Hay historias que, por su magnitud, dominan la agenda pública. Y hay otras que lo hacen por el nivel de improvisación que revelan. El caso que involucra al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, pertenece a esta segunda categoría. Lo verdaderamente llamativo no son solamente las denuncias que hoy investiga la Justicia, sino la forma en que fueron surgiendo. Cada día aparece un nuevo episodio que transmite una sensación inquietante: la de un Estado administrado con una ligereza incompatible con la responsabilidad de gobernar. The Wall Street Journal analizó el caso Adorni y advirtió que la crisis podría afectar el respaldo de Trump a Milei
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Las revelaciones sobre consumos con tarjetas de crédito, los mecanismos utilizados para realizar compras, la participación de funcionarias y los relatos incorporados al expediente judicial dibujan un escenario que, como mínimo, resulta difícil de explicar desde la lógica de la administración pública. Si los hechos denunciados terminan acreditándose, no hablaríamos únicamente de posibles irregularidades, sino también de una manera extraordinariamente torpe de ejercer el poder. Resulta difícil comprender cómo alguien que ocupó uno de los cargos más importantes del país pudo quedar expuesto por procedimientos que parecen más propios de una improvisación permanente que de una estructura estatal profesional. La política argentina está acostumbrada a los escándalos, pero pocas veces estos aparecen rodeados de semejante nivel de desprolijidad. Todos los audios que incriminan a Manuel Adorni: "Es un tema de alta volatilidad, confiá en mí" Según trascendió en la investigación, una funcionaria declaró que realizó compras por pedido del entonces jefe de Gabinete y que posteriormente el dinero le habría sido reintegrado por Bettina Angeletti, esposa de Adorni, incluso mediante pagos en efectivo. Será la Justicia la que determine si esas declaraciones se corresponden con hechos ilícitos o si existe una explicación compatible con la ley. Pero el daño político ya está hecho. Luego llegó el argumento habitual: culpar a la prensa por involucrar a la familia. Sin embargo, cuando familiares participan de operaciones que luego forman parte de un expediente judicial, es imposible pretender que permanezcan completamente al margen del debate público. No es el periodismo el que incorpora a esas personas en la discusión; son las propias decisiones de los funcionarios las que las colocan allí. Adorni renunció al directorio de YPF Todo esto proyecta una imagen preocupante sobre el funcionamiento del Gobierno. Porque un jefe de Gabinete no administra una oficina privada: administra el Estado. Y esa función exige profesionalismo, transparencia y, sobre todo, sentido de la responsabilidad. Mientras tanto, otra investigación vuelve a ocupar un lugar relevante. El caso que involucra a Andrés Vázquez, titular del ARCA, regresa a escena con exhortos judiciales enviados a Estados Unidos para intentar reconstruir operaciones patrimoniales que, desde hace años, generan interrogantes. Es una historia conocida, que vuelve una y otra vez porque las respuestas nunca terminan de aparecer. La Argentina parece atrapada en un ciclo repetitivo. Cambian los gobiernos, cambian los nombres, cambian los discursos, pero las sospechas sobre el manejo del poder siguen ocupando el centro de la escena. Y eso termina erosionando la confianza pública mucho más que cualquier crisis económica. Renunció Aimé "Meme" Vázquez, la mano derecha de Adorni en la jefatura de Gabinete La discusión ya no pasa solamente por determinar responsabilidades penales. Para eso están los jueces. El verdadero problema es político e institucional. Cada episodio de improvisación, cada explicación insuficiente y cada nueva denuncia profundizan la percepción de que quienes administran el Estado muchas veces no comprenden la dimensión del cargo que ocupan. Y cuando la torpeza empieza a competir con la corrupción como principal explicación de los escándalos, la degradación institucional alcanza un nivel todavía más preocupante. CS/ff
