“¿Cuánto cuesta un smoothie mágico?”. Una chica joven, con una mochila de Jake el perro, de la serie animada Hora de Aventura, se acerca al mostrador. A su lado, su amiga examina bolsas con gomitas de THC, sustancia psicotrópica de la marihuana, bajo una pantalla que muestra cómo garantizar un buen viaje. “Información que cura”, bromean ambas. Es un mediodía cualquiera en Chicks vs Stigma, una cafetería feminista en el centro de Ciudad de México que encarna el oasis con el que sueña el activismo canábico. Hace cinco años, tras un histórico fallo de la Suprema Corte, la legalización parecía más cerca que nunca. Un lustro después, la euforia se ha disuelto en un mercado que opera a ciegas en una peligrosa área gris, atrapando a emprendedores y usuarios en una nebulosa legal.A Brenda Hernández, fundadora del local, la planta le cambió la vida. Pero su amor por la mota, como se le conoce coloquialmente en México, no siempre fue así. Ella tenía una idea basada en prejuicios. Eso cambió. Desesperada y sin opciones, consiguió hace unos años productos medicinales canábicos para su madre, que sufre de dolores crónicos. Maravillada por los resultados, se echó un chapuzón en internet y cortó de raíz sus sesgos. La cafetería se estableció en 2018. Fue el mismo año en el que la Corte pidió por primera vez al Congreso flexibilizar las leyes. Tres años después, en 2021, el alto tribunal hizo historia. Los jueces declararon que la prohibición es inconstitucional y pasaron la responsabilidad, una vez más, al Poder Legislativo. Los parlamentarios tomaron nota, pero la iniciativa quedó en la congeladora. “En ese entonces muchos pensamos: ‘guau’, parece que al fin se logrará. El resultado final fue desilusionante. Nosotras como emprendedoras trabajamos con leyes a medias”, cuenta sentada en la terraza de la cafetería.Navegar en la oscuridad es un reto al que se enfrentan clubes, empresas y consumidores. La línea que divide lo legal de lo ilegal o lo tolerado es muchas veces imperceptible o abierta a interpretaciones. Pero para muchos expertos, el fondo del asunto es que en México se dio pie a un derecho, aunque solo en papel. Un error puede costar caro. Imágenes como detenciones por delitos de narcomenudeo y operativos policiales en espacios que parecían seguros se han sucedido en los últimos años. Ocurrió hace unos meses en uno de los clubes más conocidos en la capital. Es el resultado de un país con una legislación ambigua. “No hay reglas claras. Hay muchas cosas que ya no están prohibidas, pero por una falta de lineamiento, por una falta de directrices, vemos este tipo de situaciones”, cuenta la politóloga Zara Snapp, directora del Instituto RIA y una de las voces más respetadas sobre el tema en el país.Al sur de Ciudad de México, dentro de una casona de dos pisos, Mose Griffin, creador de contenido de 41 años, saca de su mochila y coloca sobre la mesa una alfombrilla, un recipiente con alcohol, cotonetes, un soplete de cocina, un termómetro infrarrojo… El procedimiento parece de laboratorio. Al poco tiempo, fuma el vapor de su rig, pipa de cristal especializada para consumir dab, un concentrado de THC. El personaje lo ha creado porque sabe que los prejuicios no se han ido. Es productor de noticias y prefiere salir a cámara para hablar de la sustancia y sus usos ataviado con una máscara negra con una gran flor de marihuana. “Como consumidor, no soy alguien que esté esperando una legalización. ¿Por qué? Porque, como todo en México, tenemos personas muy mal informadas. No lo puedes hacer de manera abrupta. El mismo usuario no sabe. Ahora, imagínate a los legisladores, personas con otra educación y con una media de edad que ronda los sesenta. ¿Bajo qué criterio van a legalizar?”, sentencia antes de dar otra calada.Permisos de la CofeprisLa casa señorial en donde Griffin fuma dab es la sede del colectivo María Juana, fundado por el abogado y empresario Alejandro García. Dentro del inmueble hay chicos que juegan PlayStation y otros pasan un porro sentados en el patio interno. El sitio funciona como un club. Cada uno de sus integrantes cuenta con un permiso de la Cofepris, el regulador sanitario de México. El proceso burocrático y la asesoría legal la cubre de forma gratuita un despacho de abogados ligado al fundador. De acuerdo con César Omar Hernández, gerente del local, “en todo el país hay unos 4.800 afiliados”. Pero el grueso se encuentra en la capital. La meta del grupo es extender lugares como ese en todo México. Actualmente cuentan con tres en Ciudad de México.El alto coste y la burocracia engorrosa empantanan los permisos que otorga el Gobierno mexicano, según los expertos y activistas. La falta de una ley general hace que acceder a los productos del cannabis sea un privilegio. “Lo que hemos vivido en estos cinco años es el desarrollo de un mercado desigual, con derechos distintos dependiendo de quién eres y en qué momento recibiste una autorización sanitaria, con empresas que tienen amparos y otras que no”, censura Snapp. De hecho, según estimaciones independientes, la Cofepris acumula una tasa de rechazo del 60% en las solicitudes para el uso del cannabis y de sus derivados.Para la analista política Lisa Sánchez, el problema tiene otra arista: “México subsiste en un limbo legal en donde las personas de ese nicho, de esa élite, tienen un riesgo disminuido de persecución policial y penal”. A esto se suma un espejismo centralista. “Si tú quisieras realmente hacer un ejercicio de quién tiene los permisos de posesión, normalmente va a ser la gente de la capital. Y, claro, las zonas de tolerancia al consumo se encuentran en puntos privilegiados de la ciudad. No los ves en sitios como Milpa Alta, ni en Iztapalapa”, remacha. En pocas palabras, persecución contra los consumidores de marihuana de bajos ingresos y tolerancia para los usuarios de clase media y alta.Y, en medio de todo, está la sombra vigilante del crimen organizado. Distintos empresarios del incipiente, pero aún pequeño, sector privado dedicado al comercio de productos canábicos —los vacíos legales dan un espacio de tolerancia a aquellos que tengan menos del 1% de THC— han reconocido a EL PAÍS que sus firmas han sido intimidadas por diferentes grupos criminales. Aunque en muchos casos han querido quitar el dedo sobre el botón de alarma: “La maña hace esto porque somos una empresa, como lo hace también con otros negocios que no tienen nada que ver, no lo hace necesariamente por el tema de la mota”, cuenta un empresario. Al final, el consenso es otro. “Lo preocupante del tema es que las autoridades tienen bastante ignorancia dentro del tema”, asegura por teléfono Ulises Ruiz, socio de la empresa DonGum, dedicada a la venta de comestibles con THC y CBD, componente extraído del cannabis que no contiene efectos psicotrópicos. Adentro de la cafetería Chicks vs Stigma, Brenda Hernández reflexiona sobre lo difícil que ha sido llegar a este punto y todo lo que falta por andar. “Nosotras damos la cara ante la Cofepris, pagamos impuestos. Tratamos de hacer el negocio que queremos de una forma legal. Yo tengo familia, tengo un hijo. Y para nada quiero que esto represente algo de vulnerabilidad para los míos”, dice cuando, al poco tiempo, entra un par de nuevos clientes.