NoticiaEl Ministerio Público expresó su preocupación porque la eliminación de la entidad podría afectar políticas públicas destinadas a población vulnerable.El Presidente Petro y la Vicepresidenta radicaron el proyecto en el Salón de la Constitución Foto: Sergio Acero. EL TIEMPOPERIODISTA JUDICIAL29.06.2026 11:46 Actualizado: 29.06.2026 11:52
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación porque la liquidación del Ministerio de la Igualdad afectara la política pública enfocada en la atención de mujeres, personas con discapacidad, población lgbtq+ y minorías étnicas.La advertencia se produce luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 626 de 2026, con el que ordenó la liquidación del Ministerio, tras cumplirse el plazo fijado por la Corte Constitucional para subsanar los vicios en materia presupuestal que hallaron en la Ley.Aprobación del Senado del proyecto de ley que creó del Ministerio de la Igualdad. Foto:Prensa SenadoLa Defensoría advirtió que persiste una alta incertidumbre sobre cómo se trasladarán las funciones del Ministerio, que asumió tareas en materia de equidad y reducción de brechas para poblaciones vulnerables que antes estaban en cabeza de otras entidades, como la Alta Consejería para las Regiones. Asimismo, cuestionó quién asumirá la ejecución de varias de las políticas públicas que estaban bajo su responsabilidad.Uno de los principales reparos del organismo de control es que el decreto establece que las funciones pasarán al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social bajo un criterio de "costo cero", sin que existan garantías claras sobre el presupuesto, las capacidades técnicas o la coordinación institucional necesarias para asumir esas tareas."Esa transición podría generar una desarticulación de políticas públicas, la interrupción de programas y la pérdida de capacidades estatales construidas para enfrentar desigualdades estructurales", señaló la entidad.También manifestó preocupación por la incertidumbre sobre la entidad que asumirá las funciones del Viceministerio de las Mujeres, especialmente las relacionadas con la prevención, atención, sanción y reparación de las violencias basadas en género. Y por el riesgo que enfrentan fondos estratégicos como 'No es Hora de Callar', 'Todos Somos PAZcífico' y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.Además, le preocupa que queden en el aire varios documentos Conpes sobre equidad de género, economía del cuidado y garantía de derechos para personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.La Defensoría agregó que existe el riesgo de que programas, equipos técnicos y espacios de diálogo con organizaciones sociales se suspendan y que la transición termine reduciendo la capacidad del Estado para garantizar los derechos de poblaciones históricamente discriminadas.En su pronunciamiento, el organismo recordó además que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la OEA, llamó recientemente al Estado colombiano a preservar la institucionalidad de género y evitar retrocesos en los avances alcanzados en materia de derechos de las mujeres. Según la Defensoría, preocupaciones similares aplican frente a las obligaciones del Estado en materia de derechos de comunidades étnicas, población LGBTQ+, juventudes, campesinado y lucha contra la pobreza.Celebración en la Cámara tras la aprobación de la creación del Ministerio. Foto:@alfonsopradaFrente a ese panorama, la Defensoría pidió al Gobierno adoptar y publicar una ruta integral de transición que establezca con precisión qué funciones serán trasladadas, a qué entidades, con qué recursos y cómo se garantizará la continuidad de los programas y fondos. De igual manera, solicitó asegurar que el Ministerio del Interior, Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda y las demás entidades competentes adopten las medidas necesarias para evitar retrocesos en las políticas de igualdad y preservar los equipos técnicos especializados que las han implementado.Finalmente, sostuvo que una transición ordenada no solo es necesaria para proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables, sino también para facilitar el empalme con el próximo gobierno, que deberá garantizar la continuidad de las medidas orientadas a reducir las brechas de desigualdad, independientemente del diseño institucional que decida adoptar. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
