EDITORIALLa ciudadanía debe exigir una hoja de ruta de consensos entre los presidenciables.
Este año fue suprimido, por el Tribunal Supremo Electoral, el último de los partidos que, en el año 2003, firmaron la llamada Agenda Nacional Compartida: un conjunto de compromisos básicos para con la ciudadanía guatemalteca. Para buena parte de la ciudadanía actual, que quizá no recuerda la coyuntura de aquel momento, cabe recordar —y lo pueden hallar fácilmente en internet— la debacle causada por los desvaríos, despropósitos y escándalos de corrupción durante el período de gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), al cual la ciudadanía otorgó un revés electoral aquel año.
Se esperaba que a partir del nuevo gobierno en 2004 se pudiera implementar una hoja de ruta, elaborada a partir de consensos firmados por todos los partidos. En aquel momento, Guatemala se encontraba asediada por la crisis alimentaria y nutricional, los desafíos de la productividad, las ingentes necesidades de infraestructura, el enorme déficit de vivienda, los rezagos organizacionales y físicos de la educación pública, las precariedades del sistema de salud, la vulnerabilidad ante desastres ambientales y por supuesto, la constante amenaza de la corrupción y penetración de crimen organizado en estamentos del Estado.
