24 de agosto, 2026 - 08h00Posibles incumplimientos de requisitos para ocupar cargo público y falta de probidad notoria son las principales causales que sostienen 38 impugnaciones admitidas a trámite en contra de 25 aspirantes a ser titular de la Fiscalía General del Estado. En las últimas horas, en el portal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se publicaron los escritos de las impugnaciones planteadas en contra de 25 participantes en el concurso público de méritos, impugnación y oposición para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía para un periodo de seis años. La comisión ciudadana -un cuerpo colegiado de diez personas- que está encargada de realizar el concurso admitió a trámite 38 impugnaciones y once se inadmitieron.PublicidadComo parte del proceso, hasta este viernes (21 de agosto) los impugnantes tenían como plazo para apelar a las resoluciones de inadmisión que serán resueltas por los consejeros de Participación Ciudadana. El CPCCS tiene otros tres días para conocer y resolver.Una vez que se supere esta etapa, la comisión ciudadana convocará a la instalación de audiencias públicas para sustanciar las 38 objeciones y escuchar las pruebas de cargo y descargo de las partes involucradas. PublicidadPublicidadDe los 25 postulantes impugnados están los tres mejores puntuados en la fase de méritos, como son Daniella Camacho, Inés Romero y Carlos Alarcón.A la postulante Daniella Camacho, actual jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la objetan por falta de probidad por su ejercicio en el cargo. Por ejemplo, la observan porque en el caso conocido como Las Torres, en el que fue procesado el excontralor del Estado Pablo Celi, ella se excusó de ser parte del tribunal penal porque mantenía una “amistad íntima manifiesta” con el procesado, recoge la impugnación planteada por el ciudadano Gary Cedeño.A su criterio, de llegar a ser electa fiscal, podría afectar su desenvolvimiento en el caso en el que deba pronunciarse sobre un recurso legal futuro. Otra de las objeciones es de la ciudadana Fabiola Andrade, por un diploma de honoris causa que recibió de un centro académico de México. Se señala que en el denominado caso Plaga consta el testimonio de Michael Hernández, en el que se relata que este reconocimiento habría sido financiado por terceros privados. PublicidadA la postulante Inés Romero se la objeta por falta de probidad, esencialmente, porque en su documentación obtuvo un punto por acción afirmativa al señalar que vivía en una parroquia rural de Pichincha. El accionante Carlos López ejemplificó que cuando Romero se postuló en el concurso de selección de la autoridad de la Defensoría Pública (en el 2022) residía en un sector de Quito. También la impugnó la ciudadana Mónica Jaramillo, quien alegó que cuando Romero participó en el concurso de selección del defensor público el CPCCS aceptó una impugnación en su contra. Al actual fiscal subrogante, Carlos Alarcón, lo objetó el ciudadano Álex Arboleda, quien lo señala porque existiría una investigación previa por la presunción de un delito de perjurio. Entre otros aspirantes impugnados está Samno Macías, exjuez de la Corte Nacional, porque en su contra habría investigaciones judiciales. En contra de Juan Guaño impugna la ciudadana Camila Parra por posibles inconsistencias en la calificación de méritos. Al aspirante Patricio Haro lo objetó Jeremy Guanoquiza, quien menciona inconsistencias en la calificación de sus méritos en cuanto a acreditar puntos por su experiencia en gestión administrativa. Aquellas impugnaciones que sean aceptadas por parte de la comisión ciudadana tendrán como consecuencia la descalificación de los concursantes. No obstante, podrán apelar ante el Pleno del CPCCS, para lo que habrá un periodo de, al menos, siete días para conocer su resolución, que será de última y definitiva instancia. (I)