Al completarse cuatro meses del periodo fijo que tenía para anunciar quién sería el próximo titular de la Fiscalía General que reemplace a Diana Salazar, la comisión ciudadana que realiza las etapas del concurso público pidió que se suspendan los términos y plazos debido a que el proceso está “paralizado”. En una sesión de este miércoles, 1 de julio —convocada para admitir el acta de una sesión en la que se aprobó el acta de otra sesión—, la comisión ciudadana aprobó un pedido dirigido al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que se suspendan los plazos y términos que están corriendo para la selección de un fiscal general. El reglamento para el funcionamiento de las comisiones ciudadanas, dispuesto por el CPCCS, da un periodo fijo para realizar el concurso de selección de cuatro meses y dos meses adicionales. Publicidad“Los miembros de las comisiones ciudadanas ejercerán sus funciones por un periodo fijo de cuatro meses, contados a partir de su posesión, periodo en el cual deberán llevar a cabo todo el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la autoridad estatal”, señala el artículo 75 de dicho reglamento.Agrega que en caso de “situaciones no previstas ajenas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se podrán prorrogar las funciones de las comisiones hasta por un periodo adicional de hasta dos meses mediante resolución motivada del pleno, en el que se valorará el estado de avance del proceso”. De no llegar a concluir en el periodo determinado, los comisionados serán cesados en funciones y se remitirá a la Contraloría General del Estado el caso para que se analicen posibles responsabilidades civiles y administrativas.PublicidadPublicidadLa resolución aprobada por siete (de diez) de los comisionados —no hay tres— dispuso también que se elabore un informe jurídico que motive el pedido. Además, porque el reglamento ordena que, para dar paso a la suspensión de términos y plazos, debe haber un informe de la comisión ciudadana o de la coordinación de asesoría jurídica. El proceso se paralizó el 11 de junio anterior debido a que el pleno del CPCCS no se pronunció respecto del informe de actividades de los comisionados, que incluía el expediente final de calificaciones de méritos de 28 postulantes a ser fiscal general. Hubo reclamos y alertas de las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán de una aparente aplicación irregular de los procedimientos para conceder las calificaciones que afectó a unos concursantes y benefició a otros.En esa sesión, David Rosero se ausentó y el ahora exconsejero Roberto Gilbert se abstuvo, por lo que solo Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez se pronunciaron sobre el informe. Luego de ese día, el CPCCS no ha vuelto a tratar este caso y Gilbert renunció a su cargo debido a que en la plenaria virtual del pasado 11 de junio, cuando se trataba este punto, apareció el postulante José de la Gasca caminando mientras el hoy exconsejero cuestionaba los puntajes. La comisión ciudadana actualizó el cronograma de actividades para tener electo al fiscal, pero no ha sido aprobado por los consejeros de Participación Ciudadana, por lo que hasta la fecha se han concretado los cuatro meses de funciones que les da el reglamento para anunciar quién sería el nuevo fiscal. PublicidadLos comisionados fueron posesionados el pasado 22 de enero, pero con la anuencia del CPCCS se resolvió que los términos se contabilicen desde el 18 de febrero, cuando se convocó a los abogados a inscribirse en el concurso. (I)