El doblete sísmico que el pasado miércoles 24 de junio sacudió la región central de Venezuela ha dejado al descubierto una fractura profunda entre el ímpetu de la solidaridad ciudadana y la lenta, a menudo obstructiva, maquinaria de la asistencia estatal.Los testimonios de allegados de las víctimas de los desplomes de edificios, especialmente en el estado de Vargas, circulan por redes sociales casi con un clamor unificado: la demanda de ayuda del Estado para rescatar a las víctimas.Y mientras las primeras 72 horas posteriores al terremoto exigían una movilización quirúrgica y veloz, los protocolos gubernamentales y la burocracia centralizada dio una sensación de paralización de los organismos del Estado y ni siquiera se vio a las Fuerzas Armadas contribuir con la retirada de escombros.Sin agua ni otros servicios, algunas zonas de La Guaira se enfrentan a una crisis de salud públicaTranscurridas ya más de 100 horas desde que ocurrió el terremoto, las posibilidades de recuperar víctimas con vida son muy bajas, en buena medida porque en los epicentros de la destrucción, la respuesta del Estado fue lenta, ineficaz y, a veces, inexistente.En el Edificio Caribe Mar Suites, una de las tantas estructuras colapsadas en la parroquia Caraballeda del estado de La Guaira, las autoridades aparecieron cuando había poco qué hacer. Según los vecinos, solo dos días después del desplome completo del edificio llegó ayuda oficial. La historia se repite en las decenas de edificaciones derruidas en todo el país. Las personas que lograron salir con vida lo hicieron gracias a los vecinos que se unieron, sus propias manos y herramientas rudimentarias, a las labores de remoción de escombros y despeje de pequeños espacios.Muchos voluntarios se sumaron de forma espontánea a tratar de remover toneladas de cemento mientras clamaban por la llegada de rescatistas y de equipo especializado. Las brigadas que vinieron de El Salvador, México y Estados Unidos, entre otros países, eran recibidos como héroes, pero al menos durante las horas críticas esa dinámica vecinal ha sido el verdadero motor de los rescates.Tras más de 100 horas desde el terremoto, las posibilidades de hallar supervivientes son muy bajasLa falta de agilidad en la respuesta es el síntoma de un debilitamiento institucional crónico. Antonio Rivero, quien también estuvo al frente de Protección Civil, señala que los efectos del doblete sísmico pudieron mitigarse si se hubiesen reducido de forma sistemática las vulnerabilidades estructurales del país. Varias denuncias apuntan a que los rescatistas oficiales fueron movilizados a la zona de desastre sin los equipos de protección e intervención mínimos necesarios.La gestión gubernamental optó por la centralización de la gestión de la crisis. El Gobierno restringió el paso al Litoral Central (otro nombre por el que se conoce la región de La Guaira) e impuso un registro obligatorio para todos los voluntarios que deberán ir al Poliedro de Caracas para recibir una acreditación que les permita llegar hasta la zona de la tragedia.También los periodistas, tanto nacionales como internacionales, deben registrarse para el mismo propósito, pero en el caso de los extranjeros solo podrán ir en los transportes que para ello dispuso el Estado.Los rescatistas oficiales fueron movilizados sin los equipos de intervención mínimos necesariosLas consecuencias de esta decisión se tradujeron en indignación en las afueras del recinto caraqueño. Médicos, paramédicos y civiles han denunciado reiteradas trabas logísticas, contradicciones en las instrucciones de los funcionarios y colas kilométricas que paralizan la ayuda. “Estamos en el límite de las 72 horas para ayudar y están ralentizando todo el proceso”, señaló una médico que desea brindar ayuda a los afectados.Para Ángel Rangel, exdirector de Protección Civil, un registro de voluntarios no es una tarea para momentos de emergencia activa y es un error poner obstáculos a la solidaridad ciudadana que es bienvenida siempre, aunque el gesto “debe ser administrado, orientado y gestionado para que sea eficiente para que la ayuda llegue efectivamente a las zonas de mayor impacto en lugar de obstaculizarla”.Con el paso de los días, la crisis comienza a entrar en otra etapa. En Caracas y las zonas periféricas, cientos de familias han sido trasladadas a refugios mientras otras resisten a la intemperie, durmiendo en carpas y colchones improvisados ubicados en plazas públicas. Unos perdieron sus viviendas, pero para otros persiste el temor a las réplicas y la duda de si las estructuras en donde vivían y que siguen en pie son aptas para seguir albergando personas.Médicos, paramédicos y civiles han denunciado reiteradas trabas logísticas que paralizan la ayudaEl hacinamiento en estas áreas y la destrucción de la infraestructura de servicios en La Guaira elevan el riesgo de una crisis de salud pública. Las prioridades sanitarias reales en el terreno ya no se centran únicamente en el rescate, sino en garantizar el acceso al agua segura y el control estricto de vectores para prevenir brotes de enfermedades infecciosas y endémicas en comunidades donde las tuberías de aguas desaparecieron y el resto de los servicios públicos será limitado por un tiempo indeterminado.El suministro regular depende hasta el momento de camiones cisternas y la asistencia humanitaria organizada por la sociedad civil, empresas y organizaciones no gubernamentales.Hasta la noche del sábado 27 de junio, se contabilizaban oficialmente 1.450 fallecidos y unos 3.200 heridos. Pero el número de desaparecidos sigue siendo incalculable en momentos en los que las labores de búsqueda de personas con vida estan llegando a su fin . La magnitud de la tragedia y la incapacidad de llevar hasta el momento un registro confiable todavía hacen inestimable el número de víctimas reales de esta tragedia.