Los abogados de Marea de Residencias y de 7.291: Verdad y Justicia han dado un nuevo paso en el caso residencias: han ampliado la denuncia colectiva en 60 procedimientos judiciales. En esta nueva fase, las acusaciones no solo mantienen el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, sino que incorporan la petición de investigar un posible delito de prevaricación administrativa atribuido a distintos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. PublicidadSegún sostienen los denunciantes, esta ampliación se sustenta, entre otros elementos, en las declaraciones prestadas como investigados en tres juzgados distintos por Carlos Mur y por Francisco Javier Martínez Peromingo —firmante de los protocolos de la vergüenza y el considerado ideólogo de los mismos, respectivamente—, a quienes se les formularon preguntas sobre lo que ocurrió con los mayores de la Comunidad de Madrid en los primeros meses de la pandemia. En sus versiones, apuntan las familias, ambos trasladaron responsabilidades el uno al otro, sin asumir una versión coincidente sobre la toma de decisiones.Para que exista prevaricación, deben darse varias circunstancias. En primer lugar, que una autoridad o funcionario adopte una resolución en el ámbito administrativo. En segundo término, que esa decisión sea manifiestamente contraria a la ley. A ello se suma que la ilegalidad presente un carácter evidente y no pueda sostenerse en ninguna interpretación jurídica razonable —ya sea por falta de competencia, por la omisión de trámites esenciales o por el propio contenido de la resolución—. Además, esa actuación debe producir un resultado injusto. Y, finalmente, debe acreditarse que la decisión se adoptó con conocimiento de su ilegalidad y con la voluntad de imponer la decisión al margen del ordenamiento jurídico.Aplicado al caso residencias, los denunciantes argumentan que podrían encajar en ese marco decisiones como la falta de refuerzo de la atención médica en los centros cuando la situación lo requería, la aprobación de protocolos que habrían condicionado o dificultado el traslado hospitalario de residentes enfermos, o la eventual restricción del acceso a recursos sanitarios en función de que el enfermo tuviera o no un seguro privado. Asimismo, apuntan que la investigación estaría revelando indicios de que quienes adoptaron esas medidas podrían haber sido conscientes de su ilegalidad y de sus consecuencias, al tratarse de decisiones que habrían podido provocar un perjuicio injusto y afectar a los derechos fundamentales de los residentes.En la ampliación de la denuncia a la que ha tenido acceso Público, los familiares de las víctimas articulan cinco razones para sostener la posible imputación por prevaricación a los ex altos cargos del Gobierno de Ayuso: Publicidad1. El plan de medicalización que nunca llegó a aplicarseUno de los principales argumentos de la ampliación sostiene que la Comunidad de Madrid aprobó un plan para medicalizar las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, pero que esa estrategia nunca llegó a materializarse. El escrito recuerda que el objetivo de ese modelo era garantizar la atención sanitaria dentro de los propios centros a aquellos residentes que no fueran trasladados a hospitales. Como uno de los elementos de prueba, las acusaciones citan la declaración judicial de Mur, quien admitió que el proyecto fracasó por "falta de equipos de protección y profesionales operativos". Mur explicó que el 18 de marzo de 2020 se acordó reforzar las residencias con médicos, pero reconoció que "por distintas razones fue muy difícil dicha implementación y contratación" y que la Consejería de Políticas Sociales "en los primeros días logró contratar únicamente a tres de los 186 médicos previstos". La denuncia subraya que, de forma paralela, cientos de profesionales sanitarios sí fueron destinados al hospital de campaña de Ifema y a los hoteles medicalizados, una circunstancia que, a juicio de las víctimas, evidencia que el plan de medicalización de las residencias quedó reducido a una declaración de intenciones que nunca se ejecutó de forma efectiva.2. La reunión del 13 de marzo en el SermasEl texto enfatiza que las declaraciones de Mur y Peromingo coinciden en un punto esencial: la estrategia diseñada en los primeros días de la emergencia sanitaria no pasaba inicialmente por impedir las derivaciones hospitalarias, sino por transformar las residencias en espacios capaces de prestar una atención sanitaria equiparable a la hospitalaria. Ambos exresponsables explicaron en los juzgados que, ante el riesgo de colapso del sistema sanitario, el 13 de marzo de 2020 en la sede del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), se planteó un modelo basado en la medicalización de las residencias, con la creación de una red de geriatras de enlace y la asignación de hospitales de referencia para cada centro. Según los denunciantes, este planteamiento, que nunca llegó a desarrollarse, constituye uno de los pilares de la ampliación de la querella, ya que evidenciaría que la alternativa prevista a las derivaciones hospitalarias exigía garantizar una asistencia sanitaria adecuada en las residencias.Publicidad3. La reunión del 15 de marzo de la Mesa de Apoyo Dos días más tarde, el 15 de marzo, de acuerdo con la versión de Mur, se elaboró el primer borrador del Protocolo por la geriatra María Teresa Vidán , que fue presentado en la Mesa de Apoyo al Sermas. Cuando la jueza le preguntó si él había redactado el Protocolo, Mur respondió: "No, yo no redacté absolutamente nada". También explicó que la redacción inicial correspondía a Vidán y que posteriormente fue corregida por la intensivista Francisca García Lizana. El escrito de la ampliación destaca que esa Mesa estaba integrada por el consejero Enrique Ruiz Escudero, la viceconsejera Ana Dávila y otros altos cargos, por lo que los denunciantes consideran que la elaboración del Protocolo alcanzó el máximo nivel político de la Consejería.4. Los protocolos del 18 y del 20 de marzoLa ampliación de la denuncia contrapone las declaraciones de Mur y Peromingo para poner de manifiesto varias contradicciones. Peromingo declaró que los geriatras comunicaron a Mur que los protocolos del 18 y 20 de marzo de 2020 eran "discriminatorios" y que se lo hicieron saber tanto por un chat común como mediante correos electrónicos enviados por los jefes de Geriatría de hospitales como Getafe, La Paz y Cruz Roja. Según su versión, Mur respondió: "Sí, sí, me parece bien", autorizándoles a aplicar sus propios criterios clínicos. Sin embargo, los denunciantes se preguntan: si Mur estaba de acuerdo con eliminar esos criterios, ¿por qué el 20 de marzo firmó una versión todavía más restrictiva que hablaba expresamente de "criterios de exclusión" para la derivación hospitalaria?Mur, por su parte, defendió ante los jueces la siguiente versión: "No, yo no tuve ningún papel en la realización, elaboración o redacción de ninguna versión del Protocolo". Y añadió: "Lo único que hice yo fue avalar y rubricar con mi firma las distintas versiones". También aseguró que él mismo no compartía el uso del índice Barthel (calcula la capacidad para realizar actividades de la vida diaria) y de la escala GDS (mide el deterioro cognitivo) porque podían interpretarse como una exclusión por dependencia.5. Las comunicaciones de Mur con Políticas SocialesEl escrito de la ampliación incorpora un correo enviado por Mur el 20 de marzo de 2020 a las 14.00 horas, apenas dos horas antes de firmar el protocolo más restrictivo. El mensaje iba dirigido al consejero Enrique Ruiz Escudero, la viceconsejera Ana Dávila, el director general Manuel Ángel de la Puente y los responsables de Políticas Sociales. En él Mur reconoce expresamente: "En dos horas tendréis nuevo protocolo de funcionamiento para intentar salvar un fin de semana que preveo espantoso". Posteriormente, añade: "Si no avanzáis en la contratación de médicos, no vamos a poder tratar allí según el modelo de residencia medicalizada". Y anticipa el endurecimiento de los criterios: "Vamos a tener que sacar más casos de los previstos de las residencias, mi idea firme es que debemos trasladar a aquellos que podamos salvar y a los que no, ayudarles a morir dignamente".El documento señala que, pese a que en sede judicial Mur sostuvo que no compartía algunos criterios del Protocolo, en dicho correo no expresa ninguna discrepancia, sino que presenta el nuevo Protocolo como la respuesta necesaria a la situación. Además, los denunciantes recuerdan que Alberto Reyero había advertido reiteradamente sobre la discriminación que suponían los Protocolos y la falta de medicalización, por lo que piden investigar qué decisiones adoptaron los máximos responsables tras recibir estas comunicaciones.Finalmente, solicitan que se practiquen diligencias de investigación para esclarecer los hechos. En primer lugar, que declaren como investigados Mur y Peromingo; María Teresa Vidán, geriatra que redactó o colaboró en la redacción de los protocolos; Francisca García Lizana, médica intensivista que colaboró en la redacción de los protocolos firmados; y Antonio Burgueño, autor del Plan de acción aprobado por la Comunidad de Madrid el 12 de marzo y asesor sanitario principal del Gobierno madrileño durante los primeros días de la pandemia.En segundo lugar, se pide que declaren como testigos Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en ese momento y miembro de la Mesa de Apoyo al Sermas; Ana Dávila-Ponce de León, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y también miembro de esa Mesa de Apoyo; Manuel Ángel de la Puente, director general del Proceso Integrado de Salud y responsable de los recursos sanitarios de hospitales y atención primaria; Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en ese periodo; Javier Luengo, viceconsejero de Sanidad; Begoña Cortés, directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia; y Juan Abarca, propietario del grupo HM Hospitales, que participó en reuniones con la Consejería de Sanidad. PublicidadAdemás, se pide a la Comunidad de Madrid que entregue los correos electrónicos enviados y recibidos en marzo y abril de 2020 desde las cuentas institucionales de Mur, Peromingo, Vidán Astiz y García Lizana, relacionados con los protocolos de no derivación hospitalaria, la medicalización de residencias, el uso del hospital de Ifema, los hoteles medicalizados y la gestión de hospitales privados. Por último, se solicita a Peromingo que aporte los mensajes del chat de la red de geriatras de enlace de marzo y abril de 2020 vinculados a la elaboración y aplicación de las directrices.