La obligación de instalar limitadores de velocidad está vigente, pero su implementación sigue generando diferencias entre las autoridades y el sector transportista. Mientras los empresarios sostienen que el dispositivo no resolverá por sí solo la siniestralidad vial, la Dirección General de Transporte insiste en que la normativa debe cumplirse.
Luis Gómez Chin, representante de la Gremial de Rutas Cortas para Transporte de Pasajeros, aseguró que el sector debe acatar la normativa, aunque cuestionó la calidad de los equipos disponibles y sostuvo que el problema de la siniestralidad responde principalmente a la conducta de los pilotos. Por ello, insistió en fortalecer la fiscalización, el monitoreo mediante GPS y los controles en carretera, en lugar de centrar la estrategia en los limitadores de velocidad.
Mantiene reservas sobre su efectividad. "No estar de acuerdo con una ley no significa que no la cumplamos; tenemos que cumplir con ella", señaló.
Agregó que la instalación avanza de forma gradual, pero sostuvo que muchos de los equipos disponibles en el mercado son de baja calidad y "una vez colocados y arruinados, implicará que el cumplimiento (...) no se ejecute a cabalidad como la norma espera".
