El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado al Ministerio de Justicia a reconsiderar su decisión de no financiar las medidas de refuerzo que se habían solicitado para 62 órganos judiciales de toda España, advirtiendo de que, si se mantiene firme en su postura, habrá suspensiones de actuaciones judiciales que considera “imprescindibles” para garantizar los derechos de los ciudadanos. Fuentes ministeriales replican que, solo en lo que va de año, se han autorizado 232 medidas de apoyo, denegando únicamente 64, entre otras cosas, porque el Consejo ha excedido con mucho (unos cuatro millones) el límite presupuestario pactado para estos refuerzos.Así se ha pronunciado la Comisión Permanente ―el órgano ejecutivo del CGPJ― en una reunión extraordinaria celebrada este miércoles para abordar, entre otras cosas, estas necesidades de refuerzo judicial, que solo estaban pendientes del aval económico previo del ministerio que dirige Félix Bolaños. En un comunicado, los vocales muestran su “preocupación” por la decisión de Justicia de denegar “la autorización económica de múltiples medidas de apoyo y refuerzo solicitadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial”. Además, la Comisión Permanente critica que el ministerio les ha comunicado su decisión en el último momento, concretamente “la víspera de la fecha en que estas medidas debían ser aprobadas o prorrogadas, el 30 de junio”. La Comisión Permanente asegura que “esta circunstancia ha impedido al CGPJ proponer la reconsideración de estas medidas o alternativas, dentro del margen de sus competencias, a fin de tratar de paliar los perjuicios que provocará esta decisión”. Entre estas consecuencias negativas, el Consejo avanza ya que “obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores”.La resolución dictada por Justicia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, accede a prorrogar algunos de los refuerzos ya aprobados, pero rechaza la mayoría de los solicitados, casi todos relacionados con la jurisdicción civil. Sin embargo, entre los denegados está el juez de refuerzo solicitado por la Audiencia Nacional para su Juzgado Central de Instrucción Número 1, a cargo de Francisco de Jorge. Aunque no justifica su decisión caso a caso, en el arranque de dicha resolución, el ministerio indica que, según la ley, solo puede oponerse a los refuerzos solicitados por el CGPJ por “razones de disponibilidad presupuestaria”, dentro del marco que establezca el protocolo suscrito anualmente por ambos para planificar las medidas apoyo. Y especifica que el último protocolo firmado, de 2019, fija la dotación económica máxima para estos refuerzos en casi 7,2 millones de euros. Fuentes del ministerio de Justicia apuntan que desde el pasado marzo está pendiente la rúbrica de un nuevo convenio por 8 millones de euros.Las mismas fuentes recalcan que, solo en lo que va de año, Justicia ha autorizado 232 medidas de refuerzo por valor de casi 7,9 millones de euros, “es decir, por encima de lo que contempla el convenio actual”, y que únicamente se han rechazado 64. Así las cosas, defienden que “el volumen de denegación se debe a que el CGPJ ha excedido sobradamente el límite presupuestario del convenio en sus solicitudes”, precisando que “todas las solicitadas ascienden casi a 12 millones de euros”.Señalan asimismo que “buena parte de las medidas de refuerzo tienen que ver con asuntos de litigación masiva (cláusulas suelo o reclamaciones de transporte aéreo, por ejemplo)”, exponiendo que para este tipo de asuntos se han aprobado medidas en el primer semestre del 2026 por importe de 1,1 millones de euros y, en el segundo, por 280.804 euros. En la misma línea, resaltan que la nueva Ley de Eficiencia pone en marcha mecanismos para la resolución de ese tipo de asuntos que cree que “deberían ser fomentados”, tales como “el pleito testigo, la extensión de efectos y el concepto de abuso de derecho”. En este punto, las fuentes trasladan su “preocupación” por el hecho de que “el CGPJ no recuerde la existencia de estas herramientas legales, aprobadas precisamente para agilizar este tipo de procedimientos sin coste para la Hacienda Pública”.De todas formas, las fuentes recuerdan que esa misma ley ha permitido la creación de una cifra “récord” de plazas judiciales (500), por lo que confían en que “la necesidad de solicitar y autorizar refuerzos deje de ser un elemento estructural del sistema, ya que los órganos judiciales contarán con más personal y los jueces y magistrados dispondrán de más instrumentos para abordar los asuntos de litigación masiva”.Lo cierto es que el comunicado, suscrito por unanimidad de los siete vocales que forman la Comisión Permanente ―cuatro conservadores y tres progresistas, más la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló―, ha generado cierto malestar en el sector progresista porque lo contemplaba como una medida de último recurso, con miras a entablar un diálogo con Justicia para buscar alternativas al problema suscitado.Este último pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces da cuenta de las constantes tensiones con el ministerio, que han vivido momentos álgidos por las críticas del Ejecutivo a decisiones judiciales y la implantación de los tribunales de instancia, si bien experimentaron un breve paréntesis con el acuerdo para convocar 500 nuevas plazas de juez. Balance “positivo” del primer año de los tribunales de instanciaPrecisamente este miércoles, Bolaños ha hecho balance ante la prensa del primer año de vida de los tribunales de instancia, cuyo despliegue ya se ha completado. A su juicio, es “razonablemente positivo”, teniendo en cuenta los lógicos desajustes que provoca un cambio estructural como el acometido, por lo que ha proclamado el triunfo del “reformismo” frente al “inmovilismo”.El ministro ha sostenido que el resultado es “más jueces, más juicios y menos litigios”. Así, ha detallado que en el último año se han señalado un 7,3% más de juicios y se han celebrado un 5,4% más de vistas; mientras que la entrada de nuevos litigios ha caído un 10% en términos generales y más de un 21% en el ámbito civil, algo que ha atribuido principalmente a la obligatoriedad de recurrir a medios adecuados de solución de controversias (MASC), que se implantaron en abril de 2025, antes de litigar. “Estos datos han permitido que, por primera vez en los últimos 10 años (excepto durante la pandemia), los asuntos pendientes en civil empiecen a bajar tímidamente en lugar de subir”, ha destacado Justicia en un comunicado. El ministro ha puesto el acento en que los datos que maneja su departamento son “absolutamente coherentes” con los que ha ido aportando el CGPJ a lo largo del último año, al tiempo que ha recordado que, a pesar de las críticas lanzadas ―a veces “apocalípticas”, ha lamentado―, los tribunales de instancia fueron una demanda unánime del sector, incluidas “todas” las asociaciones judiciales.