Una de las muchas cosas que unen a los ultras del mundo entero es su empeño en sembrar dudas sobre la limpieza de los procesos electorales. A falta de pruebas en que basar sus denuncias, la estrategia consiste en colocar bajo sospecha algún eslabón del sistema. En Brasil, los seguidores de Jair Bolsonaro lo sitúan en el voto electrónico, que funciona desde hace más de dos décadas sin que se haya demostrado la menor anomalía. En Estados Unidos, el objetivo es el sufragio por correo, señalado por Donald Trump, siempre una inspiración para sus admiradores españoles. Y en Vox han corrido a copiarle El partido de Santiago Abascal se descolgó este martes con la solicitud a la Junta Electoral de que prive del voto por correo a los más de 2,2 millones de españoles censados en el extranjero. La propuesta llega en medio de una campaña, en la que ha entrado también el PP a competir con los ultras, para insinuar un hipotético fraude electoral a través de la llamada ley de nietos. Esa norma -en realidad, una disposición adicional de la ley de Memoria Democrática- permite acceder a la nacionalidad hasta a la tercera generación de descendientes de emigrantes españoles. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha embarcado personalmente en las insinuaciones de manipulación del censo, pese a que él mismo defendía hasta hace poco una ley similar. Vox ya movió ficha contra el voto por correo la semana pasada en el Congreso. Denunció ante el pleno que Pedro Sánchez está urdiendo un “posible pucherazo” a través del sufragio a distancia. El partido de Santiago Abascal presentó una propuesta de reforma de la ley electoral para que esas papeletas se contasen aparte, sin mezclarlas en la urna con las demás, como se hace ahora. El resto de los partidos, PP incluido, le replicó que eso podría comprometer el anonimato del voto en los escrutinios de las pequeñas localidades. Los populares, con el propio Feijóo a la cabeza, también habían deslizado insinuaciones sobre el sufragio postal en convocatorias recientes como las últimas elecciones extremeñas o las generales de 2023. Pero esta vez el PP marcó distancias con la extrema derecha. “El problema de España no son las urnas”, zanjó su diputado Rafael Hernando. Pero Abascal guardaba más munición. Y al día siguiente, también en el Congreso, habló directamente ante Sánchez de “pucherazo”, ya sin la cautela del “posible”, a propósito de otro asunto: la ley de nietos, por la que podrían optar a la nacionalidad española unos 2,4 millones de descendientes de exiliados o emigrantes. Entonces salió Feijóo, dispuesto a arrebatar una bandera más a Vox. Y esta semana se sumó al coro, en abierta contradicción con lo que venía defendiendo desde su época de presidente de la Xunta de Galicia. El líder del PP no llega a hablar de pucherazo, pero sí de “ingeniería electoral” para insinuar una posible manipulación. “Es una modificación sustancial del censo”, insistió este martes en Murcia. Como Vox fue el primero en colocar el asunto en la agenda, intenta no perder la iniciativa. Así que este martes, su diputado José María Figaredo anunció una propuesta sin precedentes: la petición a la Junta Electoral para que impida a los residentes en el extranjero votar por correo. El argumento de Figaredo es que en algunos países los funcionarios de los servicios postales no exigen al votante su identificación. Los ultras pretenden que solo se pueda depositar la papeleta presencialmente en las urnas instaladas en los consulados. La propuesta de Vox inviabilizaría el ejercicio del derecho al voto para buena parte de los inscritos en el llamado censo de residentes ausentes (CERA), porque lejos de las grandes ciudades no hay oficinas consulares. Incluso con el sistema actual, la participación electoral de los residentes en el exterior es mínima. En las últimas generales, no votó más que el 8,87% de los censados, 203.115 sobre un total de 2.288.774. Su incidencia en el resultado final resulta irrelevante. En 2023 solo alteró un escaño en Madrid, que lo arañó el PP en detrimento del PSOE. Era la cuarta vez que sucedía algo así en casi medio siglo.La iniciativa de los ultras choca frontalmente con el espíritu de la última gran reforma de la ley electoral pactada por los principales partidos. El propósito de ese cambio legal acordado en 2020 era exactamente el contrario: facilitar la participación de los expatriados. Para ello se derogó el llamado voto rogado. A raíz de una reforma anterior de 2011, la Administración había dejado de enviar de oficio las papeletas a los residentes en el extranjero, que si querían votar estaban obligados a solicitarlas. Eso se tradujo en un desplome de la participación, hasta poco más del 3%. El voto rogado se había impuesto como respuesta a las denuncias de irregularidades, sobre todo en el caso de Galicia, donde el censo de residentes ausentes supone el 17% del total. Diversas investigaciones periodísticas desvelaron, entre otras anomalías, que en países como Argentina, con una multitudinaria colonia gallega, operaban agentes electorales que se dedicaban a comprar el voto o a apropiarse de las papeletas enviadas a los domicilios para luego tramitar ellos mismos el sufragio por vía postal. Era la época en que el PP gallego liderado por Manuel Fraga cosechaba en América resultados por encima del 60%. Las arremetidas de Feijóo contra la ley de nietos suponen un viraje radical a las posiciones que ha defendido a lo largo de los años. En 2022, ya como líder de la oposición y con la vista puesta en las generales, prometió en Buenos Aires una norma todavía más amplia que la que ahora combate. En la capital argentina criticó que la concesión de la nacionalidad se limitase a los nietos de los exiliados y propuso una ley para que también pudiesen optar a ella los emigrantes por “causas económicas”. Esto es lo que, en la práctica, está sucediendo ya. No solo lo dijo Feijóo de palabra. El apartado 344 del programa del PP a las elecciones generales de julio de 2023 rezaba: “La comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada”.Feijóo mantenía así la posición histórica del PP gallego, que él presidió durante 16 años. De ahí que su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, tuviese que hacer este martes malabarismos para no contradecir a su partido y a la vez tampoco renunciar a lo que los populares de Galicia siempre han defendido. Rueda dijo sentirse “preocupado” por las consecuencias del aumento del censo, pero también abogó por que los nietos de emigrantes puedan acceder a la nacionalidad siempre que acrediten “vínculo con nuestro país”. Cuando le preguntaron con qué criterios se mediría tal vínculo, contestó con evasivas. Según los datos del Gobierno, se han admitido hasta ahora 544.772 solicitudes de nacionalidad, de las que 306.000 ya se han registrado. El aumento del censo es, por ahora, poco abultado. En Buenos Aires, por ejemplo, se ha pasado de 337.980 inscritos a 359.263, apenas un 6% más.