La obra pública se ha visto afectada en los últimos cinco a seis años por el paso de una pandemia, la invasión rusa de Ucrania o los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, con la consiguiente subida de los costes energéticos y la inflación de los materiales. Las 25 constructoras no cotizadas agrupadas en Anci han celebrado este martes su asamblea general, en la que la presidenta Concha Santos ha reclamado la actualización de los proyectos y procesos de licitación para adecuarlos al escenario real de precios para el sector constructor. Desde Anci también se ha urgido la incorporación obligatoria de la cláusula de revisión de precios en los contratos para evitar los desequilibrios económicos en obras durante su ejecución.Desde la asamblea de Anci se ha defendido la necesidad de mantener un esfuerzo inversor estable en infraestructuras y que los contratos permitan reflejar la realidad económica. En el encuentro se ha valorado positivamente el esfuerzo inversor de las administraciones en los últimos años, con más de 35.000 millones en licitaciones en 2025, lo que supone casi duplicar la cifra de 2020. La tacha, en este caso, es que la inversión se concentrada en determinadas áreas y desatiende en desarrollo de infraestructuras esenciales, como las hidráulicas.El colectivo que reúne constructoras como Aldesa, Azvi, ASCH, Copcisa, Copasa, CHM, Gevora, Lantania, Rover, Sando o Sarrión, ente otras, ve cada vez más complejo ejecutar las obras ante un crecimiento incesante de los precios de los materiales y la mano de obra, que se traducen en un incremento medio de los costes de construcción de un 30% desde 2020. El fuerte incremento de precios por la coyuntura geopolítica pone en riesgo, afirma Anci, la viabilidad de muchas obras en ejecución y llegan a comprometer la contratación de otras.En su mensaje al Gobierno central, los autonómicos y ayuntamientos, la asociación habla de la necesidad de actualizar los presupuestos en proyectos antiguos o basados en bases de datos desactualizadas. En cuanto a la revisión de precios, que fue de obligada incorporación en los pliegos hasta la aprobación de la ley de desindexación, permitiría actualizar las partidas económicas previstas en las obra durante los periodos de ejecución.Desde la presidencia de Anci se han propuesto tres medidas para facilitar la ejecución de las obras: licitar siempre con presupuestos ajustados a los precios reales de mercado; reformar el sistema de revisión de precios, y avanzar hacia una contratación pública en la que la calidad tenga un peso equilibrado con el precio, controlándose las bajas temerarias. Anci también defiende medidas para preservar la competencia en la contratación pública, como poner coto a los macrocontratos, eliminar barreras injustificadas de los pliegos, y mantener el procedimiento abierto como fórmula ordinaria de adjudicación. Ha escuchado estas peticiones, como invitada, la secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Rocío Báguena.