26 de junio, 2026 - 08h00Esta semana el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la mayor operación contra el fraude sanitario en la historia de ese país. Más de 450 personas fueron acusadas por fraudes superiores a 6.500 millones de dólares a programas públicos de salud.Una importante enseñanza. La fortaleza de un Estado no radica en que esté libre de corrupción, sino en su capacidad para descubrirla, investigarla, sancionarla y recuperar los fondos desviados. Entre los procesados en EE. UU. figuran además de empresas proveedoras, médicos y otros profesionales de la salud. La magnitud, complejidad y nivel de coordinación del fraude permiten inferir que difícilmente pudo haberse ejecutado sin la participación coordinada de distintos actores con conocimientos técnicos, capacidad administrativa y poder de decisión.Ecuador no debería ignorar esa lección. Durante la última década, especialmente desde la pandemia, el país fue escenario de graves escándalos conexos con sobreprecios en insumos médicos, hospitales desabastecidos, compras irregulares, y medicamentos inexistentes. Los resultados alcanzados en las investigaciones penales, que mostraron profundas fallas en los sistemas de contratación y control, habrían esclarecido apenas una parte de las responsabilidades.¿Es razonable pensar que escándalos hospitalarios de semejante magnitud fueron obra exclusiva de algunos proveedores o funcionarios? ¿O corresponde profundizar las investigaciones para establecer si detrás de ellos operaron estructuras organizadas capaces de infiltrar el sistema de contratación pública y capturar recursos destinados a la atención de los pacientes?La experiencia estadounidense demuestra que el rastreo a fondo de las organizaciones criminales y el nivel de participación de los miembros produce resultados. Las primeras investigaciones del DOJ han permitido formular cientos de cargos penales, capturar y extraditar a algunos de los involucrados e incautar más de 180 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, joyas y otros bienes adquiridos con recursos del fraude. Pero, además de identificar a los responsables y de privarlos de bienes presuntamente obtenidos ilícitamente, se busca fortalecer los mecanismos de prevención.Ese debería ser también el objetivo del Ecuador. No basta con obtener condenas penales. Es indispensable recuperar el patrimonio ilícitamente acumulado y reinvertirlo en el sistema público de salud. La recuperación de activos constituye una forma de reparación social, porque devuelve al sistema sanitario recursos que nunca debieron salir de él. Lo recuperado puede traducirse en medicamentos, equipos, tratamientos o cirugías para quienes dependen exclusivamente de la atención estatal.La experiencia estadounidense demuestra que los grandes fraudes sanitarios exigen una respuesta institucional apropiada: descubrir toda la estructura, seguir la ruta del dinero, recuperar activos y devolverlos a la finalidad para la cual fueron concebidos. Porque los dineros destinados a la salud pertenecen a los pacientes que dependen de ellos. Y permitir que se conviertan en botín constituye una de las formas más graves de traicionar la función esencial del Estado. (O)