El Gobierno aprobará este lunes una nueva batería de medidas diseñada para contener la hemorragia económica provocada por la fuerte inestabilidad que sacude a Oriente Próximo, justo cuando se cumplen tres meses de la entrada en vigor del primer gran plan de choque. Aunque todavía falta por desgranar la letra pequeña de la nueva respuesta y la cantidad de recursos que movilizará, las cifras recopiladas por la Comisión Europea reflejan que España ha levantado, al menos hasta la fecha, el escudo más ambicioso de toda la Unión. Con un esfuerzo fiscal que supera el 0,25% del PIB nacional en 2026, el país no solo lidera la respuesta comunitaria, sino que casi cuadruplica la media de sus socios europeos, situada en el 0,07%.El análisis se encuentra en uno de los anexos de las previsiones económicas de primavera que publicó recientemente Bruselas, y que ha tomado prestado el Banco de España para completar su informe anual, presentado hace algo más de una semana. El Ejecutivo comunitario corrobora en su informe que la respuesta española, que en dinero contante y sonante roza los 5.000 millones de euros en la fase inicial, no tiene parangón entre los Estados miembros, superando con creces la de economías como Alemania, Francia e Italia, las tres claramente por debajo del 0,1% de su riqueza. Solo Grecia se acerca al ritmo español, mientras que otros países como Eslovenia o Suecia se quedan en el entorno del 0,15% del PIB.El corazón del plan de España se ha bombeado a través de dos canales principales. Por un lado, el grueso del despliegue ―aproximadamente un 0,2% del PIB― se ha ido directamente a aliviar la presión sobre los bolsillos de las familias mediante la reducción del IVA y de los impuestos especiales de la electricidad, el gas y los combustibles, además de suspender el impuesto a la generación eléctrica. Se trata de una rebaja fiscal directa para evitar que el encarecimiento de la energía ahogue el consumo doméstico. El resto del paquete se ha inyectado de forma quirúrgica en sectores clave para la economía que están especialmente expuestos a los efectos del conflicto, como el agrícola, el del transporte y la industria electrointensiva.Los datos de la Comisión también proyectan el impacto de los planes nacionales a largo plazo. Bruselas sostiene que, en el caso de que el Gobierno decidiera prorrogar todas estas medidas de apoyo hasta que termine el año 2026, el coste para las arcas públicas españolas se dispararía hasta el 0,55% del PIB, alrededor de 9.500 millones de euros. Para entender la magnitud de esta cifra, basta mirar al resto del bloque. En ese mismo escenario de prórroga total, el coste para el conjunto de la Unión Europea apenas llegaría al 0,2% de su riqueza.Está por ver, sin embargo, cómo se articula este segundo paquete, que tomará el relevo al inicial a partir del 1 de julio. Desde el Gobierno, que ha mantenido reuniones en las últimas semanas tanto con los agentes sociales como con algunos de los sectores más expuestos a la sacudida energética, han deslizado en varias ocasiones que las nuevas medidas tendrán un carácter más focalizado. Todo ello, junto a que las tensiones en Oriente Próximo deberían ir menguando si el plan de paz prospera y dejan de caer bombas en Irán, hace suponer que el coste fiscal de la nueva batería de medidas será notablemente menor. Durante la tarde de este domingo, los responsables económicos del Ejecutivo seguían dando forma al nuevo paquete.Según las previsiones, el coste del escudo anticrisis provocará que el déficit público se estabilice en el 2,4% del PIB en 2026, frenando la senda de reducción que el país venía recorriendo. Sin embargo, Bruselas subraya que España se puede permitir este esfuerzo gracias a la vitalidad de su economía. A pesar de los vientos en contra geopolíticos, se prevé que el país crezca un 2,4% este año, impulsado por un consumo privado que se mantiene firme gracias, entre otros motivos, a estas redes de seguridad.El Banco de España introduce un matiz de cautela en este escenario de optimismo. El supervisor advierte que el diseño de la respuesta española, al menos en su fase inicial, ha dado un peso excesivo a los instrumentos no focalizados, como las rebajas fiscales generales. Aunque estas medidas son eficaces para contener la inflación a corto plazo, el supervisor recomienda al Gobierno transitar hacia apoyos más específicos para los colectivos vulnerables.