponer el espacio del pasado, matizan los de Maíllo, sino para tejer "una nueva confluencia para una coyuntura distinta", marcada por el desgaste del PSOE, el auge del tándem PP-Vox y la fragmentación de las izquierdas. Un "frente amplio" que, dibujan en IU, se construya a partir de los territorios y "desde el reconocimiento" mutuo entre organizaciones de vocación estatal y autonómica.El curso político que se inaugura en septiembre, a la vuelta del parón veraniego, será, para los de Maíllo, "clave" para el rumbo de España. "O cae definitivamente en manos del bloque reaccionario global —con el presidente estadounidense, Donald Trump, a la cabeza— o, con dificultades, sigue avanzando en la construcción de derechos", entreven dos alternativas en juego en las próximas elecciones municipales, autonómicas —en hasta diez comunidades— y, sobre todo, generales. De ahí que, en IU, no estén dispuestos a dejarse llevar por el derrotismo, poniendo en valor algunos de los últimos hitos de la legislatura, como el acuerdo con el PSOE para despenalizar los delitos de opinión —las injurias a la corona y las ofensas religiosas—, el desbloqueo de la ley de nacionalidad saharaui o un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que califican de "histórico", con más de 1.174.978 solicitudes, de las cuales el 52% —608.000— están ya tramitándose.Queda tarea, reconocen los de Maíllo. La más urgente, marcan en rojo, derogar las "mordazas" que el gobierno del popular Mariano Rajoy introdujo en la Ley de Seguridad Ciudadana "para limitar el derecho a la protesta y a la manifestación". Una "prioridad", tiran de las orejas al PSOE, para la que "sí existe una mayoría suficiente" y no vale, por tanto, escudarse en el lodazal de la aritmética parlamentaria. Tampoco puede terminar la legislatura sin avanzar en la democratización de la justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exigen los de Maíllo. La primera, "para evitar que una parte de la judicatura trabaje para tumbar a un gobierno democrático"; la segunda, "para que no haya más cloacas ni policías políticas". Para ambas "hay tiempo y hay apoyos", recoge el borrador de Izquierda Unida, junto con la convicción de que, "por este camino", será posible reeditar, en 2027, el gobierno de coalición progresista.No dejan por ello de mostrarse contundentes con el Partido Socialista, al que le exigen "explicaciones y responsabilidades" sobre los casos de corrupción que afectan a sus filas. "Sabemos diferenciar entre operativas antidemocráticas y golpistas —como la sentencia al fiscal general del Estado o el lamentable acoso y derribo del juez Peinado contra Begoña Gómez— y entre casos de corrupción intolerables", dibujan la línea que separa el lawfare de la corrupción. Sobre esta última, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso el pasado 24 de junio les pareció "decepcionante". "El presidente no puede, al mismo tiempo, sacar pecho por las medidas que ha implantado en su partido para aumentar la transparencia y prevenir la corrupción, y no haber impulsado desde el Gobierno ninguna de las medidas anticorrupción que acordamos el año pasado", afean a su compañero en el Consejo de Ministros con el Plan Estatal de Lucha contra la corrupción en la mano.PublicidadEs aquí donde aprovechan para presumir del último compromiso que le han arrancado a los de Sánchez: volver a llevar al Congreso la prórroga de alquileres. Antes del 31 de julio, recuerdan desde IU, se votará en la cámara "un paquete de medidas sobre vivienda" que, junto con la prórroga, incluye la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos. Todo ello pasa, "necesariamente", por la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un "debate de país" que permita "confrontar modelos con el bloque reaccionario" y que, critican, el PSOE no debe, bajo ningún concepto, instrumentalizar como "salida política" a su corrupción, como paso previo a la convocatoria electoral o como "puesta de largo" de su programa para las generales de 2027. Los PGE, concluyen desde IU, son la "oportunidad" para blindar los servicios públicos —educación, sanidad o dependencia—, para intervenir en el mercado de la vivienda, para consolidar nuevos derechos y para "poner frente al espejo" a las derechas.