Las empresas eléctricas, los grandes consumidores industriales, las aseguradoras y Redeia tienen ya contratados a sus abogados para iniciar una de las batallas más complejas de la historia judicial española, la que debe dirimir las indemnizaciones por el apagón de abril del año pasado. Según fuentes jurídicas, los abogados se encuentran a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decida acerca de los expedientes abiertos a las empresas del sector para poner en práctica sus estrategias. Lo harán mientras a día de hoy, pese al tiempo transcurrido, ningún consumidor ha cobrado indemnización alguna por los daños sufridos ni ningún juzgado ha recibido denuncias reseñables de las grandes empresas.El gran frente judicial tiene implicados a los mayores despachos de abogados del país, con Garrigues, Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Linklaters o Clifford Chance trabajando para distintas partes, en lo que se presenta ya como una de las batallas jurídicas más complejas de los próximos años. Las aseguradoras y las industrias se preparan para litigar contra las eléctricas y, por separado, contra Redeia. De fondo, el conflicto por la responsabilidad enfrenta a estas dos últimas. Por su parte, los generadores de electricidad estudian también denuncias contra el operador de la red.Para no recurrir dos veces, los abogados están pendientes de que la CNMC resuelva los expedientes y dé claridad a lo ocurrido, una vez conocidos los informes del Gobierno, de Redeia y de la organización europea Entso-E, que no van más allá de apuntar a causas multifactoriales. El regulador tiene 18 meses para cerrar su investigación y aún debe valorar si las amplía a nuevas plantas de generación. Por ahora, la instalación fotovoltaica de Núñez de Balboa de Iberdrola no se encuentra entre las investigadas.Las aseguradoras argumentan que hubo un fallo de suministro que no cubren las pòlizasEl papel de las aseguradoras se presenta crucial en la judicialización del incidente. Al no haber una declaración de fuerza mayor que obligue al Consorcio de Compensación de Seguros a asumir las indemnizaciones, estas empresas van a ser activas en los litigios. Ya están transmitiendo que litigarán contra las distribuidoras eléctricas y contra Redeia, evocando el real decreto 1955/2020 para sostener que hubo un fallo de suministro y una responsabilidad objetiva de terceros. Las eléctricas rebatirán el argumento diciendo que el decreto no se hizo pensando en un apagón de este tipo.También está previsto que los grandes consumidores de electricidad denuncien judicialmente por separado a las eléctricas y a Redeia, en lo que aparece como una batalla judicial a múltiples bandas.Además, hay asociaciones de consumidores y despachos que están intentando promover reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado y la CNMC, por no instrumentar los protocolos técnicos necesarios para impedir el apagón. Como dice un letrado, se abre un conflicto judicial inédito, con derivadas por lo penal, lo civil, lo mercantil y lo contencioso-administrativo.Algunos despachos de abogados intentan promover una reclamación contra el EstadoLas fuentes apuntan a que una de las pruebas clave que se va a utilizar consiste en los audios internos de Redeia que el juez José Luis Calama reclamó a la empresa tras el apagón, cuando abrió una investigación ahora archivada sobre un posible sabotaje terrorista. Custodiados por la policía, difieren de los ya publicados, que corresponden a los entregados por las eléctricas al Senado, y podrían contener la prueba definitiva sobre la responsabilidad última del apagón.La gran pregunta sigue siendo a cuánto ascenderán las indemnizaciones. Transcurrido un año, los clientes remitieron sus burofax para evitar la prescripción, lo que a las empresas les sirve para contar con alguna estimación inicial. Hay miles de reclamaciones, pero son de poco volumen.Por separado, hay eléctricas que solo han recibido reclamaciones por un total de algo más de 100 millones de euros. Es una cifra pequeña que no genera ningún problema patrimonial. Sin embargo, en el sector consideran que la parte más cuantiosa de las reclamaciones se ha dirigido a Redeia, al proceder de consumidores electrointensivos conectados a la red de transporte.Más de un año después, ningún consumidor ha sido indemnizado por lo sucedidoPor su parte, el operador no ha realizado provisiones pese al expediente muy grave abierto por la CNMC. Mantiene su estrategia básica, que es la de negar su responsabilidad.Las fuentes aseguran que los grandes consumidores, entre los que citan a Repsol, Mercadona o Iryo, se han limitado por ahora a presentar reclamaciones extrajudiciales, a la espera también de decidir sus próximos pasos.Para los juristas, existe la posibilidad de que los jueces, ante la complejidad del incidente, decidan repartir la responsabilidad entre las diferentes empresas del sector eléctrico. En ese caso, es probable que se abran procedimientos de segunda ronda con riesgo de nuevos enfrentamientos. Su previsión es que el enredo judicial acabe durando años.Dos frentes judiciales y un silencio en torno a la planta de IberdrolaA la espera de los grandes procedimientos judiciales, lo que hay ahora son dos pequeños frentes judiciales en torno al apagón. En el primero, Iberdrola ha denunciado a Redeia tras la declaración en el Senado de su presidenta, Beatriz Corredor, sugiriendo la responsabilidad de la central fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz. La acusa de competencia desleal y de daño al honor. Ya hubo un acto de conciliación al que no acudió Corredor. El caso se sigue en los juzgados de Alcobendas, que es donde tiene su sede Redeia y que corren el riesgo de verse desbordados por los futuros expedientes relacionados con el apagón.En el otro frente, las eléctricas presentaron un recurso contra el Gobierno por el comité creado para investigar el apagón, que se encuentra en la Audiencia Nacional. Entienden que carece de cobertura legal. Mientras, la asociación Aelec, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, ha solicitado información sobre los seguros contratados por Redeia.Otra incógnita gira en torno a la planta Núñez de Balboa, en la que debe dirimirse a nivel técnico si algo funcionó mal o si dejó de operar por las oscilaciones de potencia. No ha sido sometida a inspecciones de la CNMC hasta la fecha. Las periciales practicadas por la empresa no son concluyentes.Redactor de la sección de Economía y Empresas de La Vanguardia. Licenciado en Periodismo (UCM) y en Psicología (UNED). Ha trabajado en Europa Press y en Expansión