La batalla por la digitalización de las inscripciones registrales ha entrado en un terreno de tregua para negociar a tres bandas. Según fuentes jurídicas, los notarios han suspendido la demanda contra los registradores y contra Justicia a instancias del propio ministerio para iniciar negociaciones en torno al cumplimiento de la Ley 11/2023. El Consejo General del Notariado puso el año pasado, tal y como publicó este medio, una demanda contra el Ministerio de Justicia y contra el Colegio de Registradores (CORPME) por un supuesto incumplimiento de la Ley 11/2023, que obliga a digitalizar los registros en los que participan ambos gremios. Fuentes jurídicas apuntaron a que estaban en peligro 2,7 millones de inscripciones registrales, además de impedir que los procesos sean más eficientes. La demanda fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que rechazó las alegaciones de la Abogacía del Estado. Sin embargo, los notarios han decidido pausar la vía judicial y han retirado la demanda porque se han sentado en una mesa de negociación a tres bandas propuesta por el Ministerio de Justicia. En concreto, las tres partes han iniciado conversaciones para llegar a un punto de encuentro sobre la digitalización de procesos alrededor de la Ley 11/2023. La norma surge de la transposición de una directiva europea que, entre otras cosas, promueve la digitalización de actuaciones notariales y registrales. La Ley daba un año, hasta el 8 de mayo de 2025, para informatizar los libros de los registradores. Los notarios aseguraron que se incumplió la ley y presentaron una demanda como ejercicio de presión. TE PUEDE INTERESAR Pese a que los notarios han suspendido la demanda, fuentes de los registradores recuerdan que “es un proceso aún abierto hasta que exista resolución judicial que lo dé por terminado”. Es decir, aún podría seguir el proceso judicial y que algún juez falle en una u otra dirección. Pero, por ahora, lo que hay son negociaciones. Hasta ahora, los notarios afirmaban que, tras las periciales practicadas, han detectado que los registradores no utilizan la firma electrónica, lo que impide a los notarios verificar los datos de los libros. Por su parte, los registradores afirman que se instauró el nuevo sistema siguiendo las instrucciones de Justicia, y que los registros y el sistema de copias de seguridad del Colegio de Registradores están dentro del Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto”. Dos gremios enfrentados Los notarios y los registradores, con Justicia en medio, llevan tiempo enfrentados. El posible incumplimiento de la Ley 11/2023 es uno de los motivos de esta guerra, pero no es la única razón que enfrenta a los dos colectivos. Los notarios han interpuesto más de 3.000 demandas por el precio de la nota simple, ante el surgimiento de la nota simple continuada, un mecanismo por el que durante 10 días hay una actualización constante de los datos del registro. El precio también sube. Los notarios alegan que, de forma unilateral, los registradores han subido el precio de las notas simples, que pueden llegar a los 12,03 euros. Mientras que los registradores argumentan que se ha mejorado el servicio y que hay un coste tecnológico detrás. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura ha fallado en una sentencia pionera, tal y como publicó este medio, diciendo que no hay base para elevar el coste respecto al artículo 5.1, apartado f), del Arancel de los Registradores de la Propiedad, que fija un precio de 3,01 euros. En este caso, el precio de la nota simple era de 12,03 euros. El auto llegó a raíz de una demanda de un notario contra el precio de la nota simple, obligando a la devolución de 9 euros. Se trata de otra medida de presión de los jueces para abaratar las notas simples y para tener más poder de negociación con los registradores. La batalla por la digitalización de las inscripciones registrales ha entrado en un terreno de tregua para negociar a tres bandas. Según fuentes jurídicas, los notarios han suspendido la demanda contra los registradores y contra Justicia a instancias del propio ministerio para iniciar negociaciones en torno al cumplimiento de la Ley 11/2023.