EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.Los valores de igualdad y libertad con los que Simón Bolívar fundó en 1825 Bolívar —poco después, Bolivia— se vinieron pronto abajo. Con la idea de romper cualquier lazo con la colonia, el libertador abolió el imperante sistema de castas y el tributo a los indígenas. Pero la utopía duró poco: el país nació en quiebra por la larga guerra de la independencia y se restableció el impuesto indigenal para sostener a la nación. Este y otros agravios postergaron los derechos ciudadanos de los nativos. Así lo sentencia el fallecido historiador Ramiro Condarco en su libro recientemente reeditado Zárate, el temible Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899 (1965).La nueva edición, a cargo de la Biblioteca del Bicentenario, fue presentada en abril de 2026. Cuenta con un estudio introductorio de la historiadora y docente jubilada de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Pilar Mendieta, quien explica a EL PAÍS por qué los indios quedaron fuera de los ideales liberales del siglo XIX. “Los indígenas estaban excluidos, por ejemplo, de votar porque no sabían leer ni escribir; tampoco eran propietarios. Pero no se quiso excluirlos a propósito, el objetivo era que, con el tiempo, con la alfabetización, podrían acceder a ese derecho. Pero no ocurrió, no tenían acceso a la educación”.Mendieta llega a la misma conclusión que Condarco: el panorama social y económico del campesino originario incluso se agravó con la llegada de la república. “Los indios eran conscientes de que habían empeorado con la república por la expansión de la hacienda y el latifundio. Eran considerados bolivianos, pero no ciudadanos”, apunta la académica especializada en historia indígena. La sociedad boliviana del ochocientos estaba diseñada en base a las diferencias raciales, siendo las minorías criollas o de piel blanca, menos del 10 % de la población, las más privilegiadas.El carácter urbano o rural de la población determinaba el ingreso a cargos públicos, a recibir educación y hasta las funciones a desempeñar en la milicia. Los primeros ejercían la gerencia de los negocios, las profesiones liberales y la mayor parte de los cargos que dirigían el país. Los habitantes rurales (que componían entre el 75% y el 80%) trabajaban en la explotación de las minas y en el campo. “El rasgo fundamental de la vida aborigen es su general postración”, escribe Condarco.La segregación racial era reforzada desde la producción de los intelectuales y desde las líneas editoriales de la prensa, que instalaban la narrativa de que “el indio es sucio, ignorante, torpe de entendimiento, violento, cruel y sanguinario”, describe el libro. Pero, tal vez, el escenario donde más sangrante se hacía la dominación de las minorías blancas sobre las mayorías campesinas era la tierra. Condarco sostiene que las condiciones del indígena en la hacienda particular solo se pueden comparar con las de un “bien material adscrito a la tierra, ya que la propiedad territorial se adquiere y transfiere con el número de brazos tradicionalmente empleados en los servicios de la misma”.El campesino estaba obligado a realizar todos los trabajos que implica el cultivo de la tierra, desde la siembra hasta el transporte y venta de los productos a la ciudad. Del mismo modo, la esposa e hijos del agricultor debían prestar gratuitamente servicio doméstico a la familia del propietario. En la propiedad comunal, la vida del indio era menos desventajosa, pero la figura hegemónica cambiaba del terrateniente particular al Estado, que cometía abusos a la hora de recaudar impuestos.Una circular de 1839 denuncia cómo los corregidores se excedían en el cobro de los pagos, “ya recaudando de quienes no deben pagarla, ya cobrando en mayor cantidad que la señalada por la ley, ya exigiendo a los contribuyentes derechos por las reservas o servicios”. El pago de impuestos, no obstante, apunta Mendieta, conformaba una especie de acuerdo tácito entre Estado y campesino que le permitía a este último poder campear a sus anchas en su terreno comunal. “Era un pacto de reciprocidad. Los indígenas mantenían sus tierras de comunidad y vivían dentro de sus parámetros a cambio de dar tributo. Era la base de la relación entre el Estado y la comunidad originaria”.Por ello, cuando se intentó implementar los ideales de modernización del siglo XIX e insertar la tierra comunitaria en el mercado, las protestas y rebeliones indígenas comenzaron a proliferar. Durante el Gobierno de Mariano Melgarejo (1864-1871) se intentó individualizar los terrenos colectivos y los comunarios debían pagar un monto por ellos para recibir títulos de propiedad. Tenían 60 días a partir de la notificación; de lo contrario, las autoridades los vendían en subasta pública. Los levantamientos en la zona rural se presentaron como el único medio para lograr la restitución de las tierras. La represión fue brutal: algunas fuentes hablan de 2.000 indios muertos.El militar subversivo Agustín Morales vio entonces en las masivas comunidades una oportunidad de alianza para lograr su objetivo de derrocar a Melgarejo. El pacto fue un éxito y en julio de 1871 se declararon nulas todas las ventas y adjudicaciones de las tierras comunitarias, pero faltaba poco para que el Estado arremetiera de nuevo contra la propiedad campesina colectiva. La ley de exvinculación de 1874 determinaba la eliminación de las comunidades agrarias y su conversión en latifundios.“Los terratenientes acaparaban tierras aprovechando muchas veces el analfabetismo en castellano de los indígenas. Aunque eran muy hábiles con el asunto de la justicia, a través de los apoderados”, cuenta Mendieta. El más influyente de los apoderados fue Pablo Zárate Willka —quien da nombre al libro—, quien organizó una larga resistencia rural al final del ochocientos. Nuevamente, los militares vieron con ojos provechosos la molestia de la ingente cantidad de campesinos con el Gobierno imperante. El general liberal José Manuel Pando fue, en esta ocasión, quien acudió a ellos para llamarlos a engrosar sus filas en la Guerra Civil (1899-1900) contra el régimen conservador.La historia se repitió una vez más. El conflicto se inclinó a favor del bando que tenía el apoyo de los indígenas, pero estos fueron traicionados tan pronto como el citadino consiguió su meta. Pando sintió que el movimiento indígena mostraba señales de radicalización por los excesos cometidos durante la Guerra Civil, lo que provocó una honda desconfianza en las clases urbanas. El recién instaurado régimen liberal no solo traicionó y mandó fusilar a Willka, sino que en los primeros años del siglo XX el altiplano sería tomado por los latifundistas.La inédita imagen de un indio —Zárate Willka— presentándose como gobernante junto a Pando tras el triunfo de los liberales calaría hondo y no se olvidaría. El rechazo a las condiciones de servilismo se mantendría en la longeva lucha de la primera mitad del siglo XX, hasta la reforma agraria de 1953. Pero las demandas irían escalando: ya no se exigía tener control solo sobre sus tierras, sino ser parte de la dirección del país y gobernar. Demandas vigentes aún hoy.