El 29 de julio de 2014, Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, compareció con rostro apesadumbrado y tono grave para anunciar que Jordi Pujol i Soley le había comunicado su renuncia a todos los denominados "privilegios" que le correspondían como expresidente del Gobierno catalán. Perdía así su sueldo vitalicio (más de 80.000 euros anuales), la oficina en el Paseo de Gracia, el personal de asistencia y el coche oficial. Pujol dejaba también la presidencia de Convergència Democràtica de Catalunya y no volvería a utilizar el título de "molt honorable" con el que se distingue a los presidentes y expresidentes de la Generalitat. Apenas tres días antes, el 25 de julio de 2014, Jordi Pujol había publicado una carta en la que reconocía que durante más de treinta años dispuso de depósitos bancarios en Andorra con fondos no declarados a la Agencia Tributaria. Confesaba su error y explicaba que ese dinero opaco procedía de la herencia de su padre. Hoy, quien fuera presidente de la Generalitat durante 23 años ha sido declarado inimputable por deterioro de sus capacidades cognitivas y, en consecuencia, no será juzgado. Sí lo han sido sus hijos. En ocasiones hay que recurrir a precedentes para cimentar una tesis que, en este caso, se refiere a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, imputado por varios delitos en un procedimiento penal en el que se ha abierto una pieza separada para investigarle también por contrabando y delito fiscal por la posesión de joyas valoradas en más de 1.300.000 euros. Se desconoce su origen y, por el momento, el interesado no ha justificado fehacientemente la regularidad de su propiedad. TE PUEDE INTERESAR Los indicios, muy sólidos, apuntan a que las conductas susceptibles de tipificarse como "tráfico de influencias" y otros delitos por los que está imputado Zapatero se habrían cometido valiéndose de sus privilegios como expresidente del Gobierno. Es decir, ha gozado —y sigue gozando— del estatus que le garantiza el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, que incluye: Tratamiento protocolario de "presidente" Apoyo, cuando se encuentre en el extranjero, de los servicios españoles de representación diplomática Asignación de dos puestos de trabajo de libre designación, uno de nivel 30 y otro de nivel 18 Dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquiler de inmueble Automóvil de representación con conductores de la Administración General del Estado Seguridad personal según criterio del Ministerio del Interior Libre acceso a los medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo de titularidad estatal Cuando cesó en la presidencia (2011), recibió una pensión compensatoria y pudo acceder —y lo hizo— al Consejo de Estado como miembro permanente (vitalicio) de este organismo asesor. Cuando abandonó el Consejo en 2015, inició una especie de segunda vida que ha acabado en un juzgado central de la Audiencia Nacional. El expresidente del Gobierno no ha renunciado a ninguna de estas prestaciones con cargo a los presupuestos prorrogados del Estado (ya tres años). Ni siquiera se ha planteado hacerlo. Sin rodeos: los contribuyentes españoles hemos financiado la estructura que le ha servido a Zapatero como plataforma para sus muy probables fechorías. Entre ellas, hemos pagado —y seguimos pagando— el sueldo de su fiel secretaria, Gertrudis Alcázar, que compareció el lunes en el Senado mostrando una fidelidad perruna al expresidente que, con seguridad, le trasladará buena parte del "marrón". El eventual dolo de "Gertru" podría diluirse en una mal entendida lealtad a su jefe durante décadas, que le habría transmitido no solo una sensación de impunidad, sino también de moralidad. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero la señora Alcázar sería, en este episodio sórdido, la menos responsable de cuantos actores interpretan el esperpento protagonizado por el "faro moral" del progresismo. Es muy posible que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña presionara en 2014 a Jordi Pujol para que fuese él quien renunciara a su estatus privilegiado, entre otras razones porque no existen mecanismos previstos para retirárselo. El mismo supuesto concurre ahora: no hay disposición normativa que establezca la pérdida de la condición privilegiada de expresidente del Gobierno. Quizá porque mantener ese cúmulo de prerrogativas no depende tanto de la aplicación de una ley o de un real decreto como de la decencia de quien las disfruta. Y es precisamente decencia lo que falta. Pero aquí no acaba el asunto. El magistrado José Luis Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse, a través de la Abogacía del Estado, en la pieza separada abierta para investigar el posible contrabando y delito fiscal en relación con las joyas halladas en el despacho de Zapatero, con el fin de defender el interés público: que un contribuyente pague lo que debe a Hacienda. No consta que el abogado general del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, cuyo titular es Félix Bolaños, haya ordenado dicha personación en la causa. El ministro de Hacienda, Arcadi España, dice que la decisión es ‘de los técnicos’. No debería tomar a los ciudadanos por tontos. TE PUEDE INTERESAR Escribió la eximia Marguerite Yourcenar que "la moralidad es una convención privada; la decencia, una cuestión pública". Pues bien, más allá de cualquier moral, es la decencia la que exige que José Luis Rodríguez Zapatero renuncie —voluntariamente o por indicación de quien pueda imponérselo— a sus privilegios y mantenga únicamente la protección policial para él y su familia. Y que sea el PSOE, y no los contribuyentes, quien asuma el sueldo de Gertrudis Alcázar. Es decir, que el expresidente siga los pasos de Jordi Pujol hace de eso ya doce años. El 29 de julio de 2014, Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, compareció con rostro apesadumbrado y tono grave para anunciar que Jordi Pujol i Soley le había comunicado su renuncia a todos los denominados "privilegios" que le correspondían como expresidente del Gobierno catalán. Perdía así su sueldo vitalicio (más de 80.000 euros anuales), la oficina en el Paseo de Gracia, el personal de asistencia y el coche oficial. Pujol dejaba también la presidencia de Convergència Democràtica de Catalunya y no volvería a utilizar el título de "molt honorable" con el que se distingue a los presidentes y expresidentes de la Generalitat.