A mediodía, con el termómetro por encima de los 40 grados y el viento del sur resecando aún más los rastrojos, cientos de cosechadoras permanecían inmóviles en explotaciones de las tres provincias aragonesas. No era una avería ni una tormenta la que había detenido la campaña del cereal. Fue la orden del Gobierno de Aragón que activó la alerta roja plus por riesgo extremo de incendios y prohibió durante 48 horas las labores de cosecha y empacado en prácticamente toda la comunidad.
La decisión, adoptada en uno de los fines de semana de mayor tensión del inicio del verano, con incendios activos en Aragón, Cataluña, Castellón, Navarra y Castilla y León, según asegura el Gobierno de Aragón, buscaba reducir al máximo el riesgo de nuevos focos y garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de extinción. “Había que poner en una balanza la pérdida de unos días de cosecha y la protección de las personas”, defendía el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al insistir en que se trataba de una decisión “técnica, no política”.
Pero mientras las máquinas han estado paradas, en el campo se ha desatado otro incendio, esta vez dialéctico. Las organizaciones agrarias consideran que la paralización de la cosecha no resuelve el problema de fondo. A su juicio, se está poniendo el foco sobre quienes trabajan la tierra cuando el verdadero debate debería centrarse en si Aragón dispone de “medios suficientes para prevenir y extinguir incendios” en campañas cada vez más largas, más secas y más exigentes.
