El pasado 20 de marzo, menos de un mes después del ataque de EEUU e Israel contra Irán del 28 de febrero, el gobierno español aprobó un Real Decreto-Ley (RDL), con un “plan integral” de respuesta a dicha crisis. El paquete, aprobado con una rapidez inusitada en comparación con otras crisis, constaba de 80 medidas, algunas de “escudo social”, para proteger a la población más vulnerable, otras de apoyo a los sectores económicos más afectados, otras, las menos, dirigidas a favorecer el ahorro energético y otras para impulsar las energías renovables y la electrificación.
Pero las más discutidas, y de mayor coste fiscal, fueron las rebajas fiscales para abaratar los carburantes (gasóleo y gasolina) y las rebajas de impuestos sobre la electricidad (IVA, impuesto especial e impuesto sobre el valor de la producción, IVPEE). Aunque las segundas tenían un pase, dentro de la filosofía general de apoyo a la electrificación de la economía, las primeras, las rebajas de los carburantes, no tenían razón de ser económica, porque suponían una contradicción con la electrificación y con el deseo de favorecer el ahorro de energía fósil, dado que se impedía que los consumidores recibieran la señal de precios, y no protegía a los consumidores más vulnerables, que, en general, utilizan el transporte público.
