El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, ha sacado la calculadora para, a través de los números, hacer entender a la ciudadanía lo que implica destinar la friolera de 6.200 millones de euros en lo que queda del 2026 (algo más de 2.000 millones) y 2027 (el resto). A esta cantidad, que ya han empezado a distribuir entre las comunidades, hay que sumar los aproximadamente 3.500 millones anuales.Según datos facilitados por este ministerio, las listas de espera para acceder a una prestación efectiva se reducirán en 70.000 personas, lo que, según sus cálculos, es reducir algo más de un 47%. Hay que recordar que entidades como la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que dirige José Manuel Ramírez, cifran las listas de espera en 265.503, al incluir tanto a las que aguardan una valoración como a las que, teniéndola, no han recibido aún el servicio y la prestación.Según las estimaciones de Derechos Sociales, a finales de 2027 habrá unas 417.000 personas más que recibirán una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 25% respecto a 2025, y una cifra total de casi 2,1 millones de personas atendidas dentro del sistema.Pero esto no acaba en 20027. Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación más allá del año próximo, ya que esta mayor aportación estatal a las comunidades es estructural: las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.La nueva financiación debe mejorar los salarios del personal de dependenciaPara Ramírez, la inversión que desde el 1 de julio están recibiendo las comunidades autónomas deben servir para agilizar los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio (actualmente en 38 horas al mes de media) e incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares (actualmente de 262 euros al mes de media). También para subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio (actualmente 567 euros al mes para plaza de residencia) y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios. Además, esta nueva financiación debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del sistema de atención a la dependencia y de las residencias.Según explicó Bustinduy, esa partida extra suponen un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia. Cuantías que serán duplicadas en el caso de personas con mayor dependencia y que, por tanto, requieren más recursos.Así la transferencia para el grado III (gran dependencia) subirá un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros. Las cuantías para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, de 130 euros al mes a 260 euros. Y para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.Redactora jefa de La Vanguardia en la delegación de Madrid, especializada en temas sociales. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.