Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Canarias busca agilizar los trámites en cuanto a política territorial, potenciar la construcción de vivienda pública, atender al reto demográfico, una mayor protección del territorio y reforzar el sector primario con la actualización de la Ley del Suelo que ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno. Con este paso, se eleva la propuesta de texto al Consejo Consultivo para su correspondiente análisis, y se espera poder llevarla al Parlamento para su debate a finales del próximo mes de julio, ha señalado el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, en rueda de prensa. Miranda ha remarcado que esta propuesta de texto de modificación ha sido muy participativa, ya que ha habido 17 foros diferentes en los que han participado más de 700 profesionales y expertos en la materia durante el último año y medio, y que en ciertas cuestiones ya se ha ido avanzando mediante decretos leyes, sobre todo en materia de vivienda. Detalladamente, el consejero ha explicado que la propuesta de actualización de la ley, que tiene ya nueve años de vigencia, persigue una menor documentación y menor carga de trámites y de exposición pública para, en cambio, ofrecer mayor rapidez y agilidad. Así, se espera pasar de 210 días a 160 días para la aprobación de los planes generales de ordenación de los municipios, y reducir en aproximadamente un 40 % la documentación necesaria para tramitarlos. En otro orden de cosas, se van a endurecer las sanciones a los infractores, de tal manera que se le dará una mayor capacidad de actuación a la Agencia de Protección del Medio Ambiente, ampliando su plazo de actuación de seis a nueve meses y la prescripción de dichas sanciones de cuatro a ocho años. También se van a elevar por regla general los tipos mínimos de las cuantías de las sanciones por infracciones. El consejero ha expuesto que la propuesta presentada al Consultivo para su análisis también busca impulsar más suelo para vivienda pública, de tal manera que prevé aumentar el porcentaje de suelo destinado a esta cuestión en general -en suelo urbano consolidado del 10 al 20 %-, así como la cesión obligatoria para generar suelo en el que construir, que pasa del 10 al 15 %. «Queremos que los municipios pequeños tengan más oportunidades, más vivienda en asentamientos, especialmente en los de menos de 10.000 habitantes», ha defendido Miranda, quien ha apuntado que para ello eliminarán requisitos estrictos de crecimiento poblacional, declarándolos de interés general y facilitando su acceso a ayudas y subvenciones. Y por último, con esta propuesta normativa también se busca atender al sector primario, en el sentido de darle una mayor seguridad jurídica y apoyo a las actividades agrarias. Así, se incorpora una regulación específica para actividades turísticas en asentamientos rurales, y se van a permitir viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre y cuando estén vinculadas a una actividad agraria real. Esta norma es, según Miranda, «una apuesta por un desarrollo sostenible con una fórmula consensuada», en relación con la alta participación, que busca «la agilidad para responder a desafíos complejos y una mayor protección del territorio». EFE