Algunos sostienen que lo mejor para la sociedad es permitir que la búsqueda del interés personal y grupal avance sin impedimentos, bajo la premisa de que así se construye el bienestar colectivo. Desde esta perspectiva, los consumidores persiguen su propio beneficio y es la interacción entre la oferta y la demanda la que genera el bien común. Esta idea se conoce como la “mano invisible del mercado”, un concepto atribuido a Adam Smith, el célebre economista y filósofo escocés del siglo XVIII.Sin embargo, es necesario contrastar esto con otro pensamiento de Smith, quien sostenía que “donde hay una gran propiedad, hay una gran desigualdad”. Esta afirmación evidencia su inclinación, como filósofo moral, hacia la búsqueda constante del bienestar de las grandes mayorías; un fin que, según su teoría, se podría alcanzar mediante la apertura de los mercados.Resulta difícil asumir esa posición teórica en la actualidad. Los intereses de las grandes mayorías deben protegerse desde varios frentes, especialmente a través de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación universal, el acceso a la salud y el cuidado de la calidad de vida de quienes apenas tienen para sobrevivir. La libre acción del mercado podría tener algún sentido moral si la situación económica y social de los pueblos estuviera resuelta. De lo contrario, el interés de aquellos que poseen ingentes recursos económicos se impone de forma arrasadora, incrementando el patrimonio personal o corporativo sin que esa realidad aporte al desarrollo común.En ese modelo social, los sectores mayoritarios son vistos únicamente como consumidores potenciales, excluyendo su bienestar y el de sus familias de los planes de comercialización. Las sociedades con profundas asimetrías, como la ecuatoriana en particular, representan el escenario propicio para estas formas imperantes de hacer negocios, donde el beneficio individual no supera la inequidad, sino que la incrementa sin cesar.Por lo tanto, es indispensable fortalecer, tanto en el plano local como en el global, los procesos que buscan la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Aunque estas metas se adoptaron en 2015 con el compromiso de alcanzarlas para el 2030, estas declaraciones han ido perdiendo fuerza como referentes de las políticas estatales y mundiales.Actualmente, el panorama nacional está marcado por la contaminación ambiental, una pobreza latente y la concentración de la riqueza en pocas manos. La educación gratuita es de baja calidad y no cumple sus objetivos, mientras que la salud pública y la gestión institucional se encuentran en un estado deplorable. En estas condiciones, la libre competencia no soluciona las crisis; al contrario, profundiza la injusticia. Sin una intervención estatal ética y eficiente que reestructure los servicios básicos y preserve el medioambiente, el país seguirá alejándose de las metas de desarrollo global, perpetuando un círculo vicioso de delincuencia, exclusión y desamparo. (O)