La que fue una de las grandes banderas del gobierno de Gustavo Petro se convirtió en un estrepitoso naufragio. El Ministerio de Igualdad, una promesa central durante la campaña presidencial de 2022, principalmente ante los movimientos feministas y de grupos étnicos, pasó en cuatro años de la ilusión a la decepción. En 2023, la Corte Constitucional anuló la ley que creaba la entidad. Aun así, dado lo sensible del asunto, dio dos años de vida al Ministerio, un plazo suficiente para que el Ejecutivo y el Legislativo tramitarán una nueva ley. No ocurrió, por lo que hace unas semanas el Ministerio entró formalmente en su liquidación, dejando a miles de beneficiarios y trabajadores en la incertidumbre. El Ministerio ha tenido entre sus programas insignia el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género (SALVIA); el programa Jóvenes en Paz y el Sistema Nacional de Cuidado. Pero también fue la encargada de sacar adelante políticas clave, como la consolidación de una plataforma nacional de juventudes, la reglamentación de la ley de protección a huérfanos por feminicidio o la construcción de la política pública para la población LGBTIQ+. Según información oficial, manejaba al menos 30 programas y empleaba alrededor de 700 personas. Hace una semana, con el decreto que oficializa el inicio del proceso de liquidación, todos ellos quedaron a la deriva y en medio de un proceso que podría tardar hasta un año. En ese tiempo se cancelan y liquidan todos los contratos, se organiza el cierre o transferencia de sus programas y proyectos a otras entidades hasta, finalmente, dejar atrás la existencia de la entidad. Para encabezar esa gestión, el presidente entrante y gran crítico de la cartera, Abelardo de la Espriella, deberá nombrar un encargado que reemplace al definido temporalmente por Petro, Rafael Rodríguez Ortiz. De acuerdo con una directiva presidencial del mandatario saliente, el plan es trasladar los programas al Departamento Administrativo de Prosperidad Social y al Ministerio del Interior, donde se desarrollaron varios de ellos antes de la creación de la cartera. Al primero irían los relacionados con temáticas como discapacidad, migración y la población LGBTIQ+, mientras que al segundo llegarían los relacionados con las juventudes, las mujeres y los pueblos étnicos. Una fuente de la cartera en liquidación explica que hay borradores de los decretos que transfieren las funciones y el personal, pero no es claro cuándo quedarían firmados. Eso pese a la premura para dejarlo listo en las dos semanas que le quedan al Ejecutivo de izquierdas. Desde el 7 de agosto, el presidente de ultraderecha puede cambiar totalmente esas decisiones y, como ha dejado claro, una de sus prioridades será reducir el tamaño del Estado. Además, se ha opuesto a muchas de las políticas emblemáticas de su antecesor, por lo que las organizaciones sociales temen que sencillamente termine los programas y alertan la urgencia de dar celeridad a la transición. Un caso que ejemplifica la preocupación es el del Sistema Nacional de Cuidado, que se había convertido en un ejemplo para la región. Este, busca saldar una deuda histórica, redistribuyendo y reconociendo las tareas feminizadas que sostienen la vida en sociedad: labores que van desde cocinar para la familia, llevar a los niños al colegio, o a los adultos mayores a sus citas médicas, entre muchas otras. De acuerdo con el DANE, el 90% de las mujeres mayores de 10 años en Colombia realizan trabajos de este tipo sin ningún tipo remuneración, frente al 63% de sus pares masculinos de la misma edad.La encargada de materializar esa apuesta en el Ministerio de Igualdad fue Natalia Moreno, quien había tenido la misma tarea en Bogotá con las manzanas del cuidado. En estos años, cuenta, el Ejecutivo logró numerosos avances, como la formalización laboral de 200 madres comunitarias como cuidadoras de primera infancia y que por primera vez tuvieran un bono pensional, asimismo señala el fortalecimiento de organizaciones de cuidado comunitario como las de partería. “Creamos la política nacional de cuidado con 26 billones de pesos indicativos, el documento del Conpes social con más presupuesto que deja este Gobierno. Incluimos más de 133 acciones, enmarcadas en al menos 80 programas”, añade. Para Moreno, es necesario despersonalizar las políticas que tienen como misión cerrar las brechas de desigualdad. “Es urgente darle continuidad al Sistema Nacional del Cuidado, que no es un sello del gobierno actual, sino que es el cierre de una deuda histórica con una población que por muchos años se ha dedicado al cuidado de la vida. El Estado debe asumir esa responsabilidad, pues ya recientes sentencias declaran el cuidado como un derecho fundamental en Colombia y este programa es clave para devolverle la dignidad y las oportunidades a las cuidadoras”, dice. Como la desaparición del Ministerio era previsible de tiempo atrás, en marzo pasado la congresista del izquierdista Pacto Histórico María Fernanda Carrascal radicó un proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Cuidado. Aunque se hundió en junio ante el final del Congreso, la ahora opositora ha anunciado que lo presentará de nuevo en el Congreso que se instaló el pasado 20 de julio. En otros casos no se trata de legislar, sino de aplicar una ley. Ello ocurre con los beneficiarios de la Ley 2530 de 2025, que protege a los niños, adolescentes y jóvenes de hasta 25 años que han perdido a su madre o cuidadora por un feminicidio. Allí, el Ministerio de Igualdad era central en la reglamentación para llevar la norma a la práctica, y las familias señalan que enfrentan un muro de silencio. Desde hace semanas no se les informa qué pasará con el proceso que venían adelantando ni se les aclara el panorama actual, explica Camilo Beltrán, hermano de una mujer víctima de feminicidio. Cuenta que ha buscado insistentemente a funcionarios de esa entidad por semanas, y que el pasado viernes obtuvo una tímida respuesta. “Los cambios de gobierno no pueden significar el abandono de las víctimas ni la suspensión de sus derechos”, expresa. Beltrán, quien quedó a cargo de sus dos sobrinas, exige a la administración entrante un compromiso con los derechos de los niños, niñas y adolescentes que día a día quedan huérfanos por culpa de la violencia de género, que anualmente deja cientos de víctimas. Solo en 2025 hubo 621 mujeres asesinadas por ser mujeres, según datos del Observatorio de Feminicidios Colombia. Sin embargo, el feminicidio es apenas una –la más grave– de las múltiples caras de la violencia machista. La Defensoría del Pueblo ha alertado de la cruenta situación en el país y había instado al Estado a priorizar su atención en esa problemática. Una misión que tenían programas como Salvia. Mientras que el Gobierno saliente se decide a firmar los decretos o el entrante expresa cómo va a combatir la desigualdad, las violencias de género, los delitos de odio o el racismo, esta semana una pareja gay denunció discriminación en un famoso centro comercial y cuatro mujeres fueron asesinadas en cuatro días. El reloj parece correr a un ritmo en las calles y a otro en los despachos.