La demanda de aumento de financiamiento para el Órgano Judicial genera tensión entre dos de los principales poderes del Estado boliviano.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, amenazó al Ejecutivo y Legislativo con declarar un paro nacional de jueces y vocales para exigir el cumplimiento de una serie de demandas, como la asignación del 5% del Presupuesto General del Estado y la aprobación de leyes para mejorar la administración de la justicia en un plazo de 20 días. “Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48 horas, 72 horas y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, amenazó Saucedo y agregó que la finalidad es conseguir la atención que “merece” la institución que preside.
Bolivia asigna menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado para el funcionamiento de la Justicia, un porcentaje menor al promedio regional que, según datos del Banco Mundial, es del 3,8% del gasto público.
El reclamo de mayor financiamiento busca modernizar el sistema judicial, incorporar más jueces y hacer más eficiente su trabajo.
A este pedido se suma la aprobación de al menos cuatro proyectos de ley que, según los magistrados, están destinados a modernizar y hacer más eficiente la administración de justicia.
