El Tribunal Supremo de Estados Unidos puso este martes fin a una de las mayores batallas legales de la segunda presidencia de Donald Trump al rechazar su intento de limitar la ciudadanía por nacimiento, una de las garantías más consolidadas de la Constitución.En una decisión dividida de seis votos contra tres, la máxima corte tumbó la orden ejecutiva con la que el presidente buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas que permanecen legalmente en el país de forma temporal, como estudiantes, turistas o trabajadores con visa. La resolución supone uno de los mayores reveses para la agenda migratoria de la Casa Blanca y mantiene sin cambios el sistema vigente desde finales del siglo XIX.El fallo también cierra, al menos por ahora, el debate sobre si un presidente puede modificar mediante una orden ejecutiva el alcance de la Decimocuarta Enmienda. Los jueces concluyeron que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución y que solo una reforma constitucional o un cambio de criterio del propio Supremo podrían alterar ese derecho.¿En qué queda el derecho a la ciudadanía por nacimiento?En términos prácticos, no cambia nada. La decisión mantiene vigente el principio de que, con excepciones muy limitadas, toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres.Ese derecho está en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.La interpretación fue reafirmada por el propio Tribunal Supremo en 1898, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que reconoció la ciudadanía de un hombre nacido en California de padres inmigrantes chinos. Desde entonces, ese precedente ha servido como base para reconocer la ciudadanía automática a prácticamente todos los nacidos en Estados Unidos, salvo casos excepcionales, como los hijos de diplomáticos extranjeros.¿Qué quería cambiar Trump?La orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025 pretendía modificar esa práctica histórica. La medida establecía que un niño nacido en Estados Unidos solo obtendría la ciudadanía si al menos uno de sus padres era ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La restricción habría afectado tanto a inmigrantes indocumentados como a personas que permanecen legalmente en el país con visas temporales, incluidos estudiantes, turistas, trabajadores y algunos solicitantes de residencia permanente. La Administración defendía que los hijos de personas sin ciudadanía o residencia permanente no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos en el sentido previsto por la Decimocuarta Enmienda, por lo que no debían recibir automáticamente la nacionalidad estadounidense.¿Por qué el Supremo rechazó la orden?La mayoría de los jueces concluyó que tanto el texto de la Constitución como más de un siglo de precedentes judiciales respaldan una interpretación amplia de la ciudadanía por nacimiento. Los magistrados señalaron que el significado de la Decimocuarta Enmienda quedó resuelto hace décadas y que un presidente no puede restringir un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva.Tres jueces —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— discreparon de esa interpretación.¿Qué opciones le quedan ahora a Trump?La sentencia deja sin efecto definitivo la orden ejecutiva y obliga al Gobierno a seguir reconociendo la ciudadanía automática bajo las reglas actuales.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó decepción ante el fallo y aseguró que la decisión somete al país a “grandes retos”. También sostuvo que el Congreso deberá seguir estudiando el tema y añadió: “Estoy seguro de que la conclusión que se desprende de esta decisión es que hay que modificar la Constitución para solucionar eso”.Para que Trump pueda conseguir eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, necesitaría modificar la Decimocuarta Enmienda, lo que requiere la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado, además de la ratificación de tres cuartas partes de los Estados. De hecho, después de que Trump emitió su orden ejecutiva, más de dos decenas de Estados interpusieron una demanda para frenarla.