Los médicos están en pie de guerra. Los de la sanidad pública, que llevan largos meses de protestas y huelgas exigiendo un convenio laboral propio (el estatuto marco engloba a todos los profesionales sanitarios) y los de la privada, que trabajan mayoritariamente para las aseguradoras sanitarias. Estos últimos han anunciado que en septiembre emprenderán acciones legales contra los baremos (honorarios de cada actividad médica) que las compañías aseguradoras y los grupos hospitalarios aplican a los médicos que trabajan en la sanidad privada.Así lo han decidido esta misma semana, en la asamblea anual de Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre (Unipromel), que lidera Ignacio Guerrero, que lleva años denunciando lo que califica de “tarifas vergonzosas”. Según datos de esta asociación, alrededor de 25.000 médicos trabajan en el sector privado, de los cuales unos 7.500, es decir, el 30%, estarían encuadrados como falsos autónomos.¿Cuáles son estas tarifas? Pues depende de la compañía, pero según fuentes sindicales, incluida la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), los baremos medios oscilan entre los 10 euros por paciente para un médico de medicina general (la segunda consulta, menos); 20 euros por paciente en las consultas de un especialista y, por actividad quirúrgica, con una rebaja de un 80% respecto a lo que cobraría en una consulta privada. Un ejemplo: 300 euros por parto, otros tantos por cataratas o la mitad por cirugía de menisco o artroscopia de hombro o de rodilla.Desde ATA denuncian que existen casos de fisioterapeutas que reciben cinco euros por una sesión de 45 minutos o cirujanos que cobran entre 22 y 45 por realizar una fimosis o extirpar un tumor de mama. El núcleo de la estrategia de Unipromel consiste en reclamar la nulidad de las cláusulas de baremo cuando se imponen sin negociación previa. La asociación sostiene que estas tarifas funcionan como contratos de adhesión y que el médico debería poder fijar sus honorarios mediante criterios objetivos, dejando que la aseguradora cubra la parte pactada y que el paciente asuma la diferencia por la vía del reembolso o el copago.¿Copago? Guerrero defiende que es insostenible mantener el sistema que las aseguradoras han establecido: seguros de 30 euros, sin copago, a costa del médico. Y relata que estas compañías han atraído a un sinfín de pacientes que, huyendo de las listas de espera de la sanidad pública, se han sacado unos seguros low cost. A los médicos de estas compañías no les queda otra, aseguran, que trabajar a destajo y ver a un paciente tras otro sin parar. Pero es tal la cantidad de pacientes, que lo que antes se atendía en unas semanas ahora se tarda meses, “y siempre se prioriza al que viene como consulta privada; es decir, pagando la consulta íntegra”, explica Guerrero.El recorrido judicial previsto arrancará con una petición formal de negociación, continuará con una mediación obligatoria y terminará, si no hay acuerdo, con una demanda de conciliación previa al juicio. No es la primera denuncia que interponen los médicos privados. Tras largos meses esperando que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), órgano del Ministerio de Economía encargado de supervisar el mercado asegurador, respondiera a las quejas emitidas contra estas empresas, el presidente de Unipromel aseguró a La Vanguardia que no les había quedado “más remedio” que acudir ante los tribunales por la inacción de la administración.Entre las prácticas que Unipromel considera anticompetitivas se encuentra la imposición de tarifas por debajo de los costes reales, con la amenaza de excluir a los médicos que no acepten estas condiciones del cuadro de profesionales. Esto, según la denuncia, “limita el derecho del paciente a elegir el profesional médico habilitado legalmente para la prestación del servicio de asistencia sanitaria”.Otro de los puntos clave de la queja es la restricción de la libre elección de facultativo, ya que aquellos profesionales que no estén integrados en los cuadros médicos de las aseguradoras quedan excluidos del sistema, aunque cumplan con todos los requisitos legales y profesionales.Redactora jefa de La Vanguardia en la delegación de Madrid, especializada en temas sociales. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.