Después de varios reveses recibidos por los fallos del Tribunal Supremo en los últimos días que respaldan las políticas antiinmigración de la Administración de Donald Trump, la decisión de mantener la ciudadanía por nacimiento ha sido celebrada ampliamente por las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.“Esta decisión confirma una verdad que generaciones de estadounidenses han hecho suya: un niño nacido en este suelo es ciudadano de esta nación”, declaró Roman Palomares, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). “El Tribunal ha dejado claro que ningún presidente puede pasar por encima de la Constitución mediante un decreto”.LULAC fue una de las partes demandantes en el caso sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. La organización demandó al Gobierno de Trump después de que el 20 de enero, nada más regresar a la Casa Blanca, el republicano firmara una orden ejecutiva para eliminar el derecho como parte de su campaña contra los migrantes. Los hijos de migrantes indocumentados o con residencia temporal no se convertirían en estadounidenses por nacer en el país, cambiando una legislación que está recogida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. La orden de Trump propició varias demandas y los tribunales inferiores impidieron que se aplicara.Los latinos habrían sido la comunidad más afectada por una decisión desfavorable de la corte, ya que son mayoría entre la población indocumentada. Todas las organizaciones dedicadas a su defensa manifestaron en seguida su satisfacción por que el Alto Tribunal haya puesto freno al decreto del presidente, inmerso en una cacería de migrantes que tiene a los latinos como principal objetivo de sus deportaciones. “Con el simple trazo de una pluma, el presidente demostró su disposición a socavar la Constitución al intentar privar de sus derechos a los hijos de familias inmigrantes nacidos en Estados Unidos, atacando precisamente a aquellas personas a quienes la Constitución pretendía proteger”, declaró Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana.Según los datos de Pew Research basados en el censo, en 2023 nacieron 320.000 bebés de madres migrantes indocumentadas o con estatus legal temporal en Estados Unidos, lo que representa alrededor del 9 % del total de 3,6 millones de nacimientos registrados en el país ese año. Aproximadamente 260.000 de esos bebés no habrían cumplido los requisitos para obtener la ciudadanía por nacimiento si el Supremo hubiera mantenido la orden ejecutiva de Trump.“Durante más de 150 años, la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido considerada como un derecho consolidado. Cambiar esa idea tan clara habría causado un caos nunca antes visto y habría socavado la larga historia de respeto a la ley en nuestro país. La Constitución otorga a todo ciudadano estadounidense derechos que ningún presidente, a través de caprichos políticos o intolerancia, debería poder desmantelar o negar a ninguna persona nacida en esta nación”, afirmó Janet Murguía, presidenta y CEO de UnidosUS.Por su parte, Katharine Pichardo, presidenta y CEO de la organización Latino Victory, subrayó que la intención de Trump de anular el derecho a la ciudadanía era fruto de una agenda migratoria basada en “la supremacía blanca y la xenofobia”. “Presentaron su agenda migratoria como una cuestión de seguridad cuando, en realidad, se trataba de negar la ciudadanía a grupos específicos de personas para reconfigurar la identidad estadounidense. Que quede claro: no le corresponde a Trump decidir quién es estadounidense; eso lo determina la Constitución”, dijo.Los magistrados, en una decisión de 6-3, interpretaron que la Constitución garantiza la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en el país, con excepciones muy limitadas. “La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts.La decisión de este martes es una de las pocas en las que el Supremo, de mayoría conservadora, no ha respaldado la agenda migratoria del presidente. La semana pasada el Alto Tribunal apoyó dos iniciativas del Gobierno contra los migrantes: la imposibilidad de solicitar el asilo en la frontera antes de entrar en Estados Unidos y la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350.000 haitianos y 6.000 sirios, que se quedan vulnerables a la deportación. La anulación de la ciudadanía por nacimiento, como quería Trump, se percibió como un límite que ni un tribunal tan proclive a apoyar al republicano podía franquear. “Es la decisión correcta en medio de una avalancha de opiniones de la Corte Suprema que han socavado nuestra democracia. La Corte no podría haberse pronunciado razonablemente de otra manera”, manifestó Thomas Wolf, director de las iniciativas sobre democracia del Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU.