Las agendas y comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, revelan que el expresidente del Gobierno utilizó sistemáticamente fondos públicos para desplegar su influencia ante gobiernos de todo el mundo y amañar presuntamente contratos, subvenciones y resoluciones judiciales para los empresarios que le pagaban millones de euros. El uso de fondos del Estado en beneficio propio abre la puerta a que Zapatero sea imputado por malversación de caudales públicos en concurso con otros delitos, como el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales que ya se le imputan. La documentación intervenida detalla multitud de viajes de negocios efectuados por Zapatero con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La propia Gertrudis, que se encargaba de gestionar esos desplazamientos, recibía un sueldo público. Los expresidentes del Gobierno disponen de dinero para sufragar una oficina y dos asistentes. Gertrudis entraba en ese cupo reconocido por ley (Real Decreto 405/1992) Pero el problema para Zapatero es que no se pueden utilizar esos recursos públicos para vulnerar el Código Penal. Y los investigadores sitúan a su secretaria en el epicentro de la trama corrupta. El uso irregular de fondos públicos abarcaría otras fases. En un primer momento, Zapatero cerraba los detalles de sus viajes con Gertrudis. Sin embargo, sus billetes de avión y los de sus escoltas, así como el alojamiento de todo el grupo, se tramitaban y financiaban posteriormente con cargo al presupuesto del Ministerio de Presidencia, que tiene entre sus funciones la coordinación de la seguridad de todos los expresidentes. TE PUEDE INTERESAR La cartera que dirige Félix Bolaños guarda el histórico de todos los viajes de Zapatero. En uno de ellos, el expresidente cobró 200.000 euros por anular una multa de 94 millones en Bolivia para el conglomerado empresarial peruano Grupo Gloria, como señala la UDEF en un informe remitido el pasado lunes al instructor del caso Plus Ultra, el juez Santiago Pedraz. Según fuentes cercanas al Gobierno, el Ministerio de Presidencia supervisó el primer viaje que hizo Zapatero a Bolivia para embolsarse los 200.000 euros. El expresidente despegó de Barajas el 13 de septiembre de 2024 a las 23:35 horas en el vuelo UX-25 de Air Europa con destino a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Cuatro horas después de aterrizar en este país, se subió a otro avión rumbo al aeropuerto de Alcantarí, próximo a Sucre, última parada de su viaje. TE PUEDE INTERESAR Dos días antes hicieron el mismo recorrido dos escoltas de Zapatero en labores de avanzadilla. Una vez en Bolivia, todo el grupo pernoctó en el Parador de Santa María La Real de Sucre, uno de los mejores hoteles de esta ciudad. El Ministerio de Presidencia también se encargó del regreso a España del dirigente socialista y su equipo de seguridad. El retorno se produjo el 17 de septiembre de 2024, después de que Zapatero se reuniera con altos cargos del gobierno boliviano en La Paz para hablar de la multa que inquietaba a su pagador. El departamento de Bolaños sabía que el viaje de Zapatero tenía carácter privado, pero todos sus gastos de logística y seguridad se sufragaron igualmente con dinero público. La ganancia de Zapatero fue doble. Además de los 200.000 euros que ingresó por su mediación, exigió a Grupo Gloria otros 10.000 euros extra por cada día que estuviera de viaje. Aquella visita a Bolivia pagada por con fondos públicos de España le permitió quedarse 40.000 euros adicionales. Lo mismo ocurrió con otras compañías que tocaron a la puerta de Zapatero para contratar sus servicios de intermediación. Los gastos de operación se pagaban con dinero público, pero las presuntas comisiones ilegales que generaban esos desplazamientos para influir en administraciones extranjeras terminaban en la cuenta bancaria personal del expresidente del Gobierno. TE PUEDE INTERESAR Zapatero también usó en beneficio propio la red diplomática de España. En mayo de 2025, por ejemplo, Gertrudis avisó a su jefe de que el embajador en México, Juan Duarte Cuadrado, iba a recibirlo cuando llegara a este país en otro de sus viajes. En octubre de 2025, fue la embajadora en Austria, María Aurora Mejía, la que se acercó al aeropuerto de Viena para saludarlo y acompañarlo hasta su hotel. El pasado 20 de mayo iba a ocurrir lo mismo con el embajador de España en Caracas, Álvaro Enrique Albacete. Como reveló este diario y han confirmado los mensajes intervenidos por la UDEF, Zapatero tenía previsto volar a Venezuela vía República Dominicana el 19 de mayo por la tarde. Sin embargo, aquella mañana, minutos antes de las 8 horas, dos agentes le sacaron de la cama para entregarle en mano el auto de su imputación por el caso Plus Ultra. La red exterior de España era clave en la agenda de influencia del expresidente. Además de prestarle apoyo, también le revestía del aura de poder que necesitaba para seducir a las autoridades locales. El material hallado en su despacho demuestra que mantenía continuas reuniones con el máximo responsable de esa estructura, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. TE PUEDE INTERESAR Hasta ahora, el juez Pedraz atribuye a Zapatero los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. A esos delitos hay que sumar un presunto fraude a Hacienda y otra acusación por contrabando por esconder en su caja fuerte joyas no declaradas que se han tasado en 1,3 millones de euros. Pero el uso de dinero de los Presupuestos Generales del Estado y los presuntos amaños sientan las bases para que la investigación se amplíe a un posible delito de malversación de caudales públicos, que se castiga con hasta 12 años de cárcel. Las agendas y comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, revelan que el expresidente del Gobierno utilizó sistemáticamente fondos públicos para desplegar su influencia ante gobiernos de todo el mundo y amañar presuntamente contratos, subvenciones y resoluciones judiciales para los empresarios que le pagaban millones de euros.